Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, llamó a darle una “salida justa” al trato “inequitativo y en ocasiones inhumano” que reciben los militares retirados por una “herida histórica que no termina de cicatrizar”. La exministra de Seguridad se lanzó en busca del voto militar –que parece simpatizar con la fórmula que encabezan Javier Milei y Victoria Villarruel– con promesas orientadas hacia la impunidad de quienes estuvieron involucrados en crímenes de lesa humanidad.

Una carta compromiso llegó la semana pasada a integrantes de las Fuerzas Armadas. En el texto, Bullrich promete una defensa corporativa como la tuvo mientras ejerció como ministra de Seguridad de Mauricio Macri. “Todos son conscientes de mi defensa del orden frente al caos y de los efectivos de las fuerzas de seguridad contra los embates falsificadores de los derechos humanos”, afirma Bullrich. No la explicita pero es una alusión a la denuncia por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, uno de sus caballitos de batalla.

“Conozco, sin embargo, el trato inequitativo y en ocasiones inhumano que han recibido muchos oficiales y suboficiales retirados, a consecuencia de una herida histórica que no termina de cicatrizar, pero que debemos curar de una vez, mediante una salida justa, si queremos comenzar un camino hacia la construcción de un futuro de paz y concordia”, propone la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

En Argentina, según las últimas estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), se dictaron 307 sentencias por crímenes de lesa: hay 1159 condenados y 178 absueltos. Menos de 100 represores están en establecimientos del Servicio Penitenciario. La gran mayoría de ellos está en sus casas, por lo que es difícil que pueda hablarse de un trato discriminatorio.

Página/12 consultó a voceros y consejeros de Bullrich, pero no respondieron acerca del texto que circuló entre efectivos de las FFAA.

El mensaje fue difundido en sus redes por Marcelo Rozas Garay, exfuncionario de Bullrich en Seguridad y actual integrante de los equipos de Juntos por el Cambio en materia de Defensa. Según Rozas Garay, hubo una buena respuesta por parte de los integrantes de las fuerzas.

El diputado Alberto Asseff, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, también se hizo eco de la misiva y dijo que era una reafirmación del compromiso de la dirigente del PRO. Asseff fue el legislador que en marzo propició la presentación de un libro que presenta a los desaparecidos como una estafa en la Biblioteca del Congreso.

La pelea de la derecha

No es la primera vez que Bullrich intenta ganar los corazones de la familia militar con propuestas de impunidad. Antes de las PASO, la exministra visitó un Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas de Punta Alta y allí habló de los militares “injustamente” presos, tal como publicó este diario.

Bullrich vuelve ahora a redoblar los esfuerzos días después de que la otra dama de hierro de la derecha, Victoria Villarruel, ganara el centro de la escena política la semana pasada. La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) protagonizó un acto en la Legislatura porteña con uno de los discursos que más encienden a los sectores reaccionarios: la posibilidad de juzgar a los militantes de los años ‘70.

Pese a sus esfuerzos, Bullrich no es una candidata propia para la familia militar. En cambio, Villarruel es una hija dilecta. Su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, se retiró como teniente coronel. Como él mismo reconoció en un reclamo administrativo, tuvo participación en la “lucha contra la subversión”. Estuvo destinado al Operativo Independencia como comando, de donde volvió herido en abril de 1976. Su tío, Ernesto Guillermo Villarruel, fue oficial de Inteligencia del Regimiento de La Tablada y fue detenido por el juez Daniel Rafecas por crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como Vesubio. No fue juzgado porque fue declarado insano.

Villarruel, además, tiene una larga trayectoria en organizaciones pro-impunidad. Fue parte de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), que defendía lo actuado durante la dictadura y de Jóvenes por la Verdad, desde donde organizaba visitas al dictador Jorge Rafael Videla –según publicó Rafael Mercado, marido de Cecilia Pando. Desde 2006 es la cara visible del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que se conformó después de que los generales de la dictadura lanzaran una ofensiva para armar tantas causas contra militantes de los ‘70 como había contra militares para forzar la adopción de una amnistía general.

Villarruel no hizo promesas públicas a los integrantes de las Fuerzas Armadas o de seguridad que están detenidos por causas de lesa humanidad. Si bien arremetió contra los procesos y dijo que se habían violado garantías.

Milei, por su parte, afirmó que no habría indulto para los genocidas y que deberían cumplir sus condenas. La afirmación del economista libertario que supo ser asesor del genocida Antonio Domingo Bussi enfureció a selectos integrantes de la familia militar. Una de las más enojadas fue Pando, que en sus redes sociales le recordó a Villarruel su vínculo con Alberto González, el represor condenado por crímenes en la ESMA, y dijo que ella había firmado los libros que él, en realidad, había escrito.

Más allá del termómetro de la familia militar, hay datos objetivos que obligan a Bullrich a tratar de cautivar el voto castrense. Un ejemplo puede valer más que mil palabras. En las primarias, LLA arrasó en la Antártida, donde vota el personal militar y científico destinado a las bases. Allí, la fórmula que encabezan Milei y Villarruel llegó al 63 por ciento de los votos.