"Tribunales, tribunales, no se lo decimos más, si con Franco no hay justicia, qué quilombo se va a armar". La frase se escuchó ayer por las calles de barrio Agote, Pichincha, y el centro, y provino de las voces de las más de trescientas personas que marcharon uniendo simbólicamente la comisaría séptima de Cafferatta y Catamarca con los tribunales federales de Oroño al 900. Por la mañana se celebraron las ampliaciones de las indagatorias a tres de cinco policías de Asuntos Internos, mientras hoy otros dos agentes prestarán declaración.

La marcha fue convocada por la Multisectorial contra la Violencia Institucional, y sumó también a familiares de otras víctimas que siguen reclamando justicia. Como los caso de Germán Campos, hermano de David -una de las víctimas de la persecución policial que acabó en Arijón y Callao-, la hermana de Jonatan Herrera y familiares de Alexis Berti.

Las columnas de manifestantes se prolongaron por unas tres cuadras, y se nutrieron con organizaciones sociales y partidos políticos. Instantes antes de llegar a los Tribunales Federales, encendieron unas antorchas.

Desde la Multisectorial exigen el procesamiento y la prisión de los policías imputados. En la primer semana de setiembre fueron indagados 27 policías, entre los que se incluyen el actual director de Asuntos Internos, Aníbal Candia, y el ex jefe de la seccional 7ª, Diego Alvarez, acusados de participar en la detención, desaparición y muerte de Casco y del posterior encubrimiento.

"Es el momento de que el juzgado acelere los tiempos para que haya pronto juicio", indicó el abogado Nicolás Vallet, representante de la familia de Casco. El letrado entiende que cuando hoy, Vera Barros culmine con las ampliaciones de indagatorias, ya será tiempo de "resolver la situación procesal".

"Fueron tres años de mucha investigación y de espera por parte de la familia, pero creemos que se ha investigado a fondo", indicó. Asimismo, Vallet aseguró que "la causa de Franco Casco tiene muchos paralelismos con lo que es hoy el caso de Santiago Maldonado, especialmente el modo de accionar por parte del poder político frente a los medios de comunicación".

De acuerdo a la investigación del fiscal federal Marcelo Degiovanni, el joven fue privado de la libertad en la cuestionada seccional luego de despedirse de sus parientes para regresar en tren a la estación de Retiro. El fiscal considera probado que Casco fue golpeado durante horas en un calabozo para detenidos transitorios hasta matarlo. Entre los detenidos se encuentra una médica policial, María Zelaya, que afirmó haber revisado a Casco en la seccional pero sus dichos quedaron en duda al constatarse que esa noche firmó cuatro revisiones de arrestados en diferentes comisarías en sólo 45 minutos.