La suerte del camarista federal Eduardo Freiler quedará definida hoy por el jurado de enjuiciamiento, que anunciará si lo destituye o lo absuelve en el juicio político al que llegó acusado de mal desempeño por no poder justificar –según los consejeros acusadores– su patrimonio ni sus gastos con su sueldo de juez. Freiler fue uno de los primeros nombres que aparecieron en una especie de lista negra de magistrados en la mira del gobierno de Mauricio Macri. Quienes actuaron como fiscales en el proceso de remoción –el diputado Pablo Tonelli (Cambiemos) y el abogado Miguel Piedecasas– sostienen que Freiler no puede explicar cómo obtuvo cerca de 16 millones de pesos, según un análisis de sus ingresos y gastos desde 2012 hasta octubre de 2016.

El juicio político a Freiler tuvo dos situaciones controvertidas en su origen: como el oficialismo no lograba sumar los votos necesarios para acusarlo, motorizó una denuncia contra uno de los integrantes del Consejo, el senador Ruperto Godoy, por ocupar ese cargo sin ser abogado (requisito que no aparece en la ley) y con una sentencia de Cámara le impidió votar pese a que no estaba firme y que se había nombrado reemplazante. Con un consejero menos, bastaron menos votos para sumar dos tercios. La segunda cuestión es que Freiler ya había sido juzgado penalmente por enriquecimiento ilícito y resultó sobreseído. Pero los consejeros fieles al macrismo decidieron avanzar igual. La ausencia de uno de los consejeros (a Godoy no lo dejaron votar y a su reemplazante le demoraron la jura) en aquel plenario es lo que invocó la defensa del camarista para pedir la nulidad del jury.

En la historia de Freiler hay ciertos fallos que han sido particularmente irritantes para la Casa Rosada: el procesamiento de Mauricio Macri por las escuchas cuando era jefe de gobierno porteño; su postura para archivar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner; su impulso a la indagatoria de los dueños de Clarín y La Nación por la apropiación de Papel Prensa durante la última dictadura, entre otras.

 Tonelli y Piedecasas pusieron el acento en la adquisición de algunos bienes por parte de Freiler, como una casa de 600 metros cuadrados frente a la quinta de Olivos por la que pagó 2,8 millones de pesos aunque la valuación fiscal era de 5,3 millones. Para pagar tomó un crédito de la Inversora Callao por 1,2 millón (una entidad con más vínculos en la Justicia, ya que, por ejemplo, estuvo ligada a la conformación de la Asociación de Jueces Federales, creada este año, donde manda el juez federal Ariel Lijo). En la lista de su patrimonio agregan un departamento en Pinamar, una casa, terrenos en Necochea, ocho autos, tres embarcaciones, cuatro cuatriciclos, caballos y ganado.

El abogado de Freiler, José María Olivares, también había planteado que el camarista suspendido ya fue juzgado por su patrimonio.

El jurado está integrado por los jueces Inés Cantisani y Mario Márquez; los senadores Walter Barrionuevo (FpV-PJ) y Silvia del Rosario Giacoppo (Cambiemos); los diputados Diana Conti (FpV) y Hugo Marcucci (Cambiemos) y el abogado Raúl Piaggio. Para la destitución de un juez se requieren al menos cinco votos de los siete miembros.

En el Consejo de la Magistratura siguen en trámite otros expedientes contra Freiler, donde también se estudian otros bienes y operaciones que generaron revuelo simultáneo con el juicio político, en especial cuando fue a declarar la ex esposa de Alfredo Lijo, un conocido operador judicial hermano del juez federal Ariel Lijo: la mujer contó que su ex marido, “Freddy” como lo apodan, tenía un balneario junto con Freiler en Necochea. Lijo es el juez que mandó a detener a Amado Boudou, después de que lo denunciaran dos entidades vinculadas el Gobierno por una auditoría sobre su trabajo que lleva adelante el Cuerpo de Auditores del Consejo. Su hermano tenía que ir a declarar esta semana ante los consejeros de Disciplina y Acusación, pero la cita quedó postergada. La denuncia contra el juez Lijo también le tocó al diputado macrista Tonelli, acusador de Freiler.