En un nuevo guiño al Gobierno de Javier Milei, la Unión Industrial Argentina (UIA) anunció este jueves que se presentará en las causas presentadas por la CGT y la CTA para defender el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que se encuentra suspendido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La presentación de la central fabril, que en diciembre pasado expresó su respaldo al decreto de necesidad y urgencia y hasta reconoció que varias reformas fueron tomadas a partir sugerencias que ellos vienen militando hace años, será en calidad de amicus curiae, figura que permite participar a terceros ajenos a un proceso judicial que tienen conocimiento y competencia sobre la cuestión.

En un comunicado, la asociación de industriales explicó que se presentará con la "intención de expresar una opinión fundada respecto de la modernización de la legislación laboral, ya que considera que dichos contenidos y sus propuestas se adaptan a las nuevas realidades del empleo, sobre todo para las pequeñas y medianas industrias".

"Las reformas planteadas configuran el camino correcto hacia la creación de empleo privado y la reducción de la litigiosidad y sientan las bases para que, cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles", señaló la UIA, sin reconocer el retroceso de derechos que el DNU implica para trabajadores y trabajadoras.

En la actualidad, continuaron los industriales sobre otro de los motivos que los impulsa a presentarse en la causa, "sólo seis millones de personas tienen empleo formal en Argentina, lo que representa casi un 50% de trabajadores no registrados".

En ese sentido, la UIA recordó que en la campaña electoral "había presentado las propuestas de su Libro Blanco a todos los candidatos presidenciales", y destacó entre ellas "la reducción de la litigiosidad que afecta principalmente a las pymes, la eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal".

También enumeró "el fomento del nuevo empleo a partir de la reducción de cargas laborales; la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad; la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales; entre otras políticas que afectan la sustentabilidad de las empresas y la creación de puestos de trabajo".

Los primeros días de enero, el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 fue suspendido por la justicia, mediante cautelares otorgadas a la CGT y a la CTA. Este jueves, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno de Javier Milei en la causa que inició la CGT para que el caso pueda ser elevado a la Corte Suprema, aunque lo hizo con efecto "devolutivo", lo que implica que la aplicación de ese capítulo seguirá suspendida hasta que el máximo tribunal se pronuncie.