Entre los meses de enero y agosto del corriente año, se registraron 26 fallecimientos de internos en las cárceles federales. El dato que más llamó la atención de los expertos es que la mitad de esos casos –13–, se produjeron como resultado de “presuntos suicidios producidos por ahorcamiento”. Nueve de esos casos ocurrieron en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. Los 13 casos de “presuntos suicidios por ahorcamiento” marcan un incremento de algo más del cien por ciento respecto de los seis hechos de iguales características ocurridos durante los doce meses de 2016. Los datos estadísticos, a los que tuvo acceso PáginaI12, fueron reunidos por los responsables del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN). 

El tema de las muertes en prisión viene siendo analizado también por la Procuración Penitenciaria de la Nación, que en un informe dado a conocer en junio de este año, precisó que entre el 1º de enero de 2009 y el 30 de junio de 2017 se produjeron 363 fallecimientos de personas que se encontraban “bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal”. De ese total, un 45 por ciento de los casos fueron “muertes violentas”, lo que incluye presuntos suicidios. 

Los datos de la Defensoría General acerca de las muertes sucedidas en el presente año, surgieron a partir del monitoreo realizado por una comisión encabezada por el defensor público oficial Guillermo Todarello, cotitular y coordinador de la Comisión de Cárceles. El trabajo incluyó una recorrida por el Complejo Federal 1 de Ezeiza, donde se produjeron nueve de los “presuntos suicidios por ahorcamiento”, lo que constituye el 69 por ciento de las muertes por esa vía. La visita a esa unidad tuvo por objetivo “relevar las condiciones generales de detención y recabar información sobre el contexto en que tuvieron lugar las numerosas muertes por presuntos suicidios ocurridos en ese establecimiento”, según informó la Defensoría. 

En el centro de la atención estuvo la “inusitada cantidad de suicidios” en esa unidad carcelaria. Todarello formó parte de una comitiva compuesta también por los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Antonio Pacilio y Roberto Lemos Arias; el fiscal general ante esa Cámara, Julio  Piaggio; el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, Federico Villena; el fiscal federal 2 de Lomas de Zamora, Sergio Mola; los secretarios delegados de Casación Luis López Lo Curto y Víctor Brescia y secretarios de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y de los Juzgados Federales de Lomas de Zamora. 

El listado de fallecidos por ahorcamiento en el Complejo 1 es el siguiente: Leonardo Iván Encina (24 años, el 6 de febrero de 2017); Rubén Darío Gonzalez (49 años, el 2 de marzo); Lucas Ezequiel Olivera (31 años, 4 de abril); Martín Yale (30 años, 6 de junio); Javier Osvaldo Ciavero (35 años, 13 de junio de 2017); Miguel Angel Machado (24 años, 27 de junio); Jonathan Andrés Duarte (32 años, 5 de julio); Alberto Heredia (33 años, 8 de julio), y Tomás Gisone (28 años, fallecido el 22 de agosto de este año). 

En el CF1 de Ezeiza también se produjeron este año las muertes por enfermedad de Carlos Alberto Rojas, de 48 años; Carlos Angel Ghersi, de 73 años, y Gustavo Damián Castaño, de 29. 

Durante la visita al penal de Ezeiza, los funcionarios se entrevistaron con las psiquiatras y psicólogas que prestan servicio en la unidad, para tener su opinión sobre las posibles razones de esos “presuntos suicidios”. En ese contexto surgió el análisis del llamado “efecto espejo”, cuyas características han sido descriptas en un largo informe por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (ver aparte). 

En el recorrido por el Complejo 1 de Ezeiza, los funcionarios de la Justicia se reunieron con el jefe del Complejo, prefecto René Ascona; la subjefa, prefecta Sonia Álvarez, y los titulares de las áreas de seguridad interna, requisa, tratamiento y administrativa. También entrevistaron al subjefe a cargo del Hospital Penitenciario Central I, al titular del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), y a los directores de las Unidades Residenciales III, IV y V.