Antes de seguir escalando su pelea con todos los gobernadores, al presidente Javier Milei le convendría dejar por un rato las redes sociales y releer los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución nacional. Son los que fijan las reglas del juicio político que podrían dar un final abrupto a su flamante gobierno.

Un consejo de este tipo puede parecer absurdo cuando apenas se cumplen los primeros dos meses y medio de su mandato, pero pelearse con todos los gobernadores a la vez también parece absurdo y sin embargo está sucediendo.

Cabe recordar que la mayoría de los diputados y senadores responden justamente a esos gobernadores y que los artículos antes nombrados establecen que para iniciar el juicio político a un presidente solo hace falta el voto de dos tercios de los diputados presentes. Para destituirlo, el de los dos tercios de los senadores también presentes.

Un cálculo elemental, al alcance hasta del núcleo chico de Milei, muestra que La Libertad Avanza tiene apenas 38 diputados en una Cámara con 257 miembros y 7 senadores en un cuerpo con 72. ¿Hace falta hacer la cuenta para concluir que está a años luz del tercio que necesita para protegerse?

También cabe recordar lo que pasó en otros países latinoamericanos donde recientemente se decidió la presidencia en balotaje, después de haber elegido a los congresistas en el curso de la primera vuelta. Son Perú y Ecuador.

El peruano Pedro Castillo empezó con minoría parlamentaria pero con el escudo del tercio que impediría su destitución. Se partió su bloque, quedó a tiro de juicio político y perdió el trabajo, y la libertad, a los 13 meses de haberlo conseguido.

No fue el primer caso. Dos años antes corrió el mismo destino Martín Vizcarra y cuatro años antes Pedro Kuczynski. También hay ejemplos contrarios. Enfrentado a un Congreso hostil, a los dos años de haber asumido Alberto Fujimori tomó la decisión inversa. Lo disolvió con respaldo militar.

El ecuatoriano Guillermo Lasso no llegó al 20% en la primera vuelta, que decidía la composición del Parlamento, y sacó el 52,4 en la segunda. No era un gremialista docente de izquierda como Castillo sino el dueño de uno de los principales bancos del país. Pero a los dos años de haber sido elegido terminó arrinconado por el Congreso y tuvo que renunciar y llamar a elecciones.

Lo curioso es que Milei no parecía condenado, y todavía no lo está, a repetir estas experiencias. Por el contrario, tanto el PRO, como los radicales y Hacemos (el bloque encabezado por Miguel Pichetto) se ofrecieron desde el principio como rueda de auxilio parlamentaria. Pero eso hubiera exigido un mínimo de negociación que el presidente al principio no supo y después no quiso encarar. En el camino, se convenció de que lo mejor que podía hacer con la “oposición amigable” era robarle su base electoral, para no depender de ellos en el futuro. Macri entendió el mensaje y ya apareció su mano en el alineamiento completo de los gobernadores de Juntos por el Cambio con los rebeldes del sur. 

Otro consejo para cerrar la nota. En vez de dedicar todo el viaje de vuelta de Estados Unidos a retuitear insultos a los gobernadores como hizo en el de ida (a las 23:15 del viernes llevaba posteados 480 con curiosos elogios a la pedofilia incluidos) le convendría analizar los causales de juicio político que fija el artículo 53 de la Constitución: “Mal desempeño”, “delito en el ejercicio de sus funciones” o “crímenes comunes”. En el artículo 60, el texto deja bien claro que no se trata de un proceso penal, por lo que para condenarlo alcanza con la voluntad política de los parlamentarios. No hacen falta las pruebas que sí requieren las causas judiciales. Solo un simple número al alcance de los gobernadores.

Por supuesto que nadie lo impulsará en voz alta cuando ni siquiera pasaron los 100 días del nuevo Gobierno, pero otra cosa que podría hacer Milei es usar el teléfono para googlear “Caja de Pandora”, no vaya a ser que en medio de la confusión termine abriendo la suya.