Es falso el argumento que esgrime el concejal Martín Rosúa haciendo referencia a que aumentar las alturas de edificación permitidas en la ciudad promovería un nuevo boom inmobiliario a partir del relanzamiento del plan Procrear por parte del gobierno nacional, que podría venir a resolver el déficit habitacional que hoy tienen los rosarinos. Está comprobado -y tomo de ejemplo el boom inmobiliario que se dio a partir de 2005- que incrementos exponenciales en la cantidad de metros cúbicos de hormigón puesto en edificaciones residenciales no trae necesariamente soluciones a los problemas habitacionales de los rosarinos.

El intensivo proceso que denominaron como boom de la construcción y que se dio en la ciudad a partir de 2005, trajo aparejado una profunda paradoja: el último censo da cuenta en el departamento Rosario la cifra de 79.978 viviendas deshabitadas, mientras que también en base a datos oficiales, en este caso del municipio, 50.000 era la cantidad estimada de familias que procuraban un techo digno. Lo que nos hace decir "Rosario: más casas sin gente que gente sin casa". Por otro lado, quedó demostrado que el boom inmobiliario en la ciudad vino a ser el vehículo perfecto para las inversiones especulativas, rentas provenientes de la comercialización de soja en blanco y negro, y muchas otras de inversiones de fondos de dudoso origen, algunos claramente provenientes del lavado y blanqueo de activos.

La propuesta de Rosúa aparece desconociendo que la estructura especulativa inmobiliaria hace que cuando se generan -con el aumento de altura- mayores aprovechamientos edilicios, es decir se permite que se construya más, simultáneamente y sin dudas aumenta considerablemente el valor de la tierra, tornando en iluso cualquier objetivo de amortizar el valor de la tierra en mayor cantidad de unidades. A esto, debemos sumarles, como "daño colateral", los perjuicios que se generan a toda el área, donde el incremento en el valor del suelo detiene muchos procesos de renovación y sustitución urbana.

Cuando habla de la normativa sobre bulevar Rondeau y el derogado Código Urbano, Rosúa hace referencia solo a una de las variables de altura, que era el doble ancho de calle, y omite, tal cual lo hizo el municipio en el caso de Torre Shopping, nombrar la otra limitación que eran los 36 metros de altura máxima sobre línea de edificación, como tope en toda la ciudad, salvo excepciones dictadas por Ordenanzas particulares.

Solo fraudulentos urbanizadores han tenido el privilegio y la excepcionalidad de sortear estas reglamentaciones de orden general.

Elevar la altura de los edificios aumenta el valor de la tierra, incrementando según la lógica de mercado el costo de las viviendas que se construyen sobre ella. Pero además, impacta de modo totalmente negativo en las características culturales y ambientales de los barrios y zonas de la ciudad donde se producen estos aumentos de valores relativos. El otro factor negativo y con incidencias mucho más colectivas tiene que ver con las sobrexigencias en las infraestructuras de servicios, que no están preparadas para asimilar la mayor demanda que implica más altura para más viviendas, con el consecuente incremente de personas que las utilizan. Sus consecuencias directas son los cortes de servicio, la disminución de tensión o de presión de agua, la no conexión del gas natural e infinidad de reclamos que no van a resolver los desarrolladores inmobiliarios que se benefician con estos cambios, sino el Estado, con fondos públicos.

Sin duda es una película que ya vimos varias veces en nuestra ciudad y que algunos parecen empecinados en seguir poniendo en cartelera.

* Concejala de Iniciativa Popular.