Piden intervenir el Poder Judicial de Jujuy por el caso de Milagro Sala
“La intervención es la única salida”
La solicitud quedó planteada en un proyecto que advierte que el Estado argentino podría incurrir en responsabilidad internacional al no cumplir el reclamo de la ONU de liberar a la dirigente social. Los detalles de la iniciativa.
La iniciativa advierte que Morales se jacta de su dominio de los jueces.La iniciativa advierte que Morales se jacta de su dominio de los jueces.La iniciativa advierte que Morales se jacta de su dominio de los jueces.
La iniciativa advierte que Morales se jacta de su dominio de los jueces. 
(Imagen: Guadalupe Lombardo)

La posibilidad de intervenir el Poder Judicial de Jujuy tomó forma esta semana en un proyecto de ley que plantea que el Estado argentino podría incurrir en responsabilidad internacional al incumplir con la liberación de Milagro Sala indicada por una resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y que es una atribución del Congreso interceder para que se respeten las obligaciones con el sistema interamericano. También para garantizar, dice el texto, “el pleno goce de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos”. Advierte, además, son agravantes las expresiones del gobernador radical Gerardo Morales –en las que afirmó que no iba a liberar a la dirigente de la organización Tupac Amaru– porque “afecta la forma republicana de gobierno”, una forma de jactarse “su dominio sobre las decisiones que deberían tomar los jueces”. El proyecto fue presentado por el diputado Adrián Grana (Frente para la Victoria) y lleva las firmas de otros trece legisladores del bloque. Aunque no está incluido en las sesiones extraordinarias y quedaría para marzo, pone sobre el tapete la gravedad del escenario. 

La propuesta de Grana sugiere una intervención por 60 días, prorrogables por 60 más, la designación de un interventor federal y la declaración en comisión del Poder Judicial de la provincia. El interventor  tendría como misión: suspender en sus funciones a los jueces o juezas que hayan participado en expedientes judiciales en los que esté o haya estado privada de su libertad Milagro Sala; nombrar reemplazantes interinos/as provenientes de otras jurisdicciones; e iniciar una investigación sobre la violación de derechos de Sala y tomar las medidas necesarias para el respeto de los derechos en Jujuy. Deberían abocarse en forma inmediata a los expedientes que afectan a la legisladora del Parlasur.

Hoy son dos los jueces que mantienen en pie la detención de Milagro Sala y que, si avanza la intervención, estarían en problemas. Uno es Pablo Pullén Llermanos, quien le atribuye a Sala la tentativa de homicidio de una niña de 11 años herida en un tiroteo en 2007, que era un ajuste de cuentas. En rigor, en un comienzo el juez le imputó el encubrimiento de un prófugo, Jorge Páez: decía que le daba plata a su hija para ayudarlo; cuando a Páez lo detuvieron, éste declaró que no disparó ni intentó un ajuste de cuentas con Alberto Cardozo, que él se quedó en un auto y que fue obligado por Milagro ese día a cambio de un ofrecimiento económico. Pullén Llermanos sólo toma como prueba el testimonio de Páez, que a la vez es incriminado por cinco testigos. Pullén Llermanos también la tiene detenida en otro caso por lesiones graves. Otro juez, Gastón Mercau, la detuvo por supuesta extorsión, administración fraudulenta y asociación ilícita por presuntas irregularidades en firmas de convenios con cooperativas a fines de 2015 (aunque esos expedientes no fueron firmados por Sala o la Tupac Amaru ni cobrados por ella). Todas son posteriores a su detención de Sala el 16 de enero a raíz de un acampe frente a la casa de gobierno local. A partir de ahí se multiplican las causas. 

“La intervención del Poder Judicial es la única salida porque ha quedado demostrado Milagro no puede contar con una justicia independiente: los jueces y fiscales direccionan sus investigaciones, primero ordenan detener a Milagro y después buscan pruebas sobre los hechos denunciados; Morales dijo en enero ‘no voy a negociar la libertad de Milagro Sala por el levantamiento del acampe’ y hace unas semanas afirmó ‘ yo no voy a liberar a esa mujer’, en Jujuy hoy Milagro Sala no puede contar con una justicia independiente del poder político”, comentó Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas de Sala en aval al proyecto.   

Hace casi un año, apenas asumió la gobernación Morales mostró su interés en el máximo dominio sobre el Poder Judicial local: logró ampliar la Corte provincial de cinco a nueve miembros por una reforma legislativa tan grosera que dos de los diputados que votaron esa modificación a los dos días asumieron como integrantes, ellos mismos, del superior tribunal: Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Un tercero, Federico Otaola, también había sido legislador de la UCR. Esta Corte intervino por primera vez en el caso de Sala la semana pasada, y rechazó sus planteos de arbitrariedad y es lo que hará que el caso llegue a la Corte nacional. 

El proyecto de ley no sólo recuerda la resolución del grupo de trabajo de la ONU que señala la arbitrariedad de la detención y la privación del derecho de defensa, sino que recuerda que el 3 de noviembre  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió información sobre qué acciones implementó el Estado para acatar la decisión del Grupo de Trabajo y hace unos días se hizo pública la carta del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigiendo la inmediata liberación de Milagro Sala.