El jueves por la tarde, en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hubo fumata blanca. Como resultado de tres semanas de negociaciones, el Gobierno finalmente presentó un primer borrador con cambios en más de 100 artículos a la Ley Ómnibus. El documento, de unas ocho páginas, fue acercado por el ministro de Interior, Guillermo Francos, y recoge buena parte de las sugerencias, tachaduras y enmiendas que los referentes de los bloques aliados y de la oposición amigable le hicieron al mamotreto original durante el debate en comisiones y también en reuniones reservadas no muy lejos del Congreso, como las que tuvieron lugar en el Hotel Savoy. El oficialismo tuvo que ceder y sólo así logró acercar posiciones con el PRO, la UCR y el bloque de Hacemos Coalición Federal –conducido por Miguel Ángel Pichetto–, aunque no terminó de conformarlos del todo, por lo que durante el fin de semana y al menos hasta el martes –el día al que el Gobierno apuesta a emitir dictamen, para sesionar 48 horas mas tarde– seguirá la rosca a todo trapo para pulir “los últimos detalles” del texto, según confirmaron fuentes legislativas y de la Rosada a Página/12. De ese pacto en ciernes depende, en buena parte, que el megaproyecto insignia de la gestión de Javier Milei --o de lo que quede en pie de él-- no naufrague. 

El listado de concesiones que presentó el oficialismo incluye la reducción a cero de las retenciones a las economías regionales, la quita de YPF del paquete de privatizaciones, el veto a que el Ejecutivo pueda rematar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y la reducción de las facultades delegadas a un año (con la posibilidad de extenderlo a un segundo). Hay otras que están en veremos, como parte de la reforma política (hay una "contrapropuesta" de María Eugenia Vidal respecto de las PASO) y la modifición de Bienes Personales, que el Gobierno podría quitar de la megaley y mandarlo para el debate en sesiones ordinarias, en marzo, junto a la posible reposición de Ganancias. También se incorporó el reclamo de los mandatarios patagónicos para que el Ejecutivo no asuma el control de la política de hidrocarburos, entre muchos otros puntos. 

Las principales espadas legislativas del PRO, la UCR y el bloque de Pichetto interpretaron la presentación del borrador como la primera señal fuerte de haberle torcido el brazo a un Presidente que ahora está dispuesto a ceder, luego de acusarlos públicamente de “coimeros” y de “idiotas útiles” y ejercer presión para aprobar todo a libro cerrado. “Más que las fuerzas del Cielo, Milei se dió cuenta de que necesita la fuerza del Congreso”, lo chicaneó el diputado Nicolás Massot en declaraciones radiales. 

Para Massot, el Gobierno “demostró por primera vez que está dispuesto a negociar”. Pese a todo, fue cauteloso respecto de la posibilidad de que el martes se pueda dictaminar para sesionar finalmente el jueves, un día después del paro con movilización de la CGT, lo que Milei podría contraponer como un triunfo político. Su principal objeción, la misma que hacen sus compañeros de bloque de Hacemos Coalición Federal, pasa por los reclamos del sector agroexportador: aspiran, en tándem con algunos gobernadores, a que el oficialismo ceda también en retrotraer la suba a las retenciones de las commodities. En el borrador hay un listado de productos regionales que irían a cero (papa, girasol, lacteos, limón, etc) pero nada dice de la soja o el maíz, que se mantienen en el 33 por ciento original. El Gobierno cedió al menos en dejar de lado la facultad de subirlas por decreto. 

De todos los capítulos de la ley, el fiscal sigue siendo el más complejo. La tarea de llegar a un acuerdo en ese punto, pese a los avances de esta semana, no pinta nada fácil para el oficialismo. Los actores e intereses en pugna son muchos. “Va a ser un quilombo conformar a todos”, se sinceró en diálogo con Página/12 un legislador del ala dura del PRO, el partido que más apoyo legislativo le ofreció a LLA. "Hay muchos que van a sentir que se los está cagando. Si sacás de acá, hay que poner allá, y así, porque la ley sigue siendo un desastre aunque intentemos enmendarla", ahondó la misma fuente partidaria, que arriesga un futuro "complicado" en el recinto porque "todos los bloques están en ebullición interna". 

Pese al apuro y el optimismo del Gobierno, el poroteo final es todavía incierto. El reloj sigue corriendo y la extensión de las extraordinarias hasta mediados de febrero, además de otra concesión a la oposición light, es una demostración de que el oficialismo no llegaba a cumplir con los tiempos de su calendario original. 

Broncas en el PRO

En el bloque del partido amarillo trinaban de bronca el fin de semana por la filtración del borrador. Algunos sintieron que quedaron expuestos en las negociaciones, lo que no hizo más que profundizar el malestar con Martín Menem y los funcionarios que la Rosada envía al Congreso, una tirria que ya venía creciendo desde que arrancaron las extraordinarias. "Hay muchos legisladores que después van a tener que volver a sus provincias, y en algunos casos se están jugando cosas importantes para los distritos. La verdad es que no se merecen este nivel de exposición y desprolijidad", disparaban. 

Básicamente, en el Pro se sienten destratados. Entienden que pusieron mucho para que el Gobierno "se deje ayudar" y no están siendo recompensados. Tanto Cristian Ritondo como Diego Santilli y hasta la propia Vidal se manifestaron abiertamente en favor del mamotreto y hasta del DNU. Antes habían pedido "cogobernar" y fueron relegados al lugar de meros aliados. No se conforman sólo con aplaudir. Por eso, se animan a las críticas filosas. Algunos se ríen fuera de los micrófonos de la intención original de Menem y Milei de emitir dictamen el viernes para sesionar este sábado, una idea que resultó imposible por absurda. "Ni siquiera llegaban con los tiempos burocráticos de la cámara: ¡no alcanzaba el tiempo para imprimir el dictamen! Son unos improvisados", ironizó un legislador que también tuvo su paso por el Ejecutivo a modo de ejemplo de los quebraderos de cabeza que vivieron las últimas semanas.

La encrucijada radical

El encargado de ingresar este jueves al despacho de Martín Menem en nombre del radicalismo fue el jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo. El cordobés está en una situación complicada, dado que varios de los diputados a los que representa no quieren saber nada con negociar con el Gobierno y se mantienen intransigentes respecto de varios puntos del mamotreto e incluso con el borrador con cambios del Ejecutivo. 

La convención radical, que preside Gastón Manes, emitió un duro comunicado en el que llama "improvisada y poco democrática" a la megaley y hasta recomienda que el bloque de la UCR elabore un dictamen propio, independiente del oficialismo y "ligado a los propósitos e ideales del radicalismo". Manes consensuó el llamado a la convención el martes pasado, en acuerdo con el senador Martín Lousteau, presidente del partido, que también salió a desmarcarse públicamente de un acuerdo. "El documento de la convención no representa a todo el radicalismo, pero sí a muchos dirigentes de todo el país que rechazan las privatizaciones y la delegación de facultades, entre otros puntos", resumía una fuente partidaria al respecto. 

El comunicado de la convención le metió aún más presión a de Loredo, que está en una encrucijada: si su bloque finalmente emitiera un dictamen propio, dejaría en minoría al dictamen del oficialismo y el dictamen mayoritario --de rechazo-- pasaría a ser el de Unión por el Patria. Esa decisión le daría un golpazo a la estrategia legislativa del oficialismo y pondría a los radicales en la vereda del kirchnerismo, algo que también genera ruido interno. Una opción que se baraja en el partido centenario es dictaminar con el proyecto consensuado de LLA y en el recinto votar a favor en general y rechazar los artículos en los que están en contra. Allí podría darse una partición en las votaciones del bloque. Todo está por verse.