La direccionalidad de las políticas públicas alfonsinistas fue variable en el tiempo. Por ejemplo, la política económica del ministro Bernardo Grinspun fue muy distinta de la de sus sucesores. En los últimos años de ese gobierno, el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos impulsó una redefinición de los ámbitos de actuación del sector público y privado. Entre otras cuestiones, Rodolfo Terragno propuso la conformación de alianzas público-privadas en empresas públicas (ENTEL–Telefónica de España, Aerolíneas Argentinas–Línea aérea sueca SAS) y la privatización parcial de Somisa.
Esa avanzada privatizadora recibió el cerrado rechazo del Partido Justicialista. Por caso, el senador Eduardo Menem afirmó que “de lo que se puede estar seguro es que el justicialismo, ni le ha puesto, ni la va poner bandera de remate porque lo que está en juego es la soberanía del Estado Argentino”.
La historia posterior es bastante conocida. Las privatizaciones de Carlos Menem fueron mucho más drásticos que los planes de Terragno. Para algunos especialistas, la implementación de reformas de mercado tan extremas solamente fue posible bajo un gobierno peronista. Analistas políticos alemanes dijeron cosas parecidas cuando el gobierno socialdemócrata de Gerhard Schroder (2002-2005) implementó la flexibilizadora Agenda 2020. Los históricos lazos entre sindicalismo y Partido Socialdemócrata Aleman (SPD) permitieron moderar las reacciones sociales.
La contribución socialdemócrata a la erosión del Estado de Bienestar alemán no fue una sorpresa. En 1999, Schroder y Blair habían firmado un manifiesto (“Europa: La Tercera Vía–El Nuevo Centro”) que planteaba “la necesidad de transformar la red de seguridad social de las conquistas sociales en un trampolín hacia la responsabilidad individual”.
En esa línea, la Agenda 2020 legalizó los “minijobs” que no son otra cosa que empleos temporales con salarios de 450 euros mensuales. El ingreso disponible de los trabajadores termina siendo mucho menor porque deben costearse su propio seguro médico (alrededor de 180 dólares mensuales). El resultado más tangible de esa reforma fue la sustancial reducción del desempleo a costa de la precarización laboral.
Algunas de las 7,5 millones de personas que tienen “mini jobs” pueden complementar sus ingresos con una asignación estatal prevista en el “Hartz IV”. Para eso, las personas deben trabajar menos de 15 horas semanales.
El “Hartz IV” es un apartado de la Agenda 2020 que fusionó en una única asignación las ayudas sociales y el seguro de desempleo preexistente. El creador del programa fue el ex Jefe de Personal de Volkswagen Peter Hartz quien fue condenado en 2007 “a dos años de prisión sin cumplimiento efectivo y a 500.000 euros de multa por haber comprado la paz social en Volkswagen, entregándoles a los miembros del Comité de la empresa coimas, viajes a playas tropicales y servicios de prostitutas”, relata el periodista Olivier Cyran en el artículo “Los ‘parásitos’ del mercado alemán”, publicado en El Diplo (edición 219).
Cyran explica que “el monto restringido de dicho subsidio –409 euros por mes en 2017 para una persona que vive sola– tiene el supuesto fin de incentivar al beneficiario, a quien ahora se denomine “cliente”, a encontrar o a retomar lo antes posible un empleo, por peor que remunerado que esté y por menos acorde a sus expectativas y habilidades que sea”. La autoridad de aplicación del programa –los Job Center– puede sancionar (hasta con la quita del beneficio) a los trabajadores que rechacen los empleos ofrecidos. El estado de insatisfacción reinante, en porciones significativas del pueblo alemán, es una de las variables explicativas del preocupante crecimiento electoral de la ultraderecha.
@diegorubinzal
