Después de la sentencia de la megacausa fueron liberados cinco represores de la ESMA
Las consecuencias de las penas bajas
El tribunal autorizó la libertad condicional de cinco condenados, dos ya estaban con prisión domiciliaria. Todos recibirán una pulsera electrónica. La fiscalía y las querellas se quejaron de la falta de proporcionalidad de las penas en relación con los delitos.
El miércoles pasado 29 represores recibieron prisión perpetua, pero hubo seis penas a 8 años.El miércoles pasado 29 represores recibieron prisión perpetua, pero hubo seis penas a 8 años.El miércoles pasado 29 represores recibieron prisión perpetua, pero hubo seis penas a 8 años.El miércoles pasado 29 represores recibieron prisión perpetua, pero hubo seis penas a 8 años.El miércoles pasado 29 represores recibieron prisión perpetua, pero hubo seis penas a 8 años.
El miércoles pasado 29 represores recibieron prisión perpetua, pero hubo seis penas a 8 años. 
Imagen: Leandro Teysseire

Llegó el primer efecto de las condenas bajas de la ESMA. El Tribunal Oral Federal 5 liberó a cinco integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 condenados la semana pasada a penas de entre 8 y 11 años de prisión. Los cinco formaron parte del Grupo de Operaciones Especiales de la Armada (GOEA), la estructura operativa que a partir de 1981 se integró al GT. Y todos son conocidos como parte del Informe Basterra, aquel trabajo presentado por Víctor Basterra ante la Justicia en 1984 que reúne datos y las fotos que les hizo a los represores mientras estaba como prisionero en el centro clandestino de la Armada. El TOF tomó la decisión de excarcelarlos luego de una audiencia convocada de modo urgente a pedido del Ministerio Público Fiscal. A la audiencia concurrieron todas las partes. Fiscalía y querellas plantearon oposiciones sobre la base de la nueva ley que protege la vulnerabilidad de las víctimas de crímenes aberrantes y explicaron allí la decisión de apelar el monto de las penas porque las consideran desproporcionadas frente a la magnitud de los crímenes. Uno de los liberados –Héctor Francisco Polchi– fue condenado a 11 años por 65 secuestros y 67 tormentos cuando la pena prevista para un robo con arma, por ejemplo, tiene una escala prevista de 5 a 15 años de prisión. 

“Yo no hablé desde lo jurídico sino de lo que significa que estos genocidas estén en libertad para nuestra seguridad como sobrevivientes”, dice Carlos Lordkipanidse luego de la audiencia y a poco de terminar su presentación frente a los jueces. “Hay que ponerse en el lugar de Víctor Basterra porque cada uno de los tipos que largaron, cada uno de ellos, fue posible reconocerlo solamente por las fotos que él sacó. También estuvo todo el trabajo que hicimos nosotros desde la Asociación (de ex Detenidos) porque al comienzo sólo tuvimos una foto y un apodo, y después hubo que identificar quién era quién, hacer reconocimiento de fotos, buscarlos, porque en muchos casos el poder judicial no se dedicó a hacerlo ”. 

La preocupación por las libertades comenzaron la semana pasada, en el mismo momento que el tribunal leía la sentencia. Al escuchar estas condenas, fiscales y querellas explicaron el problema que se venía: primero por el monto de una parte de las penas y segundo porque sonaron desproporcionadas frente a los hechos imputados. Y ese dato fue confirmado durante la misma lectura de la sentencia por las disidencias que se iban escuchando en el fallo en minoría de uno de los jueces, Daniel Obligado. Obligado dictó en todos los casos penas más altas con los parámetros del juicio anterior, concluido en 2011. 

Pero el miércoles, en la sala, se escucharon las primeras voces de alarma. Una de ellas fue la del coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat. Y ayer en diálogo con este diario la fiscal Angeles Ramos explicó la desproporcionalidad. “La consecuencia del veredicto es que la pena se volvió desproporcional en relación a la magnitud del daño causado”, dijo. “ Lo que se advirtió en el veredicto es que se perforó por muy poquito los montos por encima de los mínimos para la cantidad de hechos que el Tribunal probó”. Los fundamentos deberán explicar lo que el jueves quedó esbozado: la relación entre hechos y penas.

En este caso, el beneficio alcanzó a: Héctor Polchi, condenado a once años, Patricio Oscar Altamira, de la Sección Operaciones del GT 3.3.2, condenado a 8 años y seis meses de prisión por 23 secuestros, 25 tormentos y 2 casos de privación ilegal de menores de edad; Daniel Humberto Baucero, del GT, condenado a 10 años por 34 secuestros, 36 tormentos y 3 casos de privación de un menor; Juan de Dios Daer, condenado a 8 años por 6 secuestros y 7 tormentos y a Antonio Rosario Pereyra, condenado a 10 años por 12 secuestros y 11 tormentos. Todos ellos integraron lo que la acusación fiscal denominó GOEA. “En el año 1981 existió lo que se llamó el Grupo de Operaciones Especiales de la Armada, que sumó a la estructura represiva trabajando coordinadamente con la Jefatura de Inteligencia Naval (JEIN). Los legajos de la Armada desclasificados señalaron que sus integrantes realizaron tareas ‘operativas, riesgosas, secretas y militares’. Basterra declaró sostenidamente en todas las instancias que le tocó que el GOEA ‘era lo mismo con otro nombre’. Y se dividía como todo Estado Mayor con sus cuatro departamentos”, señalaron en el juicio los fiscales Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Friele. 

Las condenas probaron que el grupo existió, pero también están diciendo que les quitaron las acusaciones por homicidios imputados para esa época, entre ellos el asesinato de Jorge Julio Villar. Para todos ellos la fiscalía había pedido perpetuas. “La audiencia de ayer se fijó a pedido del fiscal Abel Córdoba para que las víctimas puedan dar su opinión de acuerdo a la nueva ley de víctimas”, explicó Liliana Alanís, de Justicia Ya! “La ley dice que para todas las cuestiones que tienen que ver con la libertad debe escucharse a las víctimas. Nosotros dijimos que la ley está vigente. Que corresponde escuchar a las víctimas. Y también adelantamos que nos oponíamos a la excarcelación. La fiscalía le pidió al Tribunal un informe de riesgo sobre la situación de todas las víctimas antes de tomar una decisión. Pero eso era muy difícil en un proceso de excarcelaciones con 24 horas tiempo. Planteamos que no podían ser excarcelados porque están en juego crímenes aberrantes en un proceso que duró cinco años con 40 años de espera. Dijimos que víctimas y testigos son agredidos y amenazados y que si damos la libertad a los genocidas, en vez de ser el juicio más grande de la historia, se iba a transformar en el juicio de la impunidad. Pero el problema también es otro: el haber dictado penas tan bajas, inevitablemente lleva a que al momento de cumplirlas, sean dadas por purgadas”. En la audiencia estuvo el Cels. Y habló el abogado Rodolfo Yanzón sobre la cobertura mediática que aún tienen los detenidos. 

A las cinco de la tarde, el TOF había tomado la decisión de otorgarles la libertad condicional. Pereyra y Altamira ya estaban con domiciliaria. Todos recibirán pulsera electrónica para monitoreo. Los votos fueron de Obligado y Adriana Palliotti. Leopoldo Bruglia está de viaje desde el viernes pasado.