La llegada al gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel trajo consigo ecos del pasado en dos áreas sensibles: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Ministerio de Defensa. En las dos dependencias, militares retirados llegaron para ocupar lugares claves. La reaparición de uniformados en puestos de decisión significa una puesta en tensión de uno de los principios democráticos de los últimos 40 años: la conducción civil de las fuerzas y de los organismos de inteligencia.

Silvestre Sívori, un abogado que trabajó para el macrismo y que no llega a los 40 años, fue designado por Milei para hacerse cargo de la AFI. No se le conocen vínculos con el submundo del espionaje. Lo que destacan todas las fuentes consultadas es su relación estrecha con otro personaje gravitante del mundo de La Libertad Avanza (LLA), pero a quien no se lo conoce la voz: el jefe de Gabinete Nicolás Posse, otro de los egresados de la escudería del empresario Eduardo Eurnekian.

Cerca de Posse hay un militar retirado que cada vez va ganando más terreno. Se trata de Jorge Jesús Antelo, un brigadier que pasó a retiro en 2013 –cuando Agustín Rossi arribó al Ministerio de Defensa. Antelo es el secretario de Estrategia Nacional, un cargo clave dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete y no son pocos los que lo ven como el gran titiritero que va colocando a militares de confianza en espacios de relevancia.

Antelo tiene trayectoria política. Durante el gobierno de Cambiemos –cuando se empezó a ver la tendencia de que militares retirados volvieran a cargos civiles–, él estuvo designado en el Ministerio de Defensa. Fue entonces el director de Planeamiento y Estrategia. Durante esos años también ejerció como asesor de Ramiro Tagliaferro –exmarido de María Eugenia Vidal– en el municipio de Morón, un área históricamente relevante para la Fuerza Aérea por la proximidad de las bases.

Quienes lo conocieron a Antelo en su paso por las fuerzas describen su carácter discreto. Su nombre y su número de documento aparece en uno de los cables filtrados por Wikileaks como uno de los militares que, durante el kirchnerismo, aspiraban a hacer un curso en los Estados Unidos y se pedía que se hiciera un relevamiento sobre antecedentes en materia de derechos humanos. Sus redes sociales están cerradas. Solo se puede ver una foto de un avión con un pájaro. Uno de los contactos que le dio un me gusta cuando la publicó es Jaime García Covarrubias, un exagente de la DINA chilena condenado por torturas.

A Antelo le adjudican la llegada de varios militares a la AFI. Uno de los recién arribados –según publicó Ámbito Financiero– sería CM, un veterano de Malvinas.

Las tres Fuerzas Armadas tienen hijos pródigos desperdigados por los edificios de la exSIDE. Hay retirados de Ejército, Armada y Fuerza Aérea. La Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) habría terminado bajo el mando de un coronel retirado. La ENI es una pieza clave del armado porque por ahí pasan todos los agentes de la AFI y, desde allí, se imprime la visión que tendrán de la inteligencia dentro de la democracia argentina. Durante la gestión de Cristina Caamaño,se había trabajado en la actualización de los planes de estudios y en la incorporación de una mirada desde los derechos humanos. Es posible que todo eso quede en el pasado.

Página/12 procuró chequear la información con la intervención de la AFI. Desde el organismo respondieron que no se puede revelar información sobre la estructura ni los nombres de los funcionarios porque podría ser sancionado con penas de hasta seis años de cárcel. Expertos consultados lo ven como una postura regresiva, ya que no se trata de agentes operativos --que podrían estar en una situación de peligro--, sino de funcionarios que toman decisiones.

Desmilitarizar era la tarea

En julio de 1946, Juan Domingo Perón creó la Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación. El diagnóstico que hacía entonces era que faltaba un organismo que hiciera inteligencia y que no perteneciera a las Fuerzas Armadas, que ya tenían desarrollada esa estructura. La Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) nació en enero de 1956 tras el golpe que derrocó a Perón. Según reconstruye Marcelo Sain, desde entonces, la SIDE recorrió un camino que tendió a la creciente militarización combinada con la Doctrina de Seguridad Nacional –dedicada a la persecución del enemigo interno.

La democracia trajo nuevos retos también dentro de la SIDE: había que desarmar al cerebro de la represión. Según publicó el periodista Gerardo Young en su libro SIDE: La Argentina secreta, durante el alfonsinismo hubo una purga de más de 800 agentes con miras a desmilitarizar el organismo. Hubo militares que volvieron durante la gestión de Juan Bautista “Tata” Yofre al frente del organismo. Uno de ellos fue Carlos Alberto Martínez, el hombre fuerte de la inteligencia de la dictadura, que quedó durante un tiempo al frente de la ENI. Ahora, tienen más lugar que nunca.

En el entorno de Sívori sostienen que Antelo no talló en las designaciones, que fueron sugerencias que llevó el propio “Señor Cinco” –como se conoce al jefe de la AFI– y que tuvieron el visto bueno de Milei. Esas mismas fuentes resaltan que no se discutieron los nombres con Villarruel, quien a priori aparece corrida de sus áreas de interés. Cerca de Sívori no consideran que la proliferación de militares se trate de una regresión porque dicen que son expertos en inteligencia que van a poder profesionalizar la agencia y que se desempeñan bajo las órdenes del interventor civil –que acumuló un caudal importante de poder y el manejo de los fondos reservados que le autoriza Posse, el mismo que lo llevó al mundo de LLA.

“Nunca había pasado una situación semejante”, responde un exagente. “En la Agencia se combatió mucho la presencia de los militares durante la democracia”, rememora.

Los dueños de la defensa

En Defensa, los dos funcionarios más importantes que acompañan al ministro Luis Petri son militares retirados: el jefe de gabinete, Federico Guillermo Becker Fioretti, y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM), Claudio Pasqualini.

Pasqualini es, a todas luces, más conocido. Ocupó la jefatura del Ejército durante el macrismo y, desde la cúspide del poder, impulsó las conmemoraciones de la “memoria completa”. Si bien tiene nexos con Villarruel –que solía asistir a los actos que él organizaba–, dicen que su desembarco en Defensa tuvo el aval de Karina Milei. Pasqualini está casado con Laura Renés, cuyo padre –Athos Renés– está condenado a perpetua por la masacre de Margarita Belén. Hay otro integrante de la familia Renés, Hugo César, que fue parte de la estructura de inteligencia de la dictadura.

Becker es la otra mano derecha de Petri. Teniente coronel retirado, fue director de equipamiento de Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Dicen que tiene más poder que Pasqualini porque también quedó a su cargo el área de Administración del Ministerio.

“La importancia que adquirió en Argentina la conducción política de la Defensa como herramienta de la consolidación democrática desde Raúl Alfonsín en adelante hizo que los cargos fueran ocupados progresivamente por funcionarios civiles. Los militares retirados oficiaban como asesores. Con la asunción de Nilda Garré a fines de 2005 ese principio se profundizó ampliando el organigrama para que civiles estuvieran a cargo del diseño de políticas y supervisión de más áreas, por ejemplo la de Formación militar, Derechos Humanos, Logística, Relaciones Internacionales, entre otras. En ese esquema, las Fuerzas Armadas se concibieron como instrumento militar de la Defensa. Es decir, que la proliferación de militares retirados en cargos políticos es una novedad y muestra una tendencia opuesta a la mencionada”, explica Sabina Frederic, exministra de Seguridad y antropóloga que se dedica a la investigación en la temática.

–¿Puede pensarse como un retroceso?-- le consultó Página/12.

– Sí, porque, por ejemplo, la SIDE en tiempos de Carlos Menem estuvo ocupada en sus segundas líneas también por militares retirados. Sin embargo, me inclinaría por otro argumento. No es que vayan para atrás, ni que solo se opongan al rol central de la conducción política. Es que no pretenden tener definiciones políticas autónomas, de defensa de los intereses soberanos de la Argentina. Al contrario, como muestra la canciller Diana Mondino, la política exterior – con la cual la política de Defensa se articula o depende– es de sobreactuación con un alineamiento sumiso con Estados Unidos.

El largo brazo de Bullrich

Bullrich puso a otro retirado de su confianza en el gabinete de Petri: Marcelo Rozas Garay, actual subsecretario de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias. Él también la acompañó durante su gestión en Seguridad. Durante la campaña, Rozas Garay fue uno de los que distribuyó la carta con la que Bullrich les prometía una “salida justa” a los militares presos. También en la época electoral, Rozas Garay adelantó que las Fuerzas Armadas dejarían de intervenir únicamente ante agresiones estatales externas.

La semana pasada, Bullrich y Petri dieron el primer indicio de que Defensa y Seguridad borrarán su separación histórica –que es uno de los consensos democráticos– con una reunión entre ambos y varios trascendidos off the record. “Confiesan lo que hace rato vienen intentando: que las Fuerzas Armadas se dediquen a tareas de narcotráfico e incluso de terrorismo, fenómeno que hoy en nuestro país no existe, pero lo agregan para apoyar cualquier hipótesis que les convenga para reprimir en cualquier contexto de movilización", advirtió Garré en una entrevista con la AM750.

“Es muy inconveniente involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior porque se las desobliga en cuestiones de Defensa”, agrega, por su parte, el exministro de Defensa Agustín Rossi en diálogo con este diario. “En este momento, con dos conflictos declarados en el mundo, todos los países están fortaleciendo sus áreas de Defensa. Si involucran a las Fuerzas Armadas en este tipo de actividades, éstas van a salir tan o más desprestigiadas que en la dictadura”.