“Porque bueno, hacia adentro, en Argentina, a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se habían cometido por parte de Milagro Sala, que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas”. Así, entre pareceres y vaguedades respondió Mauricio Macri, la máxima autoridad política de la Argentina, a la pregunta sobre el reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado Nacional libere de manera inmediata a la líder de la Tupac Amaru. Desde el retiro espiritual que encabezó en Chapadmalal, Macri ensayó otra vez una breve y ambigua defensa de la detención y reiteró que le pidió tanto al gobierno de Gerardo Morales como al Poder Judicial de Jujuy “que informen lo que se ha hecho y que transmitan con claridad y sin ningún tipo de segundas intenciones qué es lo que ha sucedido en Jujuy”. Horas más tarde, desde la agencia oficial Télam difundieron un informe elevado por el Ministerio Público jujeño enumerando una serie acusaciones y causas judiciales.

De sport, acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, Macri brindó una conferencia de prensa con el objetivo de difundir las bondades del retiro espiritual que protagonizó junto a ministros y funcionarios del gabinete nacional. Pero al igual que ocurrió durante la reciente visita de su par canandiense Justin Trudeau, el líder de Cambiemos se topó otra vez con la pregunta incómoda. La CIDH, en línea con el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, reclamó el viernes la “inmediata libertad” de la militante social jujeña. Este pedido se suma a otros pronunciamientos como el del titular de la OEA, Luis Almagro y de organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional. La comisión sostuvo que Sala es “una conocida líder de la sociedad civil en la provincia de Jujuy que fue detenida en el contexto de una protesta social” y que si bien una orden judicial ordenó su libertad por ese hecho, no salió de la cárcel porque “se le imputaron otros cargos mediante decisiones judiciales bajo la jurisdicción de la provincia de Jujuy”. En este sentido, la CIDH advirtió sobre la vigencia del principio de presunción de inocencia, que por regla general implica que toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad. Señaló, además, que la prisión preventiva “es excepcional, sólo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva”

La Cancillería argentina emitió el viernes mismo un comunicado de respuesta en donde afirma que toma nota de la postura de la CIDH y que trasladaría la cuestión a la Justicia jujeña. Ayer Macri finalmente se refirió al tema reiterando la misma línea discursiva que utilizó desde los inicios del conflicto. Consultado por si estaba preocupado por el tema, afirmó: “Me ocupa, me ocupa poder informar a todos los organismos sobre lo que está pasando en Jujuy. Por eso los hemos invitado, le he pedido al gobernador y al Poder Judicial de Jujuy que informen lo que se ha hecho y que transmitan con claridad y sin ningún tipo de segundas intenciones que es lo que ha sucedido en Jujuy”. Según el presidente “a la mayoría de los argentinos”, incluído él, les “ha parecido” que Sala cometió una cantidad de delitos “importantes”, “que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas”. “Es importante que esta información y este entendimiento sea compartido por el mundo”, remató el Presidente. Con esta respuesta, Macri buscó dar a entender que tanto el grupo de trabajo de la ONU, así como la OEA, Amnistía Internacional y ahora la CIDH no conocen la información precisa y completa de la situación. Y, además, que los delitos por los que se acusa a Sala serían suficiente para mantener por más de 11 meses su prisión preventiva. 

Lo cierto es que antes de opinar los organismos internacionales ya contaron con la información provista por los organismos oficiales y, que si bien no opinaron sobre la cuestión de fondo, la multiplicación de causas iniciadas por el fiscal Mariano Miranda (ex apoderado de la UCR), no justifican el encarcelamiento de la dirigente.

También el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, salió ayer a defender la detención. Consideró “discutible”, la crítica por la falta de independencia de la Justicia jujeña (el gobernador Morales amplió el Tribunal Superior provincial y designó a tres reconocidos dirigentes radicales). “De la misma manera que (Mauricio) Macri está trabajando en sostener la idea de la justicia independiente, él entiende también que en Jujuy debe funcionar como está funcionando, (de manera) independiente”, consideró Avruj. Para el fiscal Miranda la opinión del sistema de protección internacional “tienen un claro contenido político”. Según el dirigente radical existe un “riesgo procesal” en caso de que la dirigente social quede en libertad, que está “acreditado por la posibilidad de que puedan presionar a los testigos”.