Estados que no apoyan a la ciencia, empresas que prescinden de la investigación para generar utilidades, científicos que se fugan en busca de mejores posibilidades, un modelo de desarrollo que privilegia la dependencia frente a la soberanía y la sombra de las grandes potencias que lo coordinan todo. La historia de las naciones latinoamericanas experimentan fenómenos calcados que se reflejan en espejos que ahuyentan. En este marco, el investigador mexicano Javier Flores traza el panorama de su país y reflexiona acerca de estas realidades paralelas.
Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en ciencias en la especialidad de Fisiología y Biofísica y doctor en ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas por el Instituto Politécnico Nacional. En la actualidad, se desempeña como profesor titular en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y como miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Es periodista científico desde hace cuatro décadas y concentró sus intereses en la descripción y el análisis de la política científica local.
–¿Qué funciones cumple el Foro Consultivo del que participa?
–Emergió con la primera Ley de Ciencia y Tecnología de México en 2002. Se trata de un organismo cuyo cuerpo directivo está compuesto por las principales instituciones empresariales y de educación superior, por las academias, así como también por representantes científicos elegidos por sus pares. Cumple con funciones de asesoría y, en general, se proponen políticas con el propósito de colaborar con el Poder Ejecutivo, los legisladores y el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología).
–¿Todos los científicos pertenecen al Conacyt?
–El sistema está integrado por 27 mil personas en la actualidad. Si bien es cierto que no comprende a la totalidad de investigadores mexicanos, representa a la mayoría.
–El presidente comunicó que México no llegará al 1 por ciento del PBI en ciencia y tecnología, como se había previsto. Algo muy similar a lo ocurrido en Argentina.
–En México, el objetivo de conquistar el 1% del PBI nació a la par de la Ley de Ciencia y Tecnología. Es una meta que se planteó, en este sentido, como una obligación legal. Ahora experimentamos nuestro mejor momento con el 0,56% del Producto Bruto Interno destinado al área. Antes de asumir sus funciones, Enrique Peña Nieto aseguró que alcanzaría dicha meta antes de 2018 (cuando finaliza su mandato) pero ya vemos que no cumplió.
–En Argentina, la promesa de campaña de Macri fue de 1,5%. En una nota de agosto, este diario comunica que el ministro Lino Barañao pospuso la conquista del 1% para el 2023.
–Bueno, es que en México no fuimos tan ambiciosos. El discurso del Ejecutivo propone que una parte debe ser aportada por el Gobierno y otra por el sector privado. El problema, también, es que los privados colaboran muy poco: estamos en un 80% de aporte gubernamental y apenas un 20% de las empresas. En este sentido, la manera de desligarse de la responsabilidad legal de llegar al 1% es apuntar contra la falta de compromiso del sector empresarial. Si bien era una meta recomendada por organismos internacionales –como la Unesco–, en la actualidad, se trata más bien de un objetivo obsoleto porque los países de desarrollo científico intermedio ya andan entre el 1,5 y el 2% del PBI.
–¿Y cuál es la meta entonces?
–Que el Gobierno, año tras año, aumente sus presupuestos destinados al sector. Se deben revisar los mecanismos pasados y crear nuevos para fomentar la participación de las empresas, para aproximarnos a metas más razonables.
–¿Por qué es importante incrementar el presupuesto en CyT? ¿Cómo se materializan las cifras?
–Porque se resolverían varios puntos de atoramiento que enfrenta la ciencia mexicana. En principio, el crecimiento del número de investigadores, ya que si bien es cierto que contamos con un programa de becas de posgrado (nacionales e internacionales) para la capacitación de nuestros científicos, no pueden ser contratados porque no crecen las instituciones. Se forman recursos humanos, pero no hay preocupación por la infraestructura que los absorbe. Por otro lado, se experimenta un envejecimiento de la planta, de tal manera que jubilarse como científico en México es prácticamente condenarse a la muerte porque uno resigna la mayor parte de sus ingresos.
–Entonces, si un joven decide hacer carrera científica no cuenta con los espacios suficientes para poder desarrollarse.
–Claro, a menos que se abra un espacio en alguna institución que decida incorporarlo. En su momento se crearon los programas de repatriación (ahora suspendido), pues, los jóvenes se iban a latitudes con mejores posibilidades de desarrollo. Aquí, el sistema nacional de investigadores no brinda empleo de modo directo, sino más bien genera programas de estímulos. De hecho, una condición para pertenecer al sistema es estar contratado por un instituto, laboratorio o centro.
–Frente a un panorama como este debe resultar difícil generar vocaciones científicas.
–Sí, aunque creo que es fundamental continuar estimulando a los jóvenes para que se formen como investigadores. Eso genera una masa crítica que produce una presión sobre el sistema y abre nuevas posibilidades. Además, las personas que tienen una preparación científica cuentan con más oportunidades en la vida y hallan soluciones vinculadas a iniciativas de emprendedorismo.
–En Argentina, la presión sobre el sistema encontró el obstáculo de las autoridades. Desde el año pasado, a 500 investigadores se les negó su derecho de ingresar al Conicet.
–Sí, es que cualquier política científico-tecnológica guarda relación directa con el modelo de desarrollo. En los países industrializados de Europa y Estados Unidos, los científicos se forman gracias a una inversión considerable de las empresas y a un aporte menor de los gobiernos. En México, los privados no han necesitado invertir en investigación porque tal y como están, aún conservan utilidades muy grandes. Sin ir más lejos, Carlos Slim –una de las personas más ricas del mundo– no incorpora en Telmex los aportes científicos. Eso crea la idea de que se puede crecer sin invertir en ciencia. En esta línea, nuestro aparato productivo siempre estuvo subordinado a la economía de EE.UU. Nuestras exportaciones se vinculan con el armado de productos que pertenecen a otros, y al fin y al cabo, la única ventaja competitiva que tenemos es el costo de la mano de obra y no el conocimiento.
–El clásico esquema de exportar materia prima y brindar mano de obra barata para que los poderosos produzcan.
–Nosotros exportamos petróleo e importamos gasolina. Esa distorsión es la que impide que haya un desarrollo del aparato productivo mexicano, que reclamaría la innovación que tiene anclaje en la ciencia y en la tecnología. En la actualidad, las autoridades se encuentran más conscientes de esta realidad y tratan de orientar políticas capaces de estimular el vínculo entre las empresas y los centros de investigación.
–¿Por qué el estado mexicano debería apoyar a la ciencia?
–Porque se hace muy buena ciencia con representantes de altísimo nivel. Todos nuestros investigadores son reconocidos a nivel internacional y contamos con universidades muy bien posicionadas en los rankings mundiales (como la UNAM), pero el presupuesto es muy acotado. Tenemos que dejar de ser dependientes de EE.UU., por eso pienso que las intenciones de Donald Trump de romper el acuerdo de libre comercio y levantar un muro en la frontera tendrían un costado positivo.
–¿En qué sentido?
–Obligaría a la economía mexicana a moverse en otras direcciones para lograr desarrollar sus propias capacidades.
