El primer día hábil del año comenzó con una jornada de protestas de cientos de trabajadores cesanteados de la administración pública que pidieron que se de marcha atrás con el decreto N°84/2023 del gobierno de Javier Milei que dispuso que no se renovarán las contrataciones de personal efectuadas durante el año 2023 y prohibió la renovación de los contratos por un periodo mayor a 90 días corridos.

Este martes, los trabajadores realizaron asambleas, ruidazos, ingresos masivos y otras acciones de protesta en las puertas de las distintas carteras donde ya se registraron despidos como en los ministerios de Economía y Cultura (en el Centro Cultural Kirchner) y en las secretarías de Desarrollo Territorial y Hábitat y Trabajo.

En el caso del Ministerio de Economía, según el delegado de ATE Pablo Almeida, se registró el despido de "más de 70 trabajadores" a quienes les notificaron la finalización de su contratación. También "hay entre 1800 y 1900 compañeros que supuestamente se les va a renovar por tres meses, aunque no hay ninguna confirmación", detalló el sindicalista.

El referente de ATE contó esta tarde que gracias a "la presión" que llevaron adelante a través de asambleas y ruidazos se logró que el gobierno "repensara la situación de unos 30 compañeros que fueron retirados de la lista original".

Más allá de los despidos, advirtió Almeida, también se debe considerar que "los salarios se congelan con la inflación". Entonces, "en tres meses ese trabajo no te va a alcanzar ni para venir acá, ni para subsistir. Hay una situación de operatividad que se va a volver crítica porque es imposible desarrollar las tareas en este marco de incertidumbre y con estos salarios tan bajos", remarcó.

En el caso de la Secretaria de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, calculan desde ATE que ya fueron afectados 120 trabajadores, por lo que allí también se realizó una masiva asamblea y se declaró el estado de alerta y movilización permanente.

"Vamos a hacer un recorrido por todo el organismo para que nos reciban y tomen la decisión política de revisar los despidos", subrayó el secretario adjunto de ATE Trabajo, José Luis Farias.

"Este golpe recibido es inicial, son cerca de siete mil despidos nuevos en toda la administración publica. Sabemos que en marzo se viene otro golpe con la revisión de las estructuras del Estado. Va a ser una pelea dura, pero tenemos la decisión y la voluntad y la unidad para seguir peleando y que nos reciban", aseguró y anticipó que el 24 de enero van a participar del paro general nacional convocado por la CGT.

Una reunión para evaluar los despidos y el ajuste

Este martes, la conducción nacional de ATE convocó a una reunión extraordinaria para evaluar denuncias de despidos y las medidas de ajuste sobre el sector público.

El encuentro está programado desde las 16 en el Hotel Quagliaro, en Moreno 2654, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el sindicato analizará "denuncias sobre cientos de cesantías, sanciones y traslados compulsivos", además de "considerar la convocatoria realizada por las centrales obreras para el 24 de enero".

"Es el primer día del año y ya recibimos denuncias sobre despidos, sanciones y traslados compulsivos en el Estado. La insensibilidad de este gobierno es absoluta, dejan a miles de familias en la calle. Son empresarios que no tienen ni idea sobre las verdaderas necesidades de la gente y violentan todas las normas", denunció anoche el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar. 

Despidos en CABA

Según informaron fuentes sindicales, los despidos también se verificaron en la Ciudad de Buenos Aires en el Instituto de Vivienda, y en Desarrollo Humano y Hábitat.

El gremio responsabilizó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por los despidos y los contrastó con la reciente decisión de "los funcionarios de la Ciudad de aumentarse sus ingresos en un 185 por ciento”.

Los afectados son trabajadores que la Ciudad contrató bajo el régimen del monotributo, algunos con años de antigüedad. "Cumplen funciones como agentes de tránsito, operadores territoriales y de asistencia técnica y social de los proyectos de reurbanización, trabajadores de programas Educativos, psicólogos de atención a personas en situación de calle, entre otros tantos", detalló ATE Capital.

"No hay problemas de déficit en la Ciudad de Buenos Aires", añadió el gremio en ese sentido, y recordó que "de hecho, Larreta anunció antes de irse la creación de un fondo anticíclico".