El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) no ceja en su intención de entorpecer las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La última jugada le corresponde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que le negó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) la posibilidad de acceder a legajos de efectivos de las fuerzas de seguridad federales para investigar el destino de los niños y las niñas robados durante el terrorismo de Estado.
Bullrich y su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, trabajaron un domingo para rechazar un pedido de acceso a documentación que habían hecho desde la Conadi, el organismo que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y contribuye con la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura. A primera hora del lunes, la contestación circuló entre medios de comunicación. No había llegado entonces a manos de sus verdaderos destinatarios.
La Conadi se creó en 1992, durante el gobierno de Carlos Menem —idolatrado por Javier Milei—. Fue a partir de un pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo para que existiera un organismo técnico que se ocupara de aplicar los artículos sobre identidad de la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2001, se sancionó la ley 25.457, que ratificó las funciones de la Conadi como receptora de denuncias e impulsora de análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
En 2004, Néstor Kirchner firmó el decreto 715 a través del cual creó una unidad especial de investigación de la desaparición de menores como consecuencia del terrorismo de Estado. A partir de esta decisión se le concedió a la Conadi la posibilidad de acceder a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
Bullrich desconoce la capacidad de la Conadi de investigar y sostiene que solo pueden hacerlo los jueces o los fiscales. La Conadi no es el único organismo del Poder Ejecutivo que lleva adelante investigaciones: también lo hacen, entre otros, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) o la Unidad Especial de Investigación del atentado contra la AMIA. Después de un relevamiento administrativo, judicializan sus hallazgos. Hay otro argumento curioso: la ministra de Seguridad sostiene que el decreto no tiene el mismo valor que la ley —sorprendente para un gobierno que se propuso gobernar a puro decretazo—.
El Ministerio de Seguridad hizo trascender que la Conadi había pedido tener acceso a 70 legajos, lo que consideró una “demanda de información indiscriminada” y tildó de “infundadas solicitudes” por parte de un “organismo militante”. Según Bullrich, esta pesquisa afecta el derecho a la intimidad de las fuerzas de seguridad a su cargo.
La Ministra pretende presentar la búsqueda de los niños y niñas apropiados durante la dictadura como una cacería de brujas. Lo que hace la Conadi es descartar casos de apropiación antes de hacer la presentación judicial. Si el Gobierno cierra esta vía, no terminará protegiendo a quienes pretende preservar: por el contrario, los uniformados o los civiles del Ministerio de Seguridad acabarán con expedientes abiertos en los tribunales para determinar si se apropiaron de un bebé en los años del terrorismo de Estado.
Por depender de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Página/12 consultó a voceros de Alberto Baños si tenían algún comentario para hacer sobre los dichos de la ministra de Seguridad y el entorpecimiento de la labor de la Conadi. La respuesta fue que, por el momento, no había comentarios.
Bullrich contra el proceso de verdad y justicia
Manfroni es el nexo entre el mundo Bullrich y el mundo Victoria Villarruel. Excolumnista de la revista ultraderechista Cabildo, Manfroni escribió un libro con la vicepresidenta que justifica la violencia estatal durante los años ‘70. Durante la campaña, Manfroni había publicado en La Nación que estaban buscando una solución para los mayores de 70 años presos por secuestrar, torturar, violar, matar y desaparecer.
No es la primera vez que Bullrich atenta contra la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes de la dictadura. Durante su primera gestión al frente de la cartera de Seguridad, la Ministra había desarmado el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), encargado de los allanamientos para extraer ADN a personas que se sospechaba que podían ser hijas o hijos de desaparecidos. Además, Bullrich desmontó los equipos de relevamiento documental que aportaban información a las causas.
En su segunda vuelta como titular del Ministerio de Seguridad, Bullrich dejó caer las recompensas que se abonaban a quienes aporten datos para encontrar a los represores prófugos. La nueva decisión apunta a debilitar a los organismos que contribuyen con las Abuelas de Plaza de Mayo a encontrar a los nietos.
“La política de derechos humanos es una política de Estado en la Argentina y Patricia Bullrich, como funcionaria del Estado, debería respetarla”, sostiene Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña. Esa es su función. “El pronunciamiento del Ministerio de Seguridad es vergonzoso, como también lo es el accionar del Ministerio de Defensa en la reivindicación de la dictadura cívico-militar. Desde el primer día, parece que Bullrich la única seguridad que cuida como ministra es la de los genocidas”, señala Montenegro, que es una de las nietas encontradas por Abuelas de Plaza de Mayo.
“Es un retroceso gigante. Ningún gobierno había cuestionado la búsqueda de los nietos que faltan ni a la Conadi”, apunta el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti. Él también es uno de los bebés apropiados que restituyó su identidad. “Siguen pensando que lo que hicieron los militares —incluida la apropiación de menores— estuvo bien. Da mucha bronca que sea Patricia Bullrich quien se ponga en esta posición, considerando que fue militante montonera y que muchos de los hijos de sus compañeros fueron secuestrados”, agrega.
Desde la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense salieron al cruce de la decisión del Ministerio de Seguridad. “Entorpece la búsqueda de la verdad”, explica el subsecretario Matías Moreno.
"Bullrich vuelve con la vieja diatriba de proteger los datos de los apropiadores. Se olvida del deber que tiene el Estado con aquellos que buscan a sus familiares o con quienes buscan conocer su identidad", aporta Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
Una política negacionista
Bullrich venía quedando atrás en la carrera negacionista con su delfín, Luis Petri. El ministro de Defensa fue el primero en negarle información a la Conadi a través del subsecretario Guillermo Madero, un hombre que reportaba en las filas de Bullrich y pegó el garrochazo hacia las de Villarruel.
Petri, además, desmanteló los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental, que habían sido creados en 2010 para responder a los requerimientos de los juicios por delitos contra la humanidad. En la última semana, el Ministro le dio su visto bueno a los actos reivindicatorios de la dictadura que se llevaron a cabo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Su número dos, Claudio Pasqualini, dijo que había que dejar atrás el pasado mientras hablaba de “guerra sucia”, organizaciones “subversivas” y de fallas “humanitarias” por los represores que están en la cárcel.
La situación de la Conadi fue planteada como una preocupación por Estela de Carlotto en una audiencia ante el Senado, ya que integra el universo de organismos estatales que podrían ser eliminados por decisión de Milei si se aprueba, tal como está, la ley Bases. Lo mismo sucede con el Banco Nacional de Datos Genéticos —BNDG— conformado durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Todo indica que la alarma de Abuelas no fue excesiva.
