Estos tiempos de vicisitudes recuerdan una modalidad, tal vez iluminada por las musas del presidente Javier Milei ( léase Carlos Menem, Domingo Cavallo, Fernando De la Rúa), y algunos actores visibles y ocultos como Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger o Roberto Dromi. Acaso no coincidan los tiempos de ejecución, pero si la ideología y las formas que han dado inicio a jornadas extraordinarias cargadas de dramatismo y dolor en el Congreso de la Nación. 

El gobierno de Javier Milei logró instalar las tres etapas de Menem desde el primer día. Es que encontraron un acometido que viabilizara la última gran hazaña que revindicó la explicación del fracaso de la receta estándar: “Es que todo junto hay que hacerlo durante los primeros sesenta días”. Los que sostienen esa falacia no conocieron al inventor de esta jugada, el ingeniero Álvaro Alsogaray y su teoría de shock.

Alsogaray fue convocado por Menem a colaborar con su gobierno - cuando asumió en situación de hiperinflación y saqueos (1989), con la UCR como primera minoría en diputados y el PJ sólo tenía primera minoría en el Senado-. Sin embargo y frente a la emergencia generada por la catástrofe, la oposición representada por la UCR, aprobó las leyes de emergencia económica y reforma del Estado por un plazo de varios años. Las razones por las cuales a fines de los ochenta se aprobó la delegación de funciones del Congreso en el Ejecutivo, fue que no había otra forma de resolver la crisis. 

Una situación análoga se planteó años después. Como la UCR en 1989, la oposición (Partido Justicialista) en 2001, aportó a la aprobación de los instrumentos jurídicos para salir de la crisis.

Ley de Competitividad

El 26 de marzo de 2001, la Cámara de Diputados aprobó en general la llamada Ley de Competitividad, impulsada por Cavallo. El proyecto fue aprobado con el voto favorable de 153 diputados y el voto en contra de 83. El análisis del voto demostró que se estaba configurando un nuevo diseño político en la Argentina: de los 153 votos favorables, 75 fueron de la UCR y 18 del Frepaso. Votaron a favor del proyecto el 76 por ciento de los diputados de la Alianza. También votaron treinta diputados de PJ, que representaban el 30 por ciento de este bloque, de los cuales 21 habían sido menemistas.

Votaron a favor del proyecto exgobernadores del PJ como Puerta, Escobar y Lafalla. Pero lo hicieron a favor, el ex vicegobernador Romá y el exministro de Economía Remes Lenicov. También votaron a favor cinco de los siete diputados peronistas de Córdoba, lo que hizo evidente el apoyo del gobernador De la Sota. Los 30 votos restantes favorables fueron del Partido de Cavallo -Acción por la República-, y de los partidos provinciales. 

De los 83 votos en contra, 59 fueron del PJ. La mayoría de los diputados de Duhalde votaron en contra.Pero también votaron en contra 13 diputados del Frepaso, 4 de la Unidad Socialista, 2 de la UCR -uno de ellos Elisa Carrió-, y 4 provinciales. Es así como 19 diputados del bloque original de la Alianza votaron en contra del proyecto.

En el tratamiento en particular de los artículos de la ley, el proyecto podía obtener menos de 153 votos, ya que había algunos legisladores que lo votaron en general, y luego discreparon con determinados incisos. Finalmente, aunque no podía decirse que el nombramiento de Cavallo era un cambio de coalición por parte del Poder Ejecutivo, la aprobación del proyecto de ley de competitividad en la Cámara de Diputados, significaba que se estaba articulando un nuevo eje de gobernabilidad, que dividía tanto al PJ como a la Alianza.

La provincia de Buenos Aires

La estrategia del gobernador Carlos Federico Ruckauf hasta la entrada de Cavallo al gobierno de De la Rúa, era precipitar el desplome del presidente, jugando a una elección anticipada, que le permitiera ganar los comicios, dado que era el político con mejor imagen.

La estrategia tenía como gnosis, la crítica situación económica que vivía la provincia, que implicaba una crisis a corto plazo. Estaba claro que el distrito no podía llegar hasta 2003 sin una grave crisis económica, ya que gastaba 10.000 millones de pesos por mes y recaudaba 7.500 millones de pesos. El riesgo que la provincia cayera en default al no poder pagar sus bonos el 30 de marzo 2001 hizo que, una semana antes, el riesgo país de la Argentina alcanzar a 1100 puntos.

La decisión de Cavallo de incorporarse al gobierno de De la Rúa, dejó a Ruckauf sin maniobra, dado que el derrumbe del presidente aun no acontecería, gracias a la expectativa favorable que había generado “el nuevo Cavallo 2001”. Frente al inicio de la etapa Cavallo, Ruckauf comenzó oponiéndose, pero la situación de potencial default de aquel 30 de marzo 2001, hizo que cambiara su enfoque, pasando a apoyar la aprobación de la Ley de Competitividad.

La votación en la ley, puso en evidencia la debilidad de Ruckauf como líder del justicialismo bonaerense, ya que sólo dos diputados del PJ que tenía la provincia de Buenos Aires, votaron favorablemente. Lo hicieron el exministro de economía de la provincia Remes Lenicov y el vicegobernador Rafael Romá.

En cambio, el grueso de los diputados del justicialismo bonaerense, encabezados por Hilda “Chiche” Duhalde y Díaz Bancalari -exministro de gobierno de la provincia-, votaron contra la ley de Cavallo. De la Sota, logró que, de siete diputados del justicialismo cordobés, cinco votaran a favor de la ley. Como consecuencia, en poco tiempo, Ruckauf dejó de ser la figura política con mejor imagen: Cavallo le ganó.

La Argentina mostraba que el “riesgo país” tenía una estrecha relación con las reseñas políticas. La decisión de Cavallo de comenzar por una ley del Congreso que le diera las facultades del artículo 76 de la Constitución, insinuaba que percibía dicha situación, buscando como condición previa para ordenar la economía hacerlo, en primer lugar, con la situación política.

La visión política sobre un posible escenario de default en la Argentina no sólo provocaría un derrumbe económico, sino también político e institucional, que seguramente sería acompañado de un estallido social.

La figura de Cavallo surgía de lúcidas relaciones políticas al hacerse cargo del Ministerio de Economía por segunda vez. Al igual que Javier Milei, la doble situación de economista y político era la peculiaridad más destacada. Merece la pena recordar que Cavallo tuvo su propio partido “Acción por la República”, del que fuera miembro el ministro de Milei Guillermo Francos.

La capacidad de gestar acuerdos entre el PJ y la UCR pasaba a ser la clave de la gobernabilidad. La búsqueda por parte de Cavallo de las facultades del artículo 76 de la Constitución Nacional, incluidas en el artículo 11 de la ley de competitividad, le permitían realizar con orden institucional y certeza jurídica, lo que De la Rúa había tratado de hacer infructuosamente, mediante los DNU. La votación en general en la Cámara de Diputados de la ley de competitividad mostró que la incorporación de Cavallo había generado una incisión transversal en la Alianza (UCR-Frepaso) como en el PJ, incluso en los partidos provinciales.

Coincidencias entre Milei y Cavallo

El proyecto de ley de competitividad, elaborado por Cavallo permitía al Ejecutivo concretar todas las iniciativas que pretendía llevar adelante, ordenadas institucionalmente, porque desde 1994 estaba pendiente la reglamentación del uso de estos decretos con certeza jurídica, dado que las decisiones que se adoptaran en función de la delegación del artículo 76 de la Constitución, no eran revisables judicialmente. De acuerdo a ello, las iniciativas de De la Rúa que estaban frenadas, como la desregulación de las obras sociales y la reforma previsional, quedaban automáticamente vigentes a partir de la sanción de la Ley, tal cual había sido redactada.

Por esta razón, lo primero que buscaron los dirigentes gremiales fue que las temáticas laboral y previsional quedaran al margen del ejercicio de las competencias delegadas al Poder Ejecutivo, de la misma manera que procedieron ahora. Lograron que los gobernadores del PJ, coincidiendo con el Frepaso, excluyeran estas competencias de la delegación.

Sancionada la ley con esta limitación, el Poder Ejecutivo no tenía capacidad de insistir con la reforma previsional, cuyo DNU fue frenado en diputados, ni con la desregulación de las obras sociales. El DNU correspondiente fue suspendido por la justicia, y Cavallo decidió preparar nuevos proyectos que, con forma de ley, serían llevados al Congreso. No obstante la restricción lograda por el sindicalismo, Cavallo buscaba alternativas para avanzar en ambas cuestiones, como así también en una mayor desregulación del mercado laboral, por fuera de la Ley de competitividad.

Con respecto al hábito del DNU, estadísticamente y por la duración de sus mandatos, Alfonsín firmó un DNU cada 185 días; Menem durante su primer gobierno firmó un DNU cada 13 días. En su segundo mandato, Menem firmó un DNU cada 18 días. De la Rúa fue quien más lo utilizó, firmó un DNU cada diez días.

Finalmente, los “planes de competitividad” fracasaron rápidamente, no lograron éxito en su propósito de reactivar la economía. El FMI comenzaba a enviar mensajes de que no apoyaría el canje de la deuda, de manera que en solo cuatro meses el ministro de Economía giraba raudamente hacia la ortodoxia fiscal.

La oposición peronista, después del “escándalo de la Banelco”, tuvo una postura ambivalente frente al gobierno. Apoyó la regla de “déficit cero”, que coincidentemente con el gobierno de Milei, contaba con una justificación inexpugnable que apoyaba la medida. El justicialismo parecía ser,  por momentos, el primer sostén del gobierno, los candidatos peronistas tenían mensajes más constructivos que los oficialistas. El Partido Justicialista estuvo representado por Daniel Scioli- nuevo miembro del gobierno de LLA-como primer diputado en la lista que llevaba como senador a Horacio Tomas Liendo (h), también del partido de Cavallo, Acción por la República.

Estaba por delante la reestructuración de la deuda pública (canje de bonos por nuevos títulos globales, pagaderos en 2008, 2018 y 2031) pero se temía que un fracaso de esta operación hiciera caer al país en default. Ante el temor generado entre los tenedores internacionales de la deuda de que la reestructuración fuera compulsiva, tal como se había hecho con los bancos argentinos, De la Rúa anunciaba que la misma sería voluntaria. Mientras tanto, el riesgo país se disparaba a 2121 puntos básicos. El canje comenzaba el 1 de noviembre 2001 y, en un solo día, el riesgo país subió 400 puntos, hasta llegar a superar los 2.500 puntos básicos.

Bancos locales y gobernadores daban señales de apoyo, pero ya nada parecía disipar el temor a la bancarrota de la Argentina. Cavallo y De la Rúa viajaron a Estados Unidos a pedir ayuda, pero llegarían en un momento poco propicio: a menos de dos meses del atentado terrorista en Nueva York, reivindicado por Al Qaeda, y el gobierno federal encabezado por George Bush, que no estaba demasiado dispuesto a realizar un salvataje internacional en ese marco.

Palpitando la dinámica de los acontecimientos de un símil a Milei que duró solo ocho meses, conmemoramos toda aquella maratónica inútil delegación de facultades extraordinarias. Recuerde al ministro de Economía detentando todo el poder, tratando de reestructurar la deuda, yendo y viniendo a Washington, implorando ayuda al FMI. Aunque los bancos locales habían aceptado la propuesta compulsiva y, los gobernadores de Córdoba y Santa Fe aceptaban el “pacto fiscal” que les imponía el gobierno, las marchas diarias a Plaza de Mayo comunicaban la espiralización de la protesta. Con “estado de sitio”, la máxima suspensión y restricción de las garantías y derechos constitucionales; la abstracción de la realidad, favorecía las conformidades para que se produjera un estallido social de proporciones inimaginables.

*@pablotigani Director de Fundación Esperanza.  Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional. Doctor en Ciencia Política, autor de seis libros.