En medio de la tensión generada por la convocatoria de un referéndum soberanista unilateral en Cataluña, la coalición izquierdista española Unidos Podemos lanzó ayer una propuesta al resto de fuerzas políticas con el objetivo de negociar una consulta pactada con el Estado español en la región. El líder de la coalición, Pablo Iglesias, planteó celebrar una asamblea para dirigir al gobierno español un manifiesto que lo emplace a dialogar con el Ejecutivo catalán. La idea es que acudan a ella representantes de los partidos y alcaldes de grandes poblaciones. El  Partido Socialista (PSOE) está de acuerdo con abrir esa vía de diálogo y buscar salidas al conflicto, pero no en el marco político que propone Iglesias. 

Podemos y sus fuerzas afines plantean desde hace tiempo un referéndum pactado y con garantías en Cataluña para poner solución a la situación que vive la región española, dividida al 50 por ciento en el debate sobre su independencia. La formación, nacida en 2014, es muy crítica con la postura adoptada por el gobierno de Mariano Rajoy ante el desafío independentista impulsado por el Ejecutivo de Cataluña. Iglesias aseguró ayer que las  medidas de Rajoy para frenar el referéndum del 1 de octubre, prohibido por la Justicia, “amenazan la convivencia democrática”.

“Pensamos en la situación de conflicto que hay entre el gobierno del Estado y la Generalitat (gobierno catalán) requiere diálogo y soluciones políticas democráticas para afrontarlo”, dijo.

El PSOE, que aboga por una reforma de la Constitución española para dar un nuevo encaje a Cataluña dentro del Estado español,cree que la comisión que propone Podemos para debatir el modelo territorial de España es el lugar adecuado para abrir negociaciones y buscar otros caminos para resolver la actual situación. Sin embargo, no le parece que excluyendo al Partido Popular de esa asamblea extraordinaria sea una solución práctica, entre otras cosas, porque cualquier medida que se pueda adoptar pasaría, casi con toda seguridad, por una reforma de la Constitución en la que se necesitaría el apoyo de los populares.

Además, los socialistas reconocen que si el gobierno central decide aplicar el artículo 155 de la Constitución, tendrán que apoyarlo, pese a que hasta ahora eran contrarios (ese artículo permite al gobierno adoptar medidas para obligar a una comunidad al cumplimiento forzoso de sus obligaciones legales). En ese sentido, el PSOE marca una clara línea roja: no estará nunca a favor de un referéndum pactado que busque romper la soberanía española. Por su parte, el partido de derecha liberal Ciudadanos rechazó de plano la iniciativa de Podemos. 

La tensión aumenta día a día en Cataluña a medida que se acerca el 1 de octubre, fecha fijada para la celebración del referéndum sobre la independencia que prometió hace más de un año el gobierno catalán. El Tribunal Constitucional suspendió hace unos días su convocatoria a  instancias de un recurso planteado por el Gobierno de Rajoy y, desde entonces, el Estado hace todo lo posible para impedir su celebración.

La Fiscalía dio orden a la Policía de actuar ante cualquier acción dirigida a la organización del referéndum y se querelló contra los miembros del Gobierno catalán que firmaron su convocatoria.

Desde el inicio de la campaña de la consulta, en la noche del pasado jueves, las fuerzas de seguridad intervinieron en torno a 1,5 millones de carteles y folletos que llaman a la participación. La Justicia también ordenó en los últimos días el cierre de páginas web relacionadas con la supuesta votación del 1 de octubre.

Además, la Agencia Española de Protección de Datos inició ayer los trámites para investigar un posible acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación de un censo electoral para la votación.

El gobierno catalán de Carles Puigdemont, por su parte, recurrió ante el Tribunal Supremo español la intervención de sus cuentas por parte del Ejecutivo español, que pretende así impedir el desvío de fondos para financiar el referéndum. El plan del Ejecutivo catalán es proclamar de forma inmediata la  independencia de la región si la votación se celebra y en ella gana el “Sí”.