Son miles y miles. Son personas que deben renovar el alquiler en el corto o mediano plazo. Y con el DNU del presidente Javier Milei quedaron en el desamparo total. El decreto no está vigente todavía, pero en los hechos la Ley de Alquileres ya no se aplica. El "acuerdo entre partes" tiene una sola de ellas en condiciones de poder: cada propietario o inmobiliaria ya impone sus propias reglas y condiciones. Para un tres ambientes ya se está pidiendo un valor de 500.000 pesos mensuales. Y hay propuestas de contratar por dos meses "y después charlamos".
Los inquilinos, en tanto, se enfrentan a situaciones extremas. Volver con los padres, irse con los suegros —con hijos y cónyuge—, compartir con amigos más o menos cercanos o directamente desconocidos, y hasta irse un geriátrico aunque se esté en condiciones de valerse solo o sola. “O debajo de un puente”, llegan a decir. Incluso se darán situaciones de cesación de pagos y juicios de desalojos, anuncian los abogados especializados en el rubro, como consecuencia de esta desregulación salvaje. “Estamos ante una situación de catástrofe nunca vista en la Argentina”, advierten.
Natalia Soraire vive en Salta, es referente de la Asociación de Inquilinos de esa provincia. Tiene una hija en la escuela primaria y un trabajo informal. Cuando perdió su empleo formal, en pandemia, ya no pudo volver a alquilar: “Me desalojaron y tuve que vivir un tiempo en la calle, con mi hija, hasta que fuimos a una toma de terrenos, donde éramos 1800 personas. Queríamos tener un techo y ahí empecé a militar la Ley de alquileres y la Defensoría de Inquilinos que pusimos en marcha. Pero ya no pude alquilar un lugar en condiciones, en regla y legal”.
Natalia vive en una habitación, con terraza, sin gas natural. “La dueña no se hace cargo de nada”, reclama. “Me han subido el alquiler de 7500 a 35.000 pesos. Ahora piden 180.000, quieren que nos vayamos. Ya han desalojado a otros inquilinos y las personas tienen miedo por lo que quieren cobrar, tienen hijos y saben que los quieren desalojar”.
Unas 30 personas por día atiende Natalia en la Defensoría. Como Salta es una zona turística, corren alquileres en dólares, y las mineras tienen prioridad entre los contratos formales. Pero la desesperación y la consulta permanente a las agrupaciones de inquilinos se da en todo el país.
La patria que alquila
Desde Córdoba, el abogado Maximiliano Vittar, referente de la Agrupación Nacional de Inquilinos define al DNU como una medida de gravedad “porque obliga al inquilino a negociar en una condición de aparente igualdad”. Y lo empuja “directo a la calle, víctima de la voracidad del mercado inmobiliario” que le otorga todo el poder a quienes ya lo tienen: los propietarios y las inmobiliarias.
Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, sostiene: “Esto va a ser una masacre”. Renovar será una excentricidad a partir del DNU que entraría en vigencia el 28 de diciembre. Se precariza la situación habitacional y queda indefensa la gran patria de inquilinos: unos 9 o 10 millones de personas. El mercado de alquileres en la Argentina se hunde a partir de esto en arenas movedizas, nada más lejos de la proclamada estabilidad".
La desregulación del DNU transforma en “un acuerdo de partes” todo el trato: desde el plazo de vigencia a la moneda: pesos, dólares, reales, bitcoins. Incluso trocar por carnes o vinos, han propuesto con ironía. Y los inquilinos saben que, con estas condiciones, el mercado habitacional entra en crisis.
Muchos no van a poder pagar lo que les piden y muchos consideran que no van a tener dónde vivir. Por un “tres ambientes” en CABA se pedían 200.000 pesos. Hoy piden 350.000 y solo por seis meses, explica Tamara Lescano, inquilina y abogada de Inquilinos Agrupados de CABA. Otro caso es más extremo: una mujer que estaba pagando 52.000 pesos por un “tres ambientes” ahora le pedían 500.000. Dijo que no podía y le preguntaron: ¿Hasta dónde te podes estirar? Ella dijo 250.000. Ellos, los dueños, y la inmobiliaria aceptaron. Pero por dos meses. Después volverán “a charlar”.
La renovación del contrato incluye este fin de año tal nivel de angustia como nunca se ha visto entre quienes alquilan vivienda en la Argentina. Alquilar se convierte en un imposible para millones de personas y se abre una crisis económica y emocional.
Cambio casa por habitación
De vivir en un tres ambientes con todo legal a pensar la posibilidad seria de un lugar bajo la autopista solo media este DNU que acarrea entre otros infortunios la derogación de la Ley de alquileres: “La dueña pidió más del doble de mi sueldo y la inmobiliaria no dice ni mu”, dice una víctima de la nueva realidad que ya imagina la nueva situación.
Los inquilinos que tienen que recontratar en el corto plazo definen soluciones que angustian más de lo que remedian: piensan volver con sus padres o juntarse dos familias y compartir. “Pero lo difícil que es, te la regalo, más con chicos”, dice Marta, una enfermera profesional jubilada “con la mínima”, que hace tres años vive sola en Córdoba capital. Marta pensó en tramitar su ingreso a un geriátrico “aunque soy totalmente autoválida y tengo apenas 68 años, pero no puedo pagar el alquiler”, explica.
Inti se angustia tanto que “ni siquiera puedo ponerle palabras a lo que siento”, dice. Vive en La Plata. Estudia informática, trabaja en una empresa del rubro y alquila. Lo más cercano a una salida ante el aumento de 140 a 220 mil pesos que le piden es “construir una habitación en un lote que tienen unos amigos en Ranelagh, pero con el aumento del transporte no sé si me conviene, trabajo en el centro. Pero lo que ahora puedo pagar, que es el 60 por ciento de mi sueldo, si me aumentan no voy a poder”.
En febrero le toca renovar a Inti. “Ya estoy poniendo todo en cajas y busco casa, pero me gustaría quedarme acá. Además la gente percibe como algo bueno que saquen la ley y me entristece, porque es un sentido común que viene de los medios y no hay resistencia por el peso mediático que tiene, pero no es real. Eso me saca un poco la esperanza, no sé qué sucederá", insiste.
Tener un resguardo, estar “bajo techo”, se resquebraja ante un paisaje donde la incertidumbre y la angustia agitan la cotidianeidad. Los inquilinos, esta categoría poblacional que hoy observa el futuro al borde del abismo se desestabilizan ante los nuevos precios de alquileres. Porque además la desregulación libera el “trato o contrato” al formalismo del “acuerdo entre partes”, en todo: montos, moneda, plazos.
Los montos son tan altos que la mayoría de las personas que alquilan hoy deben tomar decisiones de todo o nada por un alquiler, explica la abogada Tamara Lescano. Porque el análisis del DNU plantea que toda la defensa está sobre los propietarios y las inmobiliarias. Nada protege a inquilino, señala.
Del geriátrico a una toma de terreno: lo que vendrá
Para Marta, que vive en Córdoba, el hecho de “ser millones de ciudadanos que necesitamos un alquiler debería tener un poco de peso ante el mercado que se ha puesto drásticamente cruel. Mi contrato vence en mayo y la incertidumbre que tengo es total, porque hace meses hablan de derogar la ley, pero lo que nos mató fue la inflación. Con la inflación de un país normal no hubiera pasado nada, acá pasó de todo, incluso Milei”, sostiene. “Y lo que piden por una casa hoy nadie lo gana”, advierte.
José está “con el corazón en la boca”, dice. Empleado municipal en Córdoba, alquila hace 18 años: “Mi situación es una más, con esta incertidumbre. Vivo solo, alquilo y se me terminó el contrato en noviembre que era de tres años. Quise renovar, pero me exigieron actualizar el monto, y un acuerdo por 6 meses, siendo que la ley está vigente. Lo tuve que aceptar porque me estresa buscar casa, mudarme, no sé qué hacer, es muy angustiante”.
Aceptó la prórroga para no salir a buscar ni pagar comisiones. “Veré lo que pase en marzo, por lo pronto es todo especulativo, quieren derogar la ley y esperemos que no suceda, y aunque la gente reclama, falta participación, todavía estamos medio dormidos o quedamos aturdidos”, concede.
Como Marta, José considera que al ser muchos, los inquilinos podrían imponer más condiciones: “Un acuerdo entre propietarios, inmobiliarias e inquilinos, como dicen, nunca funcionó. Porque ellos ponen las condiciones. Yo no sé ni dónde denunciarlo pero quizá avancemos en denuncias colectivas. Juntarse es prioridad”.
En muchos casos la salida también es “juntarse” para acceder al alquiler. Inti está considerando irse de la ciudad, a vivir con amigos: “Congregarse, amucharse”. El acuerdo de partes “no es una relación entre iguales. Y no hay conciencia, los pibes en la facultad piensan que ahora van a poder alquilar. No amigo, te van cobrar más caro y en dólares”, lamenta Inti. Es su segunda carrera. “A los 36 años, antes estudie historia del arte, pero era difícil para trabajar y ganar bien”.
Las agrupaciones de inquilinos
Ir a los locales de las agrupaciones “ayuda a contextualizar y te asesoran”, aporta Inti. Se refiere a Inquilinos Agrupados o la Asociación de Inquilinos, donde los pequeños propietarios son amigos. "No son los conglomerados que te sacan todo y dejan al pequeño propietario sin posibilidades. Ver opciones, hablar, pensar estrategias, te hace sentir menos sola. Son muy tremendas las inmobiliarias, viven especulando”, agrega Inti.
“Ahora hay beneficios para las empresas constructoras que con 20 pesos hacen un edificio y le sacan 100 cuando lo venden, como negocio es bárbaro, para la gente común no”, razona Marta. “Vamos a quedar en la calle millones de personas”, insiste. Y avanza: “¡Esto tendrían que considerarlo!”
¿Quién puede pagar un alquiler de 350 mil cuando un sueldo promedio en comercio está en 200 o 250 mil?” pregunta Marta. Hay dos actores con intereses opuestos, y el que tiene la necesidad es el más débil. El Estado debe protegerlo porque “en el acuerdo de partes el propietario pone sus reglas y si al inquilino no le gusta que busque otra casa”. Su contrato finaliza en mayo. Entró pagando 10.500 pesos. “Soy jubilada y podía pagar el alquiler y luz y gas, las expensas. Me alcanzaba para vivir”, recuerda.
Hoy Marta paga 45.000. “Si me lo triplican me paso de la jubilación. ¡Y no hay plan de vivienda para jubilados! No existimos”, lamenta. “Pienso en la cantidad de gente que va ir a la calle”. En los aumentos sin regulación, la suba “es un abuso, no un acuerdo de partes”. “¿Qué están proponiendo para nuestra sociedad?”, pregunta, sin esperar respuesta.
Ir a la calle, a un geriátrico, debajo de un puente, vivir entre las acequias si el paisaje lo permite, sin amparo, sin reparo, sin techo. Volver a organizar tomas de terrenos, volver a quedar expuesto a la oscuridad de la falta de derechos es lo que enfrentan quienes deben renovar sus contratos de alquiler. Para José, la salida es la lucha “y refugiarse en los seres queridos. No pierdo las esperanzas”. Su militancia en Inquilinos Córdoba lo impulsa a seguir: “Esperemos que la gente se concientice más sobre este tema, es urgente y necesario, esto sí es urgente y necesario”, distingue.
“Frenar el DNU”
“Analizando punto por punto, lo que modifican y derogan, se ve que no habrá plazos de alquiler, ni monto de ajuste y será en cualquier moneda: reales, dólares, bitcoin. Y se pueden pedir los meses que quieran de depósito anticipado, libertad total a las partes. Una arbitrariedad absoluta sin protección del Estado”, analiza la abogada Tamara Lescano, de Inquilinos Agrupados CABA.
“Hoy si tenés un problema vas a la justicia. Ahora la justicia no puede entrometerse en lo que acuerden las partes, y esto vulnera el sistema republicano”, agrega. “Va a generar una crisis habitacional y social sin precedentes porque es desregulación total y absoluta. La gente está desesperada, se te vence el contrato y puede ser que te pidan dólares, que te digan que van a aumentar todos los meses según la variación de la nafta y no tenés garantía de cuánto tiempo lo van a mantener porque lo pueden rescindir cuando quieran”.
“Esto genera violencia y preocupación. Si no podemos pagar el alquiler ¿dónde vamos a vivir? Algunos van a dejar de pagar: si tenés tres hijos y te aumentan al triple y en dólares, vos podes decidir dejar de pagar en lugar de vivir bajo un puente. Va a empezar a ser frecuente la cesación de pagos y el juicio de desalojo, una crisis habitacional, social y política muy grave”.
Sobre la población de inquilinos, Lescano añade: “La mayoría de las consultas son mujeres, personas mayores que viven de la jubilación. Esta crisis que terminará de derrumbar la poca estabilidad que teníamos barre con nuestros derechos y con la posibilidad de reclamar, por eso este DNU no puede pasar, porque va contra de pueblo trabajador”.
Para esta abogada, frenar este DNU “define la calidad de vida que podamos llevar de acá en adelante, porque nos va a afectar a todos y a todas”. Lescano vive en pareja. “Pagamos el alquiler y vence a mitad del año. Estoy asustada y preocupada como el resto de los inquilinos de este país, y no me lo contaron, es muy angustiante no saber dónde vas a vivir”.
