En el marco de los 40 años de la democracia, la lucha por el aborto legal se inscribe dentro de la línea de otras conquistas populares por la soberanía de una ciudadanía plena, digna y de calidad. Una demanda de los feminismos que, por representar una insubordinación irrevocable frente a las exigencias normalizadoras patriarcales, desafió la resistencia de todo el arco político conservador y sus voces adyacentes, que hicieron todo lo posible para frenar el avance de la IVE. Ya que, en última instancia, representa la igualdad de condiciones de los cuerpos gestantes a decidir su proyecto de vida frente al de los varones hétero cis.

“Es mucho más que un aborto. Es el producto de una larga historia de activismos, construcción de alianzas y cabildeo legislativo para lograr uno de los mayores hitos de la democracia argentina. Es una prestación que brindan equipos de salud en todas las provincias, en los diferentes niveles de atención”, asegura el último reporte de CEDES (Centro de estudios de Estado y Sociedad), a tres años de la legalización de este derecho. Desde que se aprobó, 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales en instituciones públicas de salud.

Paralelamente, también puso en agenda demandas de los feminismos históricamente ignoradas, que surcaron a la sociedad toda. Solamente entre junio y agosto del 2018, se escribieron 3230 artículos sobre este tema en medios gráficos del país, y más de 4.5 millones de personas vieron la transmisión en vivo del debate, solo en los canales oficiales del Congreso de la Nación. A su vez, funcionó como puerta de entrada para que miles de niñeces, adolescentes, personas del colectivo LGBTIQ+ y mujeres se sientan interpeladxs por la el debate público y participen de la vida política de forma activa.

“Tiene un efecto en términos de salud pública, en términos de justicia social y tiene un componente muy importante en términos de derechos democráticos, porque garantiza que, ante la ley, no haya personas incapaces de tomar esa decisión en su fuero íntimo”, asegura Lucila Szwarc; socióloga investigadora del CEDES, que participó de forma activa por la campaña por la legalización del aborto desde el 2014 hasta el 2020 y formó parte de las Socorristas en Red.

“La legalización del aborto cambia la situación de ciudadanía de las personas gestantes. Genera cambios en diferentes niveles; algunos más del orden de la salud pública, pero también aquellos relacionados con los derechos humanos. Es importante recordar que uno de los lemas de la Campaña fue que la IVE era una deuda de la democracia. ¿Por qué? Por un lado, por un concepto amplio de democracia, entendida no solo como el ejercicio del voto, sino como un sistema que tiene que garantizar el acceso a una ciudadanía plena y efectiva para todxs. Entonces, en tanto y en cuanto el aborto estuviera penalizado, muchxs autores planteaban que las personas gestantes eran consideradas sujetos o sujetas de segunda categoría. Porque, en definitiva, no tenían acceso a la autodeterminación sobre sus propios cuerpos, y era una penalización que pesaba de manera desigual sobre unos cuerpos y no sobre otros”, comenta Lucila.

“Además también, por supuesto, la penalización del aborto siempre pone en juego cuestiones de clase, porque son las personas gestantes con acceso a menos recursos económicos y simbólicos las que ponen más en riesgo sus cuerpos, sus vidas, sus emociones, sus familias, y muchos otros sentidos más”, señala. De esa forma, para Lucila, la IVE le otorga a las personas gestantes “la capacidad de decidir autónomamente y en el fuero íntimo ese dilema (que para muchxs es ético), sin que haya una injerencia de otros poderes. Por ejemplo, de los estatales, legales, normativos y también podríamos pensar en los discursos eclesiásticos, sexistas, machistas sobre esa capacidad”.

¿Cuál es la diferencia entre nuestra IVE y otras similares que hay en otros países?

--Tiene un enfoque feminista, porque pone el foco en la autonomía de la persona. Hay otras leyes que ponen barreras al acceso. Por ejemplo, imponen necesariamente un plazo de algunos días de reflexión antes de poder acceder al aborto, o el poder de la decisión recae más en un comité médico o en un grupo de profesionales que en la persona. La ley argentina trata de resguardar estos derechos de distintas maneras, al considerar que profesionales de la salud o instituciones de la salud no impongan una dilación injustificada para demorar el acceso, y poner un coto a las herramientas como la objeción de conciencia.

“En definitiva, no tiene que haber injerencia de otros poderes, sobre todo no tiene que haber injerencia del poder médico”, complementa Lucía. “Y también me parece que es importante destacar esto: estamos en un sistema patriarcal donde las leyes fueron en gran medida pensadas para y por varones, donde las mujeres particularmente eran pensadas como sujetos de segunda. Y otras identidades, otros cuerpos, directamente eran ininteligibles, eran impensados o impensables, y no estaban resguardados ni alcanzados por derechos legales”. La garantización progresiva de esta ley también refleja que las mujeres, pero también las personas trans y no binarias, no sean más consideradas y considerados y considerades sujetes de segunda.