Aguas Santafesinas presentó un pedido de aumento para 2024 del 128% escalonado, pensando en recuperar recaudación propia y poder asumir los costos operativos para la prestación del servicio de agua y cloacas. La proyección de incremento, explicaron desde la empresa, está basada en el atraso de la tarifa que se cobra por los servicios concesionados en 15 localidades de la provincia.

El directorio de la empresa envió una comunicación al Ministerio de Infraestructura de Santa Fe en las últimas horas pidiendo que a partir del segundo semestre del próximo año, la tarifa alcance un incremento del 128% en relación a las que se cobran en la actualidad.

Aguas Santafesinas es una sociedad anónima cuya mayoría de capital está en poder del estado santafesino. El control de la empresa lo ejerce un directorio, que es el que evalúa las necesidades tarifarias de cada año, pero depende de la autorización del Poder Ejecutivo.

En esta oportunidad, el directorio propone un aumento tarifario a realizarse en dos fases. La primera tendría un sacudón del 52% programado para el tercer bimestre (mayo-junio de 2024), y la segunda, del 50%, tendrá lugar en el cuarto bimestre (julio agosto).

Desde Aguas Santafesinas argumentaron la necesidad de ajustar las tarifas en el proceso inflacionario que afecta la adquisición de insumos, el aumento del dólar y el avance de obras, aunque este rubro termina siendo la variable de ajuste cuando los ingresos no cubren los gastos operativos.

En la práctica, la recaudación propia de Aguas apenas cubre el 60% del gasto operativo. El resto se paga con asistencia del Tesoro provincial, al giual que la expansión de obras, es decir aquellas que no son de mantenimiento operativo.

Según las estimaciones de la empresa, mientras que el proceso de facturación aumentó en un 97%, los gastos operativos se incrementaron en un 149%, en línea con los niveles interanuales de inflación que mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

A esta situación se suma un retraso tarifario que viene de arrastre de los tiempos de la pandemia. En ese periodo de por lo menos dos años, el gobierno provincial, en sintonía con la política tarifaria de servicios públicos establecida a nivel nacional en medio de la emergencia, optó por congelaar las tarifas de aguas, EPE, peajes y otros servicios regulados por el Estado santafesino.

Ahora, las autoridades provinciales deberán darle intervención al Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress), el que a su vez deberá convocar a audiencias públicas. Esas audiencias públicas tienen carácter informativo y de debate, pero no son vinculantes. 

La decisión final la tomará el próximo gobierno provincial. Eso ocurrirá ya el próximo año, en un contexto muy diferente al actual. Ya será presidente Javier Milei, que viene dispuesto a hacer un feroz ajuste fiscal que incluye la eliminación de subsidios a los servicios públicos. 

Si bien la prestación de Aguas es provincial, el contexto será relevante. El gobierno de Maximiliano Pullaro deberá también definir, en base a los recursos con los que cuente, si mantiene la política de subsidios de los últimos gobiernos o lleva la tarifa al nivel de los costos de prestación.