La proximidad de las elecciones en la provincia, que en dos domingos irá a las urnas en comicios de cargos locales y de convencionales constituyentes, convirtió un asunto meramente administrativo en una disputa política entre las casas Gris y Rosada. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue ayer hasta el obrador del puente que unirá la ciudad capital con Santo Tomé para afirmar que la tarea “no se para y ningún burócrata nos va a decir qué hacer en la provincia”. 

Un día antes había circulado en los medios un comunicado de Vialidad Nacional que ordenaba a la administración local detener los trabajos, cuya autenticidad es al menos dudosa. El propio gobierno local explicó que no había recibido una notificación oficial del nacional. De todos modos, el pequeño entuerto sirvió de plataforma para dinamitar los puentes entre Unidos y La Libertad Avanza (LLA), con la mira puesta en la disputa electoral.

En síntesis, el tema es así: ante la ausencia de obra pública nacional, el Gobierno de Santa Fe decidió llevar adelante por su cuenta –es decir, con recursos propios- los trabajos del puente, que debería hacer Nación. Para eso firmaron un convenio en octubre pasado. En la misma tónica, pero hasta ahora sin suerte, Pullaro pidió que el presidente Javier Milei le ceda la posibilidad de reparar y mantener las rutas federales que atraviesan la provincia, en estado de abandono libertario. Ahora, con la obra del puente Santa Fe-Santo Tomé en marcha, la Dirección Nacional de Vialidad recordó que le había solicitado a Santa Fe estudios de impacto hidrológico y medioambiental que la gestión provincial no habría presentado, de modo tal que los trabajos deberían frenarse. Escenario ideal para la sobreactuación electoral.

Temprano en la mañana, Pullaro se presentó ayer en el obrador del puente. No estaba solo. Lo acompañaban el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el senador provincial por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; los intendentes Juan Pablo Poletti de Santa Fe y Miguel Weiss Ackerley de Santo Tomé; y personal de la Dirección Provincial de Vialidad, conjunto demostrativo de la envergadura del problema. “La obra no va a parar”, declaró.

Hermanados en algunos conceptos como el ajuste del gasto público, el señalamiento de derechos laborales como “privilegios”, la afectación de jubilaciones y el superávit fiscal, la proximidad de las elecciones impulsó al Gobierno provincial a otorgarle nitidez a la diferenciación con el nacional. La obra pública es uno de los ejes de distinción.

Todo santafesino

Pullaro dijo desde el obrador del puente que “es una obra provincial que hacemos con recursos de todos los santafesinos y de todas las santafesinas, que está sobre una traza provincial que se emplaza sobre dos ciudades que pertenecen a la provincia de Santa Fe, sobre un río también que es de la provincia de Santa Fe. Por eso no hay ninguna posibilidad que la obra la paremos bajo ningún tipo de intimación que nos puedan hacer”.

Con la cuestión jurisdiccional salvada, el gobernador avanzó: “Nosotros vamos a trabajar, a dialogar, a seguir trabajando junto a Vialidad Nacional. Nos llamó poderosamente la atención esto, pero queremos tener mucha claridad y bajo ningún concepto esta obra se va a parar, se va a terminar en los plazos que nosotros nos comprometimos con la sociedad”.

Allí fue cuando apuntó a Nación: “Ningún burócrata nos va a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer sobre el territorio de la provincia de Santa Fe”. Por si no había quedado claro, insistió: “En la provincia de Santa Fe y sobre la provincia de Santa Fe nadie nos va a decir qué obra tenemos que hacer; nosotros vamos a hacer la obra que entendamos que tenemos que hacer con los recursos de la provincia”.

De todos modos, afirmó que “le vamos a entregar a Nación la documentación que ellos entiendan que le pueden solicitar a la provincia. No hay ningún inconveniente sobre eso”, en referencia a los informes reclamados por la Dirección Nacional de Vialidad. “Pero la obra –remarcó- bajo ningún concepto la vamos a parar”.

Una para cada uno

El puente Santa Fe-Santo Tomé, que comenzó a levantar la Casa Gris, irá en paralelo al puente Carretero, de jurisdicción nacional. El que hace la provincia desemboca en una ruta nacional, lo que requiere algún tipo de coordinación entre las administraciones.

El ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, explicó: “Vamos a construir una obra provincial a la par de un puente nacional, que el día de mañana va a servir para descongestionar la circulación de dos ciudades”. Se trata, remarcó, de “una estructura provincial de obra junto a una estructura nacional. Apelamos a que el día de mañana nos pongamos de acuerdo, y que un puente sea para un sentido y otro para otro”.

El funcionario del gabinete de Pullaro admitió que faltan los documentos que pidió Vialidad Nacional en materia hidrológica y ambiental. “Nosotros tenemos seguridad del proyecto de avance, hay un convenio firmado entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial que regula el flujo de información, hay información que nos han requerido y que obviamente no está producida porque se va a hacer en el momento en que se tenga que hacer esa documentación técnica”.

Mientras Santa Fe prepara el papeleo, el gobernador recordó que la del puente Santa Fe-Santo Tomé es “una obra que fue prometida hace 20 años atrás, que la prometieron diferentes presidentes de la República Argentina, que incumplieron todos con la palabra”. Pero ahora, “la decisión de la provincia es hacer una obra con fondos provinciales, tal vez la obra más importante que estamos haciendo en la provincia de Santa Fe”.

Según informó el Gobierno provincial, el enlace tendrá una longitud de 1.324 metros y cuenta con un presupuesto de 39.811 millones de pesos y un plazo de ejecución de 24 meses. Tal vez, para entonces, las aguas se hayan calmado y la sangre no llegue al río, Salado, que es el que surca en forma aérea la obra que generó la disputa.