El presupuesto 2017 para las universidades nacionales será de casi 76 mil millones de pesos. Esa cifra incluye un refuerzo de 1028 millones que el oficialismo había agregado a último momento en la Cámara de Diputados y que despertó amplio rechazo en la comunidad académica porque fue arbitrariamente destinado a solamente 21 de las 55 universidades nacionales. Una decisión que hasta algunos funcionarios definieron como “insólita”. Pese al malestar generado y a los reclamos de los rectores, esa distribución quedó plasmada en la ley de presupuesto, aunque ayer diferentes voces del oficialismo aseguraron que hay un compromiso para “equilibrar la situación” en caso de que no se apruebe una ley correctiva para la distribución de esos fondos.

“Si la planilla B (así se conoce al refuerzo presupuestario) queda como está, nosotros vamos a tender a hacer los esfuerzos para equilibrar la situación”, dijo a PáginaI12 Danya Tavela, subsecretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.

Desde el bloque del Frente para la Victoria ya se presentó un proyecto de ley correctiva, dejando la misma asignación como refuerzo para las universidades, pero distribuyéndola entre todas las instituciones del sistema y mediante el modelo de pautas objetivas acordado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Tavela admitió que esa sería una solución y que lo ve “factible”. “Pero si eso no ocurre –remarcó– el ministerio va a equilibrar. Aquellas universidades que no recibieron y les corresponda, las vamos a compensar.”

El malestar ante la arbitraria distribución de recursos se planteó durante la sesión del Senado que terminó aprobando el presupuesto nacional. “¿Hay universidades de mayor y menor jerarquía, o gente que necesita ser apoyada para llevar adelante determinadas universidades con mayor economía? Creo que si hablamos de federalismo, este Gobierno no tiene nada de federal”, planteó Susana González, senadora del PJ-FpV. En la misma línea, Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal) manifestó no entender la discriminación hacia las universidades, que ofrecen “igualdad de oportunidades, favorecen la educación pública y el acceso de los sectores con menores recursos”. El radical Julio Cobos se comprometió a que el año que viene el dinero será distribuido equitativamente entre las 55 universidades del país. Al hacerlo, recordó las críticas que generó el reparto arbitrario entre las autoridades académicas.

“Era muy difícil corregir la planilla en esta instancia, hubo iniciativas que no prosperaron. Lo importante es que hubo referencias concretas en el debate y es un buen antecedente”, dijo a este diario Guillermo Tamarit, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano que agrupa a todos los rectores del país. Opinó que fue un paso adelante el debate en el Senado, pero advirtió que no se resolvió nada todavía. Tamarit, que proviene del bloque radical de rectores, destacó que el propio ministro de Educación, Esteban Bullrich, “siempre estuvo en contra de esa distribución porque comparte el criterio objetivo del CIN”.

El senador Ruperto Godoy (PJ-FpV) señaló, respecto del presupuesto en general y del refuerzo en particular: “Uno advierte que se ha revertido la lógica que teníamos antes, que consistía en aumentar los recursos en educación, salud, ciencia y tecnología, porque considerábamos que son esenciales para el desarrollo de un país. Hoy vemos cómo desaparecen programas, líneas de trabajo que tienen alcance nacional, la subejecución del presupuesto de este año y el congelamiento de la planta docente para el año que viene. Nos preocupa seriamente este poco destino de recursos hacia el sistema educativo”.