El gobierno provincial aspira a contar con ambulancias y medicamentos propios, para paliar la crisis en salud que se avecina, como consecuencia de las políticas nacionales implementadas por la gestión de Javier Milei.
Para avanzar con esas iniciativas, que contemplan la creación del Centro de la Industria Farmacéutica Bonaerense y la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud, el oficialismo requiere de la aprobación legislativa, por lo que, según pudo saber Buenos Aires/12, el tema se tratará una vez resuelta la emergencia.
Ambos proyectos fueron anunciados una semana atrás a través de un hilo publicado en las redes sociales del ministro Nicolás Kreplak, y apuntan a corregir sendas distorsiones o inequidades del sistema de salud y, como viene señalando el funcionario cada vez que tiene la oportunidad. Además, se busca aumentar el nivel de integración del sistema, tanto entre los distintos subsistemas, público, privado y de la seguridad social, como la interior del sistema público, entre agentes provinciales, municipales y nacionales.
“Hace meses que trabajamos en estos proyectos. El contexto actual los vuelve aún más importantes”, sostuvo Kreplak en esa ocasión. “El contexto actual” se refiere al nuevo gobierno nacional que liberó las tarifas de los servicios de medicina prepaga, que aún estando reguladas presentaban fuertes incrementos, pone en riesgo las obras sociales al modificar su funcionamiento por DNU y atenta contra los hospitales públicos, mayormente provinciales, al reducir transferencias.
Tanto los medicamentos como los servicios de emergencias, ambulancias, motos para atención rápida en vía pública y médicos a domicilio, constituyen un elemento importante del sector salud en general. Al liberarse el monto de las cuotas privadas, no es descabellado esperar que esas industrias pujen con las empresas de medicina para recomponer su tasa de ganancia, generando una nueva carrera alcista.
“Una vez aprobados los artículos, se pasará a redactar los estatutos de ambas empresas”, cuenta una fuente cercana al ministro, que participa desde hace meses en los proyectos. Ambas empresas se constituirían bajo la figura de la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), que otorga al sector público el control de las operaciones, a la vez que permite el ingresos de socios privados.
Beneficios para todos
“Así como la Constitución de 1994 trasladó competencias de salud de Nación a las provincias, acá ocurrió lo mismo entre provincias y municipios", explica Jorge Rachid. "El problema mayor es la fragmentación del sistema, la empresa de ambulancias provincial nos va a permitir integrar a todo el territorio en una misma estrategia de cuidados y atención”, analiza el médico cirujano, hoy a cargo de la dirección del Instituto Superior de Educación de IOMA.
Según el proyecto, la Empresa Bonaerense de Emergencias Médicas dependerá de la recientemente creada Dirección de Atención y Cuidados, en cabeza de Jonatan Confino, quien fue hasta recién secretario de Salud de la municipalidad de Quilmes.
En la actualidad, la atención de emergencias es un tema abordado desde algunos gobiernos municipales y desde el sector privado, pero este modelo presenta algunas limitaciones.
En primer lugar, las empresas privadas, por motivos de rentabilidad y escala, sólo se encuentran presentes en grandes conglomerados urbanos. Los sistemas parten de un cálculo de cantidad de población y distribución geográfica, para definir los recursos técnicos y humanos necesarios para cubrir la plaza, la cantidad y ubicación de las bases.
Luego prorratean ese monto, más su tasa de ganancia, entre los socios o potenciales socios, sean directos o tercerizados a través de una obra social o prepaga. Si el número no cierra, no hay ambulancias.
Además, no todos los municipios cuentan con los recursos necesarios para establecer servicios eficientes y en condiciones. Con las políticas de corte neoliberal como las que anuncia el gobierno de Milei, la recaudación se resiente y los servicios que prestan los municipios también. Tener ambulancias en condiciones o pagarle al día al personal, puede significar, en determinadas circunstancias, la diferencia entre la vida y la muerte.
El objetivo de la gestión, mencionado también en la presentación del plan quinquenal de salud, realizado en abril en Mar del Plata, es que la empresa pueda prestar servicios también a pacientes con cobertura, tanto de prepagas como obras sociales, y facturarles por el servicio. Este pasaría a integrar un clearing, donde también las prepagas atenderán a pacientes del sector público y cobrarían por ello.
El argumento central es que, mientras la estructura que presta servicios a las grandes empresas se concentra en los mayores centros urbanos, especialmente el AMBA, la del sector público es más federal y extendida en su cobertura. En vez de invertir recursos escasos en duplicar estructuras, los subsectores firmarían convenios de cooperación y, como señaló el ministro líneas arriba, aumentarían su integración y cooperación.
Con esa agenda sobre la mesa, el ministro mantuvo a lo largo de 2023 una serie de reuniones con titulares de empresas de medicina prepaga y obras sociales. A las que no cuentan con su propia empresa, la iniciativa les soluciona un problema y hasta podría reducirles un costo.
Frente a la crisis, medicamentos públicos
En la actualidad, existen en Argentina 36 laboratorios de gestión pública, de los cuáles 10 cuentan con certificación nacional de ANMAT para su producción. El resto es para distribución y consumo local o provincial, ya que esa es una de las competencias que las provincias no delegaron en la nación.
“La prioridad son las drogas para pacientes crónicos, que deben consumir la misma medicación de por vida”, adelanta Rachid. “Hay laboratorios que tienen tres líneas de producción y producen 10 medicamentos. Eso los obliga a parar y perder un par de días en la limpieza para recomenzar con otra droga. Nuestra política es un medicamento por línea, produciendo de manera continua, 24 por 7. Es lo más eficiente”, agrega.
Consultado por la sustentabilidad financiera del proyecto, Rachid, que ya participó de otros similares en distintas provincias, anuncia que, “en el primer año suelen cubrir los costos y a partir del segundo ya reinvierten sus ganancias en más producción”. Para Rachid, la creación del laboratorio “es una respuesta en espejo a las iniciativas de Milei para la salud, de retirar al estado nacional”.
En la actualidad, el gasto en medicamentos, especialmente los denominados de baja incidencia o baja prevalencia pero alto costo, supera el 40 por ciento de la estructura de costos de cualquier sistema de salud.
Históricamente rondaba los 16 o 18 puntos, empezó a subir hace unos años y se disparó tras la pandemia, es el diagnóstico compartido por empresarios y sindicalistas. Los laboratorios presentan sus listas de precios, pero nunca sus estructuras de costos. Los precios de una misma droga, entre un país y otro, tienen variaciones de más del 200 por ciento.
