“Javier Milei dijo que los intendentes nos tenemos que hacer cargo de la obra pública, así que nosotros estamos trabajando en eso”. Nelson Sombra, intendente electo de Azul por Unión por la Patria, pone blanco sobre negro a partir de la polémica mediática que se generó sobre la ampliación del arco de contribuyentes a la tasa de servicios especiales. Con la modificación de la ordenanza, ya no solo aportaran a la Municipalidad las 20 mil hectáreas urbanas si no que se le agregan las casi 650 mil rurales del distrito.
“Lo que tiene que quedar claro es que no se agrega ningún impuesto, sino que se regulariza una situación históricamente injusta por la cual solamente los frentistas del casco urbano pagaban una tasa de servicios generales, y ahora se pasa a llamar tasa de servicios esenciales, que involucra a todas y todos los azuleños”, remarca Sombra.
De esta manera, y con el nivel de cobrabilidad promedio en el municipio, la intendencia de Azul sumaría 1.400 millones de pesos para ser destinados a infraestructura de salud, educativa, transporte, deporte y cultura. “En Azul no hay transporte interurbano, no hubo planificación en la educación, hay que mejorar el hospital, son servicios esenciales porque son para el desarrollo”, detalla el intendente electo.
La readecuación de la norma indica que las hectáreas rurales deberán abonar, como máximo, el equivalente a un litro de gas oil, que hoy equivale a 370 pesos en promedio. En algunos casos, según la capacidad productiva, será menos. Para evitar subas desmedidas, habrá un tope del 30 por ciento de aumento si es que el precio del combustible se dispara y, además, para aquellos que estén afectados por fenómenos como la sequía, habrá exenciones.
A su vez, la modificación aliviana la carga sobre los casi 30 mil inmuebles urbanos que ya que no serán los únicos que aporten. Durante 2023, el aumento de su tasa osciló el 70 por ciento, mientras que para el 2024 cerca de 20 mil experimentarán un aumento por debajo del 40 por ciento, más de 7.200 no llegarán al 60 por ciento, y sólo 873 inmuebles tendrán un incremento en su tasa de hasta el 120 por ciento.
Dentro del “orgullo” de haber llevado adelante esta medida que movilizó a la comunidad a presenciar la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, Sombra advierte que es probable que se judicialice la ordenanza. “Es entendible porque estamos hablando de la primera sede de la Sociedad Rural del país, pero seguiremos adelante para que se implemente en Azul y otros distritos no tengan problemas en hacerlo”, señala.
Transparencia y equidad
A los fines de saldar cualquier discusión alrededor de la transparencia del destino de esos fondos, Sombra explica a Buenos Aires/12 que le dio la indicación a los concejales vigentes y electos de Unión por la Patria para que se reúnan con los de la oposición, tanto salientes como aquellos que permanecerán en el Concejo Deliberante, para que entre todos determinen el futuro de lo que se recaudará en 2024.
“Todos los concejales deben sentarse porque uno gobernará a través de ellos, que son la representación de la sociedad”, remarca.
Una de las principales acusaciones del sector agropecuario, particularmente de la Sociedad Rural de Azul, es que la medida estaba destinada a financiar “el déficit de la Municipalidad”. “El municipio tiene déficit, pero esto no estará afectado a cubrir eso”, deja en claro Sombra.
Lo que sostiene el intendente electo sobre las cuentas de la intendencia es que su desbalance radica en “los ocho años de gobierno de Juntos por el Cambio”. “Yo me presenté en 2019 y el actual intendente me ganó con el 60 por ciento de los votos, y hoy la Municipalidad le debe a la mitad de la población porque se le paga a más de seis meses a los proveedores”, advierte el dirigente. "Y nadie habló de déficit en aquellos años", recuerda.
A su vez, no deja pasar por alto una de las medidas que llevará adelante para subsanar el déficit: “Habrá una reducción significativa de la planta política que hoy asciende a 76 cargos”. Además, indica que organizará un concurso interno para los trabajadores municipales de donde emerjan los futuros directores. “En vez de nombrar a alguien desde la política, jerarquizamos a quienes ya están, potenciando a quienes son los que realmente saben y ahorrándonos recursos”, explica.
En continuidad con el análisis que lo llevó a dar una conferencia de prensa y explicar pormenorizadamente el ordenamiento de esta tasa, Sombra lamenta que se haya querido mediatizar con información falsa una situación que había sido acordada con la propia Sociedad Rural. “El día que se publican las notas en los medios previo a las elecciones, yo me había reunido con ellos por cuatro horas donde me hicieron el planteo para segmentar a los contribuyentes, topear las subas, y tener bonificaciones”, cuenta. “Si dicen que sí era porque habían aceptado, así que cuesta entender la manera en que se actuó agitando a la comunidad”, señala.
Respecto a la aceptación de la iniciativa por el resto de la sociedad, quienes habitan el casco urbano de Azul celebraron que los aumentos en su tasa serán mucho menores al año anterior ya que ahora se integran más contribuyentes. “Es histórico para Azul, porque la tasa urbana del año aumentó un 70 por ciento, y ahora la mayoría va a pagar hasta un 40 por ciento de aumento, y hay 500 hogares pobres que directamente no tendrán aumento”, aclara Sombra.
El valor de la norma
Moira Goldenhörn es dirigente de Movimiento Arraigo en Azul y estuvo colaborando con la iniciativa y visibilizando una problemática que data de toda la vida en su distrito: “Los contribuyentes más grandes prefieren no aportar y que no haya nada en el pueblo, pero quienes trabajan en el campo necesitan una salita, el hospital, que sus hijos vayan a la escuela”.
La referenta pone sobre la mesa un claro ejemplo que Sombra también citó en la conversación con este medio. “Una docente tiene que hacer dedo para viajar 60 kilómetros porque no hay un colectivo que vaya desde Azul a los pueblos de Chillar o Cacharí”, cuenta. Los propios barrios del casco urbano, indica, no están integrados al sistema de transporte urbano.
“Mucha gente viven en el campo, va a la escuelita rural, después viene al centro, la diferencia la tienen con los que son dueños de 5 mil hectáreas y viven en Buenos Aires y son los que no quieren pagar”, remarca Goldenhörn. “Es fácil pedir la ayuda y la intervención del Estado ante la sequía y otros problemas, pero después nadie quiere aportar”, sostiene.
A partir de una votación que terminó con diez votos a favor y ocho en contra, la tasa de servicios generales deja de estar dentro de la tasa urbana y pasa a denominarse tasa de servicios esenciales. Con esta modificación, se incluyó a todo el territorio azuleño de cara al aporte necesario para brindar servicios de salud, transporte o educación. Hay que tener en cuenta que el área rural de Azul sólo pagaba la tasa vial que posibilita el mantenimiento de los caminos rurales y no hacía otro aporte al municipio.
La segmentación realizada para que no se agrupen a todos los chacareros con los grandes propietarios y apunte e identificar la capacidad productiva de cada uno, indica que los campos de la zona norte del distrito abonarán solo medio litro de gas oil por hectárea de forma mensual. Aquellos de la región central, tres cuartos de litro, mientras que al sur deberán abonar el costo total del litro.
La iniciativa, explica Sombra, no deja de ser similar a Olavarría o Tapalqué, distritos vecinos de Azul, donde medidas similares se llevan adelante hace varios años. “Hoy no hay un polideportivo, no hay espacios culturales, hay que ampliar las salitas, y hacia allí irán estos recursos”, detalla.
