Desde Santa Fe.

Los 19 fiscales y defensores de primera y segunda instancia de Santa Fe ratificaron ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados todas y cada una de sus denuncias al procurador general de la Corte Suprema Jorge Barraguirre, a quien acusan por supuesto "abuso de poder", "tráfico de influencias", "mal trato" y "acoso laboral", entre otros cargos. "Es una situación lamentable, pero la gravedad de los hechos y el mal desempeño del procurador ameritan esta instancia" dijo el fiscal de Cámaras Nº 1 Miguel Angel Molinari a Rosario/12. Mientras que su colega, el defensor general de Cámaras Carlos María Morales coincidió en que se trata de "una cuestión de gravedad institucional" que la Legislatura debe resolver.

Molinari recordó que las denuncias a Barraguirre fueron presentadas primero ante la Corte Suprema de la provincia, el 31 de marzo, en una causa en la que los funcionarios del Ministerio Público relataron hechos y ofrecieron pruebas. Pero a los tres meses, el 13 de junio, el tribunal declaró su "incompetencia funcional" con un decreto de sólo cuatro líneas que firma el secretario de Gobierno, Eduardo Bordas. Por lo que, el 11 de setiembre, los denunciantes solicitaron a la Legislatura el juicio político a Barraguirre y su remoción del cargo.

El pedido se presentó ante la Cámara de Diputados que lo derivó a la comisión del ramo, que preside el jefe del bloque del Frente Progresista Eduardo Di Pollina. El expediente se abrió el 25 de octubre, así que la semana pasada la comisión dedicó una mañana y parte de la tarde a escuchar a los 19 fiscales y defensores que le apuntan a Barraguirre. Todos ratificaron sus denuncias y en algunos casos presentaron escritos en audiencias documentadas por taquígrafos. Di Pollina estuvo acompañado por las diputadas Silvia Simoncini y Verónica Benas.

Molinari dijo que ofrecieron a la comisión de Juicio Político "todas la prueba que avalan los hechos lamentables" que fiscales y defensores le achacan al procurador de la Corte y "se traducen en un mal desempeño de su cargo". Es una situación penosa que afectó al "Ministerio Público, al fuero penal, a la Corte Suprema y a la independencia del Poder Judicial" e impactó a los funcionarios que "padecieron esos hechos" en el plano "psíquico, personal, familiar y funcional".

Por lo tanto, "estamos ante un caso de gravedad institucional" por el "alto cargo" que ocupa Barraguirre. Así que "no solo los integrantes del Ministerio Público" sino la "ciudadanía santafesina espera que estos hechos se esclarezcan porque si se prueban es inaceptable que una persona en tal alto cargo provoque lo que ha causado", agregó Molinari.

Morales coincidió que Barraguirre ha provocado una crisis de "gravedad institucional" en el Ministerio Público. "Agradecemos que la Legislatura haya abierto esta instancia", dijo el defensor de Cámaras. Y explicó que relató ante los legisladores "todo lo que me consta y se por haberlo sufrido".

--¿Que dice su escrito? -le preguntó Rosario 12.

--Hablo de mal trato y del abuso de autoridad" del procurador de la Corte. "Hago una defensa de lo que el doctor Barraguirre pretende decir que nosotros somos unos vagos que no trabajamos. Si el doctor Barraguirre analizara las estadísticas, se daría cuenta de que la baja en el número de causas no es una cuestión de vagancia, sino que al crearse el nuevo sistema penal, el sistema de conclusión se causas se queda sin trabajo. Por eso la Corte dispuso que dos defensores penales pasen a ser defensores civiles porque éstos están recargados de trabajo -explicó Morales.

En el planteo a la Cámara de Diputados, los fiscales y defensores advierten no sólo sobre el supuesto "mal desempeño" de Barraguirre, "sino también su escaso equilibrio emocional al actuar al margen de los límites que le impone su jerarquía judicial". Y menciona que se trata de "comportamientos arbitrarios, abuso de poder, tráfico de influencias, inestabilidad, falta de idoneidad, ecuanimidad, mal trato y acoso laboral".

"El mal desempeño se manifestó en actos que han atentado contra la institucionalidad en general y contra todos los que recurrimos en particular, afectando nuestra salud y el funcionamiento del Ministerio Público", explicaron los denunciantes.