Ingresó al programa de testigos protegidos
Vandenbroele ya tiene quien lo cuide
El Ministerio de Justicia confirmó, a través de un comunicado, que Alejandro Vandenbroele ingresó provisoriamente al Programa de Protección de Testigos tras el pedido formal elevado por la Justicia al titular de la cartera, Germán Garavano, quien aclaró que “no brindará más detalles para no poner en riesgo la integridad del testigo”.

Cabe recordar que el ingreso al programa es voluntario y la permanencia en el mismo exige el cumplimiento de las condiciones fijadas por la ley 25.764, que contempla que tanto los testigos como los imputados deberán aportar información relevante en la investigación en la que estén involucrados.

El juicio en el cual está involucrado Vandenbroele, el Caso Ciccone, comenzó el 3 de octubre pasado con una fuerte cobertura mediática –tal como relató Raúl Kollmann en este diario-, como parte de la ofensiva judicial-electoral de Comodoro Py contra ex funcionarios de la administración anterior, y cuenta entre los principales imputados al ex vicepresidente Amado Boudou.

Durante la primera audiencia, Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou, apartó del caso a su abogada Liliana Cobas, y según sus allegados se había mostrado molesto por las versiones que indicaban que estaba dispuesto a convertirse en arrepentido, cosa que su condición de testigo protegido ahora confirmaría.

Tal como describió Kollmann en su momento, “el caso Ciccone está referido a una de las imprentas más sofisticadas del país, encargada de imprimir billetes, títulos universitarios, cédulas del automotor y otros documentos. La empresa de los hermanos Ciccone estaba quebrada y el juez de la causa comercial le dio el manejo a una firma competidora, Boldt, compañía con fuerte presencia en los casinos de la Provincia de Buenos Aires. En el ambiente político se decía que Boldt tenía, además, relación con el ex presidente Eduardo Duhalde. La jugada del gobierno de Néstor Kirchner, con Boudou como ministro de Economía, fue evitar la concentración, es decir que las dos imprentas más sofisticadas del país estuvieran en las mismas manos, además relacionadas con el juego”.

La cuestión central es que, según la acusación, Boudou negoció para quedarse con Ciccone: le habría pedido el 70 por ciento de las acciones a la familia dueña originaria a cambio de salvar la empresa de la quiebra. Boudou niega categóricamente que él o sus amigos tengan algo que ver con la propiedad de la imprenta ni con la empresa fantasma The Old Fund, que se quedó con Ciccone. Ni tampoco con las offshore accionistas o financistas de The Old Fund. El ex ministro de Economía afirma que todo el dinero provino del empresario Raúl Moneta, con la asistencia financiera de Jorge Brito. Los delitos que se le imputan a Boudou son negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, es decir coimas.