Con la firma de más de un centenar de organizaciones, entidades, redes y colectivos de distintos ámbitos la “Mesa de articulación de niñez” emitió una declaración para denunciar que “el gobierno de Milei se lleva puesto a la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061” y que “a pocos días de asumir avanzó de manera arrasante contra el sistema democrático al pretender reformar y derogar 300 leyes sancionadas por el Congreso Nacional mediante un mega Decreto de Necesidad y Urgencia”. Además de las organizaciones firmantes el texto cuenta con la adhesión de Taty Almeyda y Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo LF; Elia Espen y Mirta Baravalle de Madres de Plaza de Mayo y de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
Refiriéndose tanto al DNU como a la denominada “ley ómnibus” la declaración denuncia que “el objetivo de estas reformas es promover un programa económico que beneficia a unos pocos, eliminar derechos conquistados y mantener el orden social en base a la represión”. Es por ese motivo, se dice, que “no ingenuamente, apenas horas antes de presentar el DNU, el Ministerio de Seguridad publicó un protocolo para el ‘mantenimiento del orden público’ con el objetivo de amedrentar, reprimir, desgastar e inmovilizar a los sectores sociales que no estamos dispuestos a avalar que se hipoteque el presente y el futuro del país”.
Respecto de las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo se dice que las mismas “niegan a niñas, niños, niñes y adolescentes derechos fundamentales, restableciendo viejas y derogadas concepciones en las que el Estado arbitrariamente puede separarles de sus familias” señalando además que “buscan prohibir su participación en manifestaciones para reclamar justamente por los derechos que se les arrebatan, desconociendo así el derecho a organizarse, a que se les escuche y a reclamar, como lo define la propia Convención de los Derechos del Niño”.
En relación a la propuesta de reforma laboral se advierte que de prosperar “incrementará la precariedad del pueblo trabajador, afectando a las familias, a les jóvenes que ingresan a trabajar (y lo harán bajo condiciones cada vez más precarizadas) y profundizará, con creces, la situación de vulnerabilidad en la que ya se encuentran niñas, niñes, niños y adolescentes”. Sin perder de vista, se agrega, que “estas reformas deterioran el derecho a la educación generando condiciones para su arancelamiento” y “atacan los derechos de familias migrantes, al punto de criminalizarles cuando ejercen su derecho a protestar”.
La declaración avanza también en el señalamiento de que, entre otras cuestiones, las propuestas del Ejecutivo “desfinancian el sistema salud con la derogación de leyes fundamentales para regular el mercado farmacéutico y el acceso a la medicación y cobertura integral” y deterioran el sistema de protección de derechos de la niñez reduciendo la planta de quienes trabajan en el mismo.
Afirma la “Mesa de articulación de niñez” que tales iniciativas “permiten la expulsión de infancias y adolescencias indígenas y sus familias de sus territorios, resultan regresivas respecto de los derechos reconocidos en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo” y “exponen a las personas embarazadas a verse obligadas a trabajar hasta último momento de la gestación, entre otros aspectos”.
En el texto, en el que también se advierte que el DNU “lejos de un avance de la libertad, al otorgarle poderes exorbitantes al Ejecutivo, se trata de un avance de la opresión económica y represiva”, se dice que “de concretarse estas reformas, dejarán a niñas, niños, niñes y adolescentes, sin posibilidad de acceso a la cultura, en tanto se cerraría el Instituto Nacional de Teatro y el Fondo Nacional de la Artes, y se desfinanciaría el cine nacional y la música, las bibliotecas populares y los medios de comunicación comunitarios”. Considerando además que “al derogar y modificar la ley de tierras, de minería, de bosques y de manejo del fuego, incidirá negativamente sobre las ya devastadas condiciones ambientales y las posibilidades de acceder al agua potable y a un ambiente sano para garantizar el presente y el futuro de toda la comunidad”.
Frente a la pretensión de “modificar 300 leyes por DNU y tratar leyes ‘ómnibus’ con temas de la más diversa índole”, intento que “atenta contra la división de poderes y las intervenciones del Poder Legislativo distorsionando su funcionamiento y privando de participación a todo el arco político elegido por el voto popular e impidiendo las instancias de participación social que allí se propicia”, se propone rechazar tales iniciativas incluyendo las facultades de poder extraordinario solicitadas por el Poder Ejecutivo.
En función de ello se formula una convocatoria “a quienes trabajamos, criamos y/o militamos con niñas, niños, niñes y adolescentes por el ejercicio y la defensa de sus derechos, sabiendo que estas reformas conducen a acentuar las desigualdades y precarizar más aún las vidas de las nuevas generaciones”. Así mismo se invita “a niñas, niños, niñes y adolescentes a que se acerquen, junto a quienes quieran, para involucrarse en la defensa de sus derechos”. Con estos propósitos se hará una reunión abierta el viernes próximo a las 17:30 en la sede capitalina de Serpaj, en la calle Piedras 730, bajo la consigna “la salida es colectiva”.
