La crisis de seguridad que mantiene en vilo a Ecuador trajo aparejado un nuevo tipo de violencia contra las mujeres, algo que las organizaciones de mujeres siguen atentas y con preocupación. Es que las cifras de ataques a mujeres en el noroeste del país llegaron a niveles alarmantes, la respuesta, esbozan, se relaciona con el arribo del crimen organizado y sus prácticas violentas que también tienen a las mujeres como blanco principal.

“Los femicidios en Ecuador son cada vez más violentos y los cuerpos de las asesinadas aparecen como descarte”, denuncia Geraldina Guerra Garcés, titular de Fundación Aldea y representante nacional de la secretaría de la Red Nacional de Casas de Acogida. Desde su rol ve con preocupación el aumento de un tipo de crímenes con componente de violencia de género relacionados a los sistemas criminales.

Esta nueva variante de asesinatos de género supera en el país a los hechos ocurridos en el ámbito familiar o de pareja. En el último Mapa de Femicidios, elaborado por organizaciones de la sociedad civil, en base a hechos ocurridos del 1° de enero al 25 de septiembre, se registraron 130 casos de este tipo sobre un total de 238 femicidios.

Estas cifras contradicen a los números oficiales que presentó el Poder Judicial ecuatoriano a fines de octubre, donde de 460 muertes violentas registradas de mujeres ubican solo 82 como femicidios. Y de estos 82 crímenes, el 60 por ciento fueron cometidos por familiares o parejas.

Para la titular de Fundación Aldea los crímenes contra las mujeres deben comenzar a ser tenidos en cuenta por el Estado como una problemática a abordar. “Este año y el anterior, en Ecuador aparece otro tipo de femicidios dentro de los sistemas criminales, ahora los llamamos así. Son con mayor saña y dan muestra de la relación de poder entre hombres y mujeres en estos contextos violentos”, explica Guerra Garcés.

También asegura que estos hechos presentan cada día un grado de mayor crueldad sobre los cuerpos feminizados y denuncia que desde el poder judicial no son enmarcados bajo la figura correspondiente.

La titular de la ONG explica que desde el poder ejecutivo y judicial publican informes con menor cantidad de femicidios ya que los ubican como homicidios dentro de la actividad criminal, sin comprender el uso que se hace sobre los cuerpos de las mujeres como botín de guerra o moneda de cambio para pagar disputas.

“Hay femicidios con otras condiciones que nos plantean otros desafíos y otras maneras de abordar la problemática”, considera Guerra Garcés, quien agrega que los gobiernos “no responden a esa nueva dinámica social”. “No están ni siquiera analizándolo ya que lo ponen dentro del sicariato o de las bandas delincuenciales. Nosotras estamos convencidas de que ahí hay un componente de género profundo”, completa.

El horizonte puesto en una red transnacional

Geraldina Guerra Garcés hace hincapié en la situación que vive Ecuador, un país amplio e intercultural, especialmente después de la pandemia. “Las condiciones para vivir en libertad y dignidad no están aseguradas”, dice. En este sentido destaca que los nuevos femicidios relacionados con los sistemas criminales responden en primera instancia a un aumento del crimen organizado, especialmente relacionado con el tráfico y la venta de drogas.

La especialista explica que ante la situación de emergencia en materia de criminalidad, los cuerpos de las mujeres son usados como objetos para ejercer amenazas, marcar territorios y enviar mensajes entre líderes y bandas, muchos de ellos con operación desde las cárceles.

Guerra Garcés asegura que esta es una realidad transnacional y que por lo tanto debería existir un enfoque a nivel regional. Está convencida de que estas actividades criminales han bajado desde Centroamérica a la región sur del continente y que como tal debería contar con un trabajo en conjunto entre países afectados, para generar los mecanismos de protección necesarios.

“Así como el crimen es transnacional, hagamos que los servicios lo sean”, considera la vocera de la Red Nacional, quien agrega que deberían existir acuerdos de cooperación. “Porque si yo tengo una amenaza en Ecuador tal vez puedo mandar a la mujer a Argentina, ya que no puede quedarse aquí porque es perseguida por una banda que está en todas las provincias”, explica.

La titular de Fundación Aldea destaca que, producto de su trabajo de relevamiento y seguimiento de los femicidios, pudieron descubrir que en el último tiempo los femicidios se cometen en un 62 por ciento con armas de fuego. Un cambio significativo a lo que sucedía anteriormente, cuando el arma blanca era la principal herramienta de los femicidas.

Esto responde, según indica la referente, al decreto emitido en abril de este año por el presidente saliente, Guillermo Lasso, en el que habilitó la libre portación de armas como método para que la ciudadanía se defendiera de los delitos en aumento. “El Estado no responde a una cosa mínima que es ver por qué se está matando con armas y donde está el control de las mismas. Se venda y cierra los ojos y publica reportes con muchos menos femicidios porque no los considera como tales”, critica.

Las casas de acogida como primera trinchera

La Red Nacional de la que forma parte Geraldina Guerra Garcés nuclea a un total de once casas de acogida a nivel nacional. La también titular de Fundación Aldea destaca el importante rol que tienen estos espacios para la protección de las mujeres que huyen de situaciones de violencia. “En Ecuador son el único mecanismo eficaz que tenemos para prevenir femicidios”, explica convencida del trabajo que hacen.

La activista cuenta que ahora existen nuevos espacios de este tipo a nivel municipal, pero advierte que es un peligro abrirlos sin contar con un protocolo común de funcionamiento. “Esto es peligroso porque no tenemos una norma nacional. No se trata de tener un montón de casas. Se trata de que haya un adecuado sistema de referencia y protección”, considera Guerra Garcés.

La referente por los derechos de la mujer explica que las víctimas que se acercan a las casas lo hacen junto a sus hijos y que desde el espacio se tienen en cuenta todos los aspectos necesarios para que puedan salir de esa situación de violencia. Estos servicios incluyen el acompañamiento psicológico, la educación de los niños y niñas, capacitación para encontrar empleo y herramientas para encarar su vida fuera de ese sistema.

“Las casas de acogida no son un lugar maravilloso porque hay reglas y se comparte con mujeres desconocidas. No es un lugar ideal… es un lugar de protección que busca ser cálido pero que tiene sus retos para las propias mujeres”, explica Guerra Garcés.

El objetivo desde la Red Nacional es poder avanzar en un futuro con un sistema que elimine las casas de acogida y dé lugar al establecimiento de un sistema de departamentos, en los que las mujeres puedan vivir más libres pero con el acompañamiento necesario. Ese ideal, piensa, es algo lejano porque hoy su mayor preocupación es llegar a firmar a tiempo los convenios que les permiten obtener los recursos del Estado para cubrir al menos los sueldos del personal. Esto se da en el marco de un inminente cambio de gobierno, luego de la victoria del derechista Daniel Noboa.

La referente de la Red Nacional de Casas de Acogida cuenta que la actual ministra de Género se encontraba desarrollando un proyecto para generar el marco regulatorio a nivel nacional de las casas de acogida. “Ahorita estamos de nuevo preocupadas porque no sabemos cuál es la visión de esta nueva administración”, explica Guerra Garcés.