“La libertad de expresión no es un derecho abstracto”, exclaman desde la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (Arecia) que, para volverlo concreto, logró presentar el proyecto de ley de fomento a esas publicaciones autogestivas en la Legislatura porteña por segunda vez en el último lustro. En esta oportunidad, la iniciativa fue impulsada por el legislador del Frente para la Victoria Pablo Ferreyra y acompañada por otros diputados, y apunta a “democratizar la prensa gráfica”, planteó el presidente de la asociación y editor de la revista Maten al Mensajero, Santiago Kahn.
Para celebrar el ingreso al debate público del proyecto de fomento, Arecia realizó un reconocimiento público a los creadores y periodistas de Humor en la puerta del edificio en donde la mítica revista vio la luz, en Venezuela 842. Ese lugar que hoy es sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires fue, años atrás, refugio de Ediciones de la Urraca, cuna de revistas culturales. El escenario sirvió de marco para el homenaje a los periodistas Mona Moncalvillo, Carlos Ulanovsky, Miguel Grimberg y Marcelo Figueiras, integrantes de la redacción de Humor, al creador de la publicación, Andrés Cascioli, y a Nora Bonis y Malena Cascioli, la viuda e hija de Cascioli, quienes se encuentran obligadas a pagar demandas judiciales arbitrarias luego de afrontar las deudas de una quiebra que originó el Estado “por haberle dado la espalda siempre”, destacaron desde Arecia. En honor y homenaje al mentor de Ediciones de la Urraca, Arecia decidió identificar a su proyecto de fomento como la “Ley Cascioli”. La iniciativa busca saldar “la deuda que el Estado porteño tiene con comunicación cultural”, advirtieron desde el colectivo. Kahn explicó que el proyecto de ley apunta a “democratizar la prensa gráfica”.
Los resultados del quinto censo realizado por Arecia encendieron la alarma en el sector, que se declaró en estado de emergencia: en 2016, la cantidad de publicaciones autogestivas fue un 9 por ciento menor que el año anterior. “La libertad de expresión no es un derecho abstracto”, esgrime el proyecto. “Requiere políticas de Estado concretas. Esta ley expresa la voluntad de garantizar que las ideas expresadas por las revistas culturales independientes sean cada día más diversas, más libres y más fuertes”, propone la asociación.
