El episodio del aumento salarial que Javier Milei decretó para sí mismo y los funcionarios de su gabinete se cobró una nueva víctima con la renuncia de Armando Guibert, quien hasta este lunes estuvo al frente de la Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública, un cargo que el Presidente había creado para él. Si bien Guibert adujo “motivos estrictamente personales”, en la Rosada admiten que el paso al costado estuvo ligado al escándalo que sacudió al Gobierno diez días atrás y que ya había hecho saltar un primer fusible, con el despido en vivo y en directo por televisión del exsecretario de Trabajo, Omar Yasin.

A pesar de que la firma de Guibert no figura en el Decreto 206/2024 que estableció los aumentos –y que luego fue derogado– sus huellas estaban por todos lados. El ahora exfuncionario había encabezado junto al propio Yasin las paritarias de los trabajadores del sector estatal. Aquella negociación se cerró con un incremento del 16 por ciento en enero y otro del 12 por ciento para febrero. Éste último, a diferencia del de enero, había sido homologado para los cargos jerárquicos de la función pública (presidente, vice, ministros, secretarios y subsecretarios), lo que dejó al Gobierno en offside y puso a Milei –cuyo sueldo había trepado inicialmente en un 30 por ciento, antes de la marcha atrás– a dar explicaciones incómodas.

Guibert “entendió que fue parte del proceso que llevó a este error administrativo y decidió dar un paso al costado”, fue la explicación de la Rosada ante la consulta de Página/12 sobre las razones de su salida.

A diferencia de Yasin, que fue sometido a un fusilamiento televisivo, Guibert contó con el beneficio de una salida elegante. “Pese al error que cometió, sigue siendo muy valorado y está muy consustanciado con las ideas del Presidente”, dicen las mismas fuentes oficiales, y remarcan que al menos por ahora seguirá en su otro cargo, “Ad Honorem”, como director del Banco Nación. Respecto de Yasin, en cambio, en la Rosada reconocen que la ira de Milei con él se debió más a las internas que desgañitan al Ministerio de Capital Humano –cartera de la que depende la Secretaría de Trabajo– que al escándalo salarial en sí.

A Milei se lo vió desencajado con el traspié. Primero se cruzó vía Twitter con Cristina Kirchner, a la que intentó usar como chivo expiatorio. La culpó por haber firmado una resolución de 2010 que permite homologar la paritaria estatal a los cargos jerárquicos, pero omitió que en su propio decreto de enero él mismo había desechado esa cláusula, algo que no hizo en febrero, lo que desató el escándalo. Después mandó a retrotraer aumentos similares dictados en Diputados por Martín Menem y en el Senado por Victoria Villarruel. 

La marcha atrás y la sobreactuación demostraron que el escándalo pegó en la línea de flotación de su discurso de austeridad en medio del brutal ajuste al que está sometiendo a la mayoría de los trabajadores. Algunos deslices, como la visita de Karina Milei a la gala de Luis Miguel en La Rural, cuya entrada en promedio costaba 1.500 dólares, o la designación de la militante libertaria Geraldine Calvella en el RENAPER complicaron el cuadro. "Es un tema terminado", intentaban cerrarlo en la Rosada. 

La motosierra de Guibert

Durante el menemismo, Guibert ya había encabezado con éxito el plan de achique y desguace del Estado, antecedente que le valió el llamado de Mieli para encabezar un proceso similar bajo el Gobierno libertario. También se le encargó, de paso, pasar la motosierra por el empleo público, una función similar a la que había tenido durante el macrismo el entonces ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

Durante los cien días que estuvo en el cargo, trabajó bajo las órdenes de Nicolás Posse en una reestructuración transversal de subsecretarías y direcciones nacionales y generales en casi todos los ministerios y organismos descentralizados. En una resolución de enero de este año que lleva su firma, les pidió a los distintos funcionarios de rango político de los distintos ministerios que realicen una "supresión y/o fusión de unidades organizativas que no aporten valor en cuanto a la producción de bienes, servicios y regulaciones". 

En la jefatura de gabinete se apilan los informes con los nuevos organigramas ministeriales. Habrá ajuste de cargos, con su respectiva cuota de despidos. Casi diez mil contratos de trabajadores estatales, según los cálculos de sindicatos como ATE Capital, están en riesgo de caerse. El Gobierno los había extendido en diciembre por apenas tres meses, hasta el 31 de marzo de este año. Milei se vanaglorió recientemente de haber despedido "a 50 mil empleados", dato que es inexacto, pero ilustrativo: la poda podría ser así de brutal. Guibert, antes de irse, dejó los deberes hechos.