El presidente Mauricio Macri, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, fueron imputados por la emisión de títulos de deuda de corto plazo (Lebacs) bajo la sospecha de que habrían “manipulado” el “verdadero valor de la divisa”. La causa se inició a partir de una denuncia presentada en noviembre por un grupo de diputados kirchneristas, quienes acusaron al Gobierno por la aplicación de una política monetaria que -entre diciembre de 2015 y octubre de 2016- habría generado “daños a las arcas públicas”.

La denuncia había sido presentada por los diputados kirchneristas Héctor Recalde, María Teresa García, Carlos Castagneto, Adrián Grana, Carlos Morena, Diana Conti y Rodolfo Tailhade el 17 de noviembre. Los legisladores fueron a tribunales luego de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento de la ex Presidenta en la causa por dólar futuro. Consideraron que si la justicia establece que las políticas de fijación del tipo de cambio pueden ser judiciables, en el caso de las Lebacs el perjuicio para el erario público fue mucho mayor que en el dólar futuro. En este caso, además, entrarían en la investigación quienes resultaron beneficiados por la medida, cosa que el juez Claudio Bonadio no tuvo en cuenta en la causa de dólar futuro, ya que entre los compradores, en ese expediente, se destacan varios funcionarios macristas.     

La fiscal Paloma Ochoa elevó ayer la imputación y solicitó al juez Daniel Rafecas que realice una batería de medidas de prueba para avanzar con la investigación.

La fiscal sostuvo que la “emisión abusiva” de títulos de deuda pública interna, a través de la herramienta financiera de los Lebacs, y externa, por medio de bonos, “habría ocasionado un significativo detrimento de las arcas del Estado nacional en beneficio de determinados grupos económicos”.

Ochoa remarcó que, “ante la evidente disparidad entre el valor real del dólar y el precio ficticio que le fuera asignado”, los grupos económicos citados “aprovecharon la ocasión para obtener dólares a valores ficticios y sin límite alguno que luego fraguaron del sistema financiero argentino”.

En el dictamen, la fiscal detalló que la maniobra se habría realizado a través de dos mecanismos denunciados por los legisladores nacionales del Frente para la Victoria: “uso fraudulento de Lebacs” y “endeudamiento fraudulento”.

“Se habría utilizado como herramienta para manipular el verdadero valor de la divisa la emisión de más de 685 mil millones de títulos de deuda de corto plazo (Lebacs) con rendimientos en concepto de tasa de interés que rozaron el 40 por ciento anual en pesos”, escribió la fiscal en su dictamen tras invocar la denuncia. 

Ochoa hizo referencia al fallo de la Cámara Federal porteña en la causa del dólar futuro. Dijo que en ese caso, también está en debate “la licitud de los instrumentos financieros aquí cuestionados”. 

En este sentido, destacó una parte del voto de los camaristas Martín Irurzún y Eduardo Farah en ese expediente. Señaló que ellos interpretaron que la potestad monetaria para intervenir en el mercado cambiario y financiero está limitada por una regulación específica.  

Entre las medidas de prueba que pidió la representante del Ministerio Público Fiscal figura que “se requiera a las entidades correspondientes que informen la nómina de las personas físicas y jurídicas que adquirieron LEBACS durante el plazo comprendido entre el 10 de diciembre del 2015 y el presente”. A los efectos de circunscribirla, se sugiere limitar la requisitoria respecto de las mil personas físicas y jurídicas residentes que mayor volumen de letras operaron. 

Ochoa también pidió que “se solicite al Ministerio de Hacienda y Finanzas Pública de la Nación que informe la totalidad de deuda externa emitida desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el presente, debiéndose detallar la tasa de interés fijada en esos bonos, como así también los plazos de su amortización”.