El común denominador de las denuncias contra el titular del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, es que fueron presentadas por integrantes del Poder Judicial de la provincia. En todos los casos se lo acusa por abuso de autoridad y violencia de género.

El Ministerio Público de la Acusación es un órgano extrajudicial, que viene cuestionado desde su creación misma. Al fiscal, muy próximo al gobernador Gerardo Morales, se lo describe como violento y se lo señala como un armador de causas, acusación que ayer repitió el juez de Control Jorge Zurueta.

El magistrado acusó al fiscal general por encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El magistrado hizo dos presentaciones, lo denunció penalmente apor un lado y por el otro, pidió a la Legislatura que lo someta a un juicio político, la vía para la destitución. 

En el escrito Zurueta detalló expedientes judiciales en los que el fiscal general no abrió la investigación. “En el fuero del MPA vengo advirtiendo desde tiempo atrás una serie de irregularidades donde las causas que son de suma relevancia para la sociedad, esas causas prescriben", sostuvo el juez. Añadió que causas en las que "los fiscales han cometido serios errores" y en las que "podrían estar cometiendo delitos" no son investigadas. "Además, tengo que decir que Lello Sánchez es un perseguidor serial de los jueces de Control”, afirmó Zurueta en la Legislatura cuando presentó por mesa de entrada el pedido de juicio político.

Zurueta lleva 27 años en el Poder Judicial jujeño. En su contra tiene tres causas penales y dos pedidos de jury de enjuiciamiento. “(Esas acusaciones) Son inexistentes, fácticamente incomprobables, pero lamentablemente Lello usa estás herramientas para presionar y perjudicar a jueces”, señaló el juez de Control.

Persecución a magistrados

El MPA fue creado en la primera gestión de Gerardo Morales, en este sentido Zurueta relató: “vengo perseguido por Lello desde el 2016 a la fecha, y lamentablemente me cansé y quiero que la sociedad sepa el tipo de persona que tenemos al frente del MPA. El armador de las causas”, lo acusó. 

El magistrado detalló que no pueden trabajar libremente y fallar conforme a derecho. Dijo que los jueces de Control Gastón Mercau y Javier Salvatierra y él mismo tienen "causas penales abiertas por él (Lello) sin ningún sentido y juris. Queremos que se ponga a consideración del Parlamento toda la situación que se vive”, afirmó Zurueta.

Zurueta recordó que en el marco de la protesta generalizada, con cortes de ruta incluidos, en contra de la reforma de la Constitución de Jujuy en su Juzgado se presentaron habeas corpus individuales y colectivos. "Acumulé y tuve audiencia con los abogados y entendí que era procedente resolver a favor del pedido”, contó.  

El juez hizo un llamado de atención a la Policía de la provincia para “que se abstenga de realizar actos de violencia, y sugerí que era necesario llamar a una mesa de concertación con todas las partes involucradas y que sea presidida por el obispo, como juez hice la resolución”, detalló. 

“Esto le cayó mal al doctor Lello y volvieron las persecuciones y me ingresan dos nuevas denuncias y en 20 días elevaban a juicio”, contó. "Decidí tomar el estandarte y luchar porque esta situación debe cambiar. No hemos sido obsecuentes a las decisiones que se tomen. Esta persona nunca podría haber estado a cargo de un órgano del MPA”, afirmó el juez. Adelantó que presentará pruebas de "Las tantas recusaciones que he tenido". "Lo único que espero es que se llegue a la verdad, sortear este obstáculo que hace daño a la gente”, afirmó.

En cuanto a las expectativas de la denuncia, el juez remarcó: “no puedo esperar otra cosa de Lello, como le pasó al abogado (Alberto) Nallar, que recibió una condena de tres años y seis meses de cumplimiento efectivo. Lello está agilizando mis causas, para que me suspendan, que me saquen como juez y privarme de mi libertad”, advirtió. 

Cinco causas no investigadas 

La denuncia penal es por presuntas irregularidades en cinco expedientes que el MPA no investigó. Uno de esas causas es por la detención de una persona, en noviembre de 2016, sospechada de ser coautora de un robo. A pesar de que ya transcurrieron siete años, lo único que se hizo en la causa fue un llamado a indagatoria y en 2018, tras dos  años de prisión, el agente fiscal Aldo Lozano pidió el cese de esta detenció. 

Por otro lado, en julio de 2018, una mujer privada de su libertad fue obligada a firmar -sin la presencia de su abogado, pero sí del ayudante fiscal Carlos Gil Urquiola- un convenio de reconocimiento de deuda, y se le da un plazo de 28 días para que pague 120 mil pesos. Según detalla la denuncia de Zurueta, la mujer es “perseguida” por policías para que cumpla con ese pago. 

En 2020, el ayudante fiscal Mauricio Ficoseco y el agente fiscal Aldo Lozano "se arrogan facultades propias del Poder Judicial y ordenan la privación de la libertad de personas imputadas, las cuales fueron trasladadas a la Comisaría 32". Frente a ello, la justicia pidió al MPA y al Ministerio de Seguridad que se investigue a agentes de la comisaría y el accionar del MPA pero esto nunca se llevó a cabo. 

En 2020, el ayudante fiscal Iván Monaldi ordena un allanamiento, el secuestro de un auto y la privación de la libertad de dos personas, sin contar con orden judicial.

La quinta causa detallada en la denuncia del juez es sobre un hecho que ocurrió con un menor de edad, hijo de Rodrigo Zenarruza Quintana y Celina Florencia Tezanos Pinto, pareja de Sergio Lello Sánchez, quien además fue nombrada en el MPA.

La denuncia penal del juez Zurueta podría ser investigada por los fiscales Walter Rondón o Diego Funes, ambos funcionarios del MPA.

Las denuncias al jefe de fiscales 

Las denuncias contra Sergio Lello Sánchez se iniciaron con la fiscala Liliana Fernández de Montiel, que impulsó la primera detención de Milagro Sala por el acampe en la Plaza Belgrano y la segunda detención por defraudación al Estado, que aún la mantiene detenida. Años después Fernández de Montiel denunció que el proceso por el que la creadora de la Organización Social Túpac Amaru fue privada de su libertad es nulo y apuntó al jefe de los fiscales de Jujuy. 

En 2018, Fernández de Montiel se negó a convalidar la detención de Eduardo Fellner y obligó a la justicia a liberarlo. Esa postura tuvo la consecuencia de persecución a ella y a su hijo, empleado de una fiscalía.

Lello Sánchez le inició un sumario a la fiscala, allanó su despacho, la sacó de todas las causas en las que estaba Milagro Sala y hasta le mandó a un cerrajero a abrir su oficina a la fuerza.

Otra denuncia se presentó en julio de 2019. La abogada Agustina Aramayo, secretaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), lo acusó ante el Superior Tribunal de Justicia por “violencia de género y mobbing laboral”.

En junio de 2020, la abogada Ivone Haquim, defensora general del Ministerio Público de Defensa y Servicio Público de Defensa Penal, denunció a Lello Sánchez por encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y abandono de personas.

Y en noviembre de 2021, la abogada María Eugenia Ríos, funcionaria del MPA, denunció a Lello por hostigamiento laboral y violencia de género.