El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, presentará hoy en la Casa Rosada, junto al presidente Mauricio Macri, un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Como ya se ha visto en relación a otras áreas de gobierno –por ejemplo en educación con el Plan Maestro–, el programa promete el cumplimiento de un largo listado de medidas, en este caso “para transformar a la Argentina en un país de puertas abiertas”. Una síntesis del plan fue adelantada a los medios, en un texto que enumera 243 “metas” a cumplir entre 2017 y 2020. Sus enunciados son incuestionables, pero contienen la paradoja de prometer exactamente lo contrario de lo que ha hecho el macrismo en los dos años que lleva de gestión.

En un reflejo de este tropiezo con la realidad, en un artículo que publicó ayer el diario La Nación, Avruj sostuvo que en el Plan el gobierno “ha priorizado la temática de los pueblos originarios, con el objetivo de proteger, garantizar y promover el acceso a los derechos de las comunidades de todo el país” (sic).  

Un listado de algunos de los puntos que se darán a conocer públicamente hoy entre los 243 “compromisos” a asumir por el Estado: “implementar el Cuerpo de Abogados/as contra la Violencia de Género” (el gobierno acumula denuncias por la reducción de fondos para la lucha contra la violencia de género); “instrumentar dispositivos, eficaces y eficientes, de acompañamiento y asistencia a los testigos en todo el territorio nacional, en el marco de los juicios contra el terrorismo de Estado” (una de las primeras medidas de la gestión de Macri, en enero de 2016, fue recortar el equipo del Centro de Asistencia Fernando Ulloa y luego de otras dependencias estatales que coordinaban políticas públicas de memoria);  “culminar los relevamientos territoriales para determinar la ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades indígenas” (Santiago Maldonado, Rafael Nahuel); “fortalecer a los/as trabajadores/as y las unidades productivas de la economía popular desde un abordaje integral que redunde en mayores resultados socioeconómicos” (las organizaciones sociales, incluidas las que participan del diálogo con el gobierno, denuncian la situación opuesta). 

Los organismos de derechos humanos adelantaron que darán su opinión sobre el plan una vez que conozcan su contenido. De hecho, no participaron de su redacción. Algunos enviarán al acto en la Casa Rosada a integrantes de sus segundas líneas para escuchar la propuesta, mientras que otros directamente adelantaron que no irán. 

“No podemos. Mandaron la invitación sobre la hora al directorio de organismo en la Esma, el jueves, con lo que no nos dieron ni siquiera tiempo para sentarnos a debatirlo. Por lo que trascendió, el plan es excelente, parece que viviéramos en Suiza”, comentó Graciela Lois, de Familiares de Detenidos y Desa- parecidos por Razones Políticas.