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Las organizaciones sociales tiraron dos baldazos de porquería contra la puerta del Ministerio de Economía. Fue en una protesta por el parate de las obras de urbanización de los barrios populares, que el Estado está obligado a realizar, por ley, pero que el gobierno de La Libertad Avanza dejó sin fondos. “Se están robando la plata destinada a urbanizar nuestros barrios y no inundarnos”, denunció una de las manifestantes en el acto que las organizaciones realizaron en las escalinatas del edificio. La dorada puerta de Economía quedó enchastrada "con la misma mezcla de barro, basura y desbordes de pozos ciegos en la que hoy chapotean miles de inundados por las lluvias de esta semana".
La realización de obras para que los barrios tengan servicios públicos -agua, luz, cloacas- está garantizada por la ley 27.453, actualmente vigente. Esa ley obliga al Estado a urbanizar los barrios populares. Hay 6400 ya censados.
Sin embargo, desde el año pasado el gobierno de Javier Milei viene discontinuando las obras. De más de 700 que estaban aprobadas, envió presupuesto sólo para 130, y a valores de 2022. Como era de esperar, los trabajos se resintieron. Este año Milei dió un paso más y eliminó el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), que era el mecanismo para financiarlas.
El pedido
El FISU recibía un porcentaje del impuesto a la compra de dólares (hoy derogado). También obtuvo un porcentaje del impuesto a las grandes fortunas, que se pagó por única vez durante la pandemia.
El pedido de las organizaciones sociales es que el Ministerio de Economía dé a conocer el estado de los fondos que recaudó con el FISU así como el detalle del dinero disponible, los montos ejecutados y los pagos pendientes.
“Queremos también un cronograma de pagos de lo adeudado y que se fije un nuevo mecanismo de recaudación de fondos para cumplir con la ley”, planteó al hablar en el acto Gastón Reyes, del MTE.
Por otra parte, las organizaciones le reclamaron a Sebastián Pareja, que es el subsecretario de Integración Socio Urbana, un plan de gestión para que las obras sean retomadas. Pareja es el armador político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, es decir que tiene una llegada fluida a la Casa Rosada. El funcionario ha defendido públicamente lo hecho por la Secretaría de Integración durante el gobierno anterior.
La protesta
En la puerta del ministerio se reunieron las organizaciones de la Mesa Nacional de Barrios Populares (TECHO, Cáritas y UTEP) . También se acercaron trabajadores del Estado, organizados en ATE. Un operativo de la Policía Federal impidió cortar la calle y desplegó un segundo cordón de policías alrededor de la Casa Rosada, es decir en la vereda de enfrente.
“La paralización de las obras y la de otros programas como el Procrear ha dejado a más de 26 mil cooperativas y a más de 400 mil trabajadores de la construcción en la calle”, denunció la delegada de ATE.
Muchos de los trabajadores eran vecinos de los propios barrios, ya que la ley les garantizaba un porcentaje de los trabajos a cooperativas locales.
Los referentes de las organizaciones sociales, en ese sentido, reseñaron cómo la Ley hizo que decenas de miles de personas aprendieran oficios -de electricidad, plomería, albañilería-, que se formalizara la propiedad de la viviendas, que la calidad de vida de las familias mejorara.
"Es tremendo lo que está pasando, tremenda la desidia de este gobierno, tremendo el abandono. Especialmente para nosotros como pueblo, después de haber caminado tanto, porque desde 2015 venimos peleando por la realización de las obras, y hoy podemos decir que gracias a las que se hicieron en la mitad de nuestro barrio, donde llegamos a hacer los cordones cunetas, no hubo inundación. Hoy da bronca, da impotencia ver los sueños quebrados de tantas familias, verlos pisar la mierda, que es lo que pisamos nosotros al no tener derechos", dijo Lila Calderón, referente de una cooperativa de Cipolletti.
“No hay libertad real mientras millones viven sin agua, sin luz y sin un techo”, concluyó Maximiliano Maita, del FOL.
