El protocolo antiprotesta es el caballito de batalla sobre el que Patricia Bullrich volvió al Ministerio de Seguridad. Dos meses después de haberlo presentado en sociedad, la ministra solo recogió cuestionamientos de organismos internacionales –como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-- y hasta tuvo que acudir a los tribunales de Comodoro Py para defender la legalidad del instrumento con el que pretende que las fuerzas de seguridad federales limiten el ejercicio de la libertad de expresión.
Este miércoles, a las 11, Bullrich debió presentarse a una audiencia convocada por el juez federal Sebastián Casanello, que la semana pasada dictó una cautelar a pedido de la legisladora porteña Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
El clima de la audiencia fue cordial, coincidieron las fuentes consultadas. Fierro, Alejandro Bodart y la abogada Mariana Chiacchio insistieron en que el protocolo es inconstitucional, tal como lo plantearon el 18 de diciembre pasado –cuando iniciaron la acción que circuló por distintos juzgados hasta que llegó a manos de Casanello. Bullrich y los abogados del Ministerio de Seguridad debieron responder a las preguntas que hicieron Casanello y la fiscala federal Paloma Ochoa. Los cuestionamientos estuvieron centrados en la figura de flagrancia.
La ministra debió retirarse temprano porque la esperaba su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para dar una conferencia de prensa que estaba inicialmente pautada para el mediodía, pero que se terminó retrasando por la excursión de Bullrich a Comodoro Py. El juez dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo a las 11, que se reanudará la audiencia y continuarán las preguntas del juzgado y de la fiscalía.
“A Patricia Bullrich y a sus secuaces les ha costado defender ese protocolo, y por eso se pasó a un cuarto intermedio”, dijo Bodart a la salida. “A pesar de que lo intentan defender, se empantanan rápidamente cuando hay alguna pregunta concreta sobre su aplicación”, completó Fierro.
“Esto va a seguir y vamos a seguir planteando su inconstitucionalidad”, dijo la diputada porteña ante los militantes que esperaban en la puerta de los tribunales de Comodoro Py. Entre otros estuvieron los legisladores Alejandrina Barry (PTS) y Gabriel Solano (PO), el sobreviviente de la ESMA Carlos “Sueco” Lordkipanidse y Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En su resolución de la semana pasada, Casanello había advertido que el protocolo de Bullrich recibió objeciones por parte de relatores de las Naciones Unidas porque no sigue los lineamientos de la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos que regula la actuación frente a la protesta.
Antes de oficializar el protocolo, Bullrich no consultó ni con otros organismos del Estado ni con organizaciones de la sociedad civil ni con organismos internacionales. El juez señaló incluso que no había respondido al pedido de informes de la ONU ni aceptado la oferta de recibir asistencia técnica. Durante el fin de semana, la fiscala Ochoa recibió otra información en este sentido. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) –que funciona desde 2017 dentro de la órbita del Congreso– respondió que había solicitado ser recibido por Bullrich pero que no había obtenido respuesta y que su relevamiento sobre la aplicación del protocolo era crítico del accionar de las fuerzas estatales.
El punto conflictivo sobre la intervención de las policías en flagrancia ya había sido advertido también por Casanello cuando dictó la cautelar. En ese momento, el juez recordó que las fuerzas de seguridad son auxiliares del Poder Judicial o del Ministerio Público y que sólo excepcionalmente y con habilitación legal pueden detener personas. Hay otro elemento en el protocolo de Bullrich que ya lo han señalado los organismos internacionales y locales –como el CELS–: la ministra emparenta el ejercicio legítimo de la libertad de expresión con un delito.
Madres y Abuelas contra el protocolo
En las últimas horas, hubo una presentación ante Casanello para que acepte a un grupo de organismos de derechos humanos y juristas como amicus curiae (amigos del tribunal) en el caso sobre el protocolo. La figura está contemplada para aquellos que pueden dar razones técnicas a los jueces ante determinadas controversias.
La presentación está encabezada por las firmas de las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Taty Almeida así como por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. También adhieren Vera Jarach (Fundación Memoria Histórica y Social Argentina), H.I.J.O.S Capital, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el CELS, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), la Comisión Zona Norte, los Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) nacional y de La Matanza, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), entre otros.
“La resolución cuestionada en este proceso aborda la protesta social como un delito lo que, desde ya, implica una limitación abusiva y arbitraria sobre el derecho a la protesta social”, afirmaron en el escrito.
Una audiencia pública contra la represión
El Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT)- Unidad convocó para este jueves a las 16 a a una audiencia pública en el anexo del Congreso. La actividad –organizada por las diputadas Myriam Bregman y Romina del Plá junto con los diputados Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca– será para difundir los informes hechos por organismos como el CELS o la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre la represión en las afueras del Congreso mientras se debatía la llamada ley Ómnibus.
En el encuentro estará presente el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) Matías Aufieri, que recibió un balazo y corre riesgo de perder la visión. También confirmaron su asistencia Norita Cortiñas y otros referentes del movimiento de derechos humanos.
“Van a acompañarnos organismos y gremios que tienen mucho para aportar y para relatar sobre lo ocurrido estos días y sobre las ilegalidades cometidas en el operativo comandado por Bullrich”, explicó Bregman.
