El diputado Gerardo Milman se presentó en la causa donde se investiga si tuvo algún vínculo con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner para decir que no es un problema que allanen su casa, pero que no van a encontrar el celular que usaba al momento de los hechos: "fue extraviado en una mudanza junto con otros elementos", afirma su escrito que, además, dice que ya lo había informado. Cuenta que se compró un aparato nuevo --en junio, según la factura que entregó- "para no quedar incomunicado" y que tiene la misma línea pero pide que ese no lo toquen porque está "fuera del objeto procesal". Después de más de un año de iniciada la pista que lleva su nombre, el ex jefe de campaña de Patricia Bullrich ha logrado esquivar el análisis de sus celulares y otros dispositivos. 

La jueza María Eugenia Capuchetti no quería secuestrar ningún celular del diputado de Juntos por el Cambio. Pero la Cámara Federal revocó esa decisión en dos oportunidades, a partir del pedido de la querella y la fiscalía de Carlos Rívolo, y dijo que había que descartar toda sospecha. Después del primer fallo en ese sentido la Cámara de Diputados dio su aprobación, ya que el Milman tiene fueros. Entonces presentó al juzgado un celular en un supuesto gesto de colaboración. Los abogados de CFK, sin embargo, advirtieron que era un modelo iPhone 14 Pro Max, que había salido al mercado después del intento de magnicidio y que él había empezado a usarlo recién diez semanas después. Pidieron, igual que el fiscal, que le secuestren otros dispositivos que su abogado, Manuel Barros, informó que tenía y que aparecían en los informes de las prestadoras de telefonía. La magistrada volvió a rechazar la medida y otra vez la Cámara Federal se opuso y la habilitó. 

Milman dixit

Hasta ahora en Diputados solo hubo una aprobación en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero no hubo sesión. Milman se adelantó y presentó el escrito en cuestión, donde dice que perdió en una mudanza el teléfono que tenía el 1 de septiembre del año pasado, cuando se produjo el atentado a la vicepresidenta. En el texto sostiene: "No tengo nada que ocultar en relación a los hechos ventilados" en la causa, y señala que está "a disposición de la justicia, franqueando el ingreso a mi domicilio". Agrega que quiere "evitar daños en mi propiedad y mayor alteración de la tranquilidad de mi seno familiar" que "se ve nuevamente alterado" --sostiene-- frente a lo que considera "una excursión de pesca". El aparato nuevo que pide que no le quiten es un iPhone 13 Pro que según la factura le costó 1.511.299 pesos y con accesorios pagó 2,3 millones de pesos .

Milman habla de "orfandad probatoria" respecto de su participación o relación con el atentado, pero la realidad es que nunca se profundizó nada desde que comenzó la "pista" que lo salpicó, que es la única vigente que está ligada a la política. El disparador fue la declaración del testigo Jorge Abello, asesor del bloque oficialista en Diputados, quien declaró ante Capuchetti que dos días antes del ataque a la vicepresidenta escuchó al diputado de Juntos por el Cambio en el bar Casablanca decirle a dos mujeres "cuando la maten yo estoy camino a la costa". Eran dos asesoras que, al momento de ser citadas, recién un mes después y tras corroborarse su presencia en ese lugar y ese día, negaron haber estado ahí. Cuando les mostraron las imágenes cambiaron de idea. Capuchetti no secuestró sus teléfonos pese al pedido de la querella. Cuando la Cámara ordenó hacerlo, una de ellas --Ivana Bohdziewicz-- dijo que había borrado el contenido y la otra --Carolina Gómez Mónaco-- que se había comprado un aparato nuevo que no tenía nada viejo (había cambiado la clave de iPhone). 

El tiempo tirano

Las medidas sobre dispositivos de Milman fueron ordenadas en mayo de este año después de que Bohdziewicz se presentara a declarar otra vez, en esta ocasión por iniciativa propia, y contara que en realidad no había borrado el celular en forma voluntaria sino que Gómez Mónaco la había llevado a una oficina de Bullrich donde esperaban un perito y Milman para eso. Al diputado, testificó también, le "manipularon" el celular. A su compañera la mandaron a comprar uno nuevo. Desde entonces no paran las vueltas y es difícil pensar que se pueda encontrar alguna prueba en pie gracias al paso del tiempo propiciado por el propio sistema judicial. 

Para peor, tanto la Policía de Seguridad Aeroportuaria como la Gendarmería le informaron a Capuchetti que no tienen suficiente tecnología para descargar la información del iPhone modelo 14 pro Max que no sólo tenía Milman sino que también entregó su colaboradora Gómez Mónaco y nada se pudo analizar. 

Aun antes de que declarar el testigo Abello había algo llamativo respecto de Milman que era conocido en la política: antes y después del atentado Milman había presentado proyectos en diputados pidiendo información sobre la custodia de CFK y en uno de ellos, quince días antes del intento de asesinato, anunciaba el ataque así: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”. 

Este año, unas semanas después de la declaración de Bohdziewicz, Capuchetti elevó a juicio oral solo a los tres detenidos por el hecho material: Fernando Sabag Montiel (el asesino fallido), Brenda Uliarte (su novia de entonces) y Gabriel Carrizo (dueño del negocio de los copos de azúcar que la pareja vendía y que usaron como pantalla para hacer inteligencia cerca de la casa de CFK y planear el asesinato). Es decir, el caso quedó ceñido a tres violentos o locos sueltos, sin avanzar en desentrañar si alguien estuvo detrás, si hubo un lazo con la política y financiamiento. La única pista financiera tramita en otra causa sobre la organización Revolución Federal, que también planeaba en sus charlas en plataformas, como matar a la vicepresidenta, pero no avanza pese a que se sabe que a uno de sus referentes le pagó más de 14 millones de pesos el Grupo Caputo.