Tema de debate Cómo impactarán sobre los trabajadores los cambios que impulsa el Gobierno
Los derechos laborales en la mira
La reforma laboral apuesta a reducir los costos empresarios recortando históricos beneficios del trabajador. Al considerar el trabajo humano como una mercancía, puede llevar a reproducir el proceso histórico marcado por la cuestión social del siglo XIX.

Un camino hacia el siglo XIX

Por Juan Carlos Fernández Madrid *

El derecho del trabajo, con fundamento en el principio protectorio que reconoce la hiposuficiencia del trabajador frente al empleador desde el momento de la contratación, nació a comienzos del siglo XX como instrumento necesario para resolver la cuestión social sufrida por los obreros durante el siglo XIX.

El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, reconoció que la paz social sólo es posible con justicia social. Se creó la OIT como organismo tripartito integrado por representantes de los trabajadores, de los empresarios y de los gobiernos, cuya misión sería la de redactar convenios que contuvieran el reconocimiento de los derechos básicos de los dependientes, y la de controlar su cumplimiento efectivo en las diferentes naciones. En 1919 en la primera reunión del organismo realizada en Washington se redactó el convenio Nº 1 sobre jornada, una de las cuestiones que se persiguió conseguir durante los largos años de lucha.

Entre nosotros, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, afirma con claridad el principio protectorio que constituye la idea fundamental informadora de toda nuestra organización jurídico laboral. Y en tal sentido establece que el trabajo en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes.

Esta idea fundamental, que revaloriza la condición del hombre y le da al trabajo una consideración privilegiada, ha inspirado nuestra ley de Contrato de Trabajo 20.744, que en su artículo 4º considera que el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Y que sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2004 ha dicho en el caso Aquino, en términos que reitera en numerosos fallos posteriores como el del 2016 sobre las tarifas de gas, que el hombre no es objeto de mercado alguno y que prevalece en todos los casos su excelsa dignidad. La dignidad de la persona humana ha sido reconocida asimismo como cuestión fundamental en el nuevo Código Civil y Comercial, que asume como paradigma la protección de los más débiles, por ejemplo en el contrato de consumo.

Ya en el año 2000, con la sanción de la escandalosa ley 25250, hoy derogada, se intentó el debilitamiento de la protección, en nombre de la economía de mercado y so pretexto de bajar el costo laboral para hacer competitiva nuestra producción, y con el propósito declamado de paliar el desempleo. Ahora, con las mismas excusas, y como único medio de competir en el ámbito internacional o de conseguir inversiones, se intenta conmover las tres reivindicaciones históricas del derecho del trabajo: el empleo estable, el salario suficiente, y las condiciones de trabajo dignas y equitativas. Y se pretende ajustar la normativa a una realidad social inicua, desplazando al hombre del centro de la política social. De ahí que este gobierno de CEOS ha pasado de defender a los trabajadores a defenderse de ellos y de proteger a los asalariados a proteger a los empresarios y a garantizar sus inversiones anteponiendo esta garantía a la tutela de los derechos humanos esenciales.

Con este propósito, entre otras cosas, se restringe la responsabilidad solidaria para favorecer la tercerización y la impunidad del empresario beneficiario de la producción, se ataca la relación de dependencia generando la anomalía de los falsos autónomos, se vulnera el principio de irrenunciabilidad permitiendo que los trabajadores renuncien a los mejores derechos reconocidos en el contrato individual, se anuncia una modificación sustancial del régimen de indemnizaciones por despido, y se profundiza el sistema de pasantías que es una herramienta usual del fraude a la ley laboral.

En definitiva este gobierno pretende iniciar en materia laboral un camino que al considerar al trabajo humano como una mercancía, puede llevar a reproducir el proceso histórico marcado por la cuestión social del siglo XIX.

 * Abogado, juez y profesor universitario UBA.


La dimensión humana

Por Vanesa Siley *

Al Plenario de Comisiones, de Trabajo y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda en el Senado de la Nación, el día 23 de noviembre, fueron tres ministros del gobierno a dar “explicaciones” respecto de los proyectos de “reformas” que ahí se acordaban: la Previsional y la Tributaria.

Si buscan en Youtube van a encontrar el video de ese día. Ahí estaban el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio; el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Alberto Triaca (hijo homónimo de quién fuera ministro de Trabajo de Menen, además de interventor y partícipe principal del desguace y venta espúrea -al 10 por ciento de su valor- de SOMISA). Los tres parlotearon en idioma difícil las bondades de dichos proyectos: que “el fin de la etapa de litigiosidad”, que “equilibrio de las cuentas públicas”, que “la reducción del déficit fiscal al 2,5 por ciento en términos del Producto”, que “un País viable”, que “el financiamiento de la baja de impuestos va a provenir de la responsabilidad y la austeridad fiscal”, que “la fórmula de movilidad que existía hasta ahora se ha tornado obsoleta”, que “todos ponen”, que “la armonización de los distintos sistemas es esencial para la sustentabilidad del sistema de seguridad social”. 

Pero en ninguna oportunidad hablaron con la verdad: recorte jubilatorio, es decir, sacarle plata a nuestros abuelos y abuelas, empobrecimiento de los ingresos propios de las provincias argentinas, precarización laboral y quita de derechos adquiridos de la clase trabajadora. No se dijo que austeridad significa despidos en el sector público, quitar el bono de fin de año, ni que van a bajar las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo. No se habló de los seres humanos detrás de las cuentas públicas. 

No creemos en esos tecnicismos, porque sabemos que en todo hay ideología. Así lo escribió el Gobierno de Cambiemos en el primer borrador de “reforma” laboral cuando cambia el concepto de trabajo: en donde ya no habría una relación de poder, entre una parte (la trabajadora) que se encuentra en desigual condición frente a su contraparte (empleadora), sino que habrían dos partes que cooperan. Esta es la falsa pirinola de Cambiemos, donde en el “todos ponen” siempre gana el rico y solo pierde el pobre. Entonces el Estado ya no estaría para proteger al débil (principio pro operario), sino para garantizar y legalizar el éxito del poderoso (nuevo principio pro). 

El encuentro en Luján del día de la Soberanía, convocado por la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, más movimientos sociales, más la Secretaría Gremial de la CGT y varios gremios, más las dos CTAs, más la negativa de la casi totalidad de las delegaciones regionales de la CGT, hicieron posible frenar la mal llamada “reforma laboral”, hicieron posible una masiva movilización contra el recorte jubilatorio. Frente a un inmenso poder económico, que cuenta con medios de comunicación y cerco mediático absoluto, que cuenta con parte del Poder Judicial, que cuenta con un Estado laudando a su favor, hay una fuerza que no va dejar clausurar sueños, y que crece día a día. 

Porque como menciona el Programa de Unidad Ciudadana “para volver a tener futuro”: será desde la institución Congreso de la Nación pero junto a las instituciones del Pueblo (en coordinación, solidaridad y unidad) cuánto debemos hacer para que no se desgrane el tejido social, para que no logren quebrar la credibilidad política, y de cualquier representatividad, y para que las cuentas del Estado vuelvan a cerrar solo con la gente adentro. 

* Secretaria general Sitraju-CABA. Diputada nacional electa.