El secretario general de la regional más importante de la provincia del sindicato de Comercio, Julio Rubén Ledesma, se reunió con la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Trabajo, Walter Correa, para analizar el curso del conflicto con el gobierno nacional, que se niega a homologar la paritaria firmada por la entidad nacional del sector, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAecys), y las cámaras empresarias supermercadistas.
El conflicto comenzó exactamente dos semanas atrás, cuando la secretaría de Trabajo de Nación, en cabeza del abogado de Techint, Julio Cordero, en vez de homologar la paritaria, paso ineludible para que el acuerdo se haga efectivo y de cumplimiento obligatorio, envió notas a las partes instándolas a buscar otro acuerdo.
El que está vigente, a pesar de la negativa oficial a convalidarlo, llevaría el salario a 1.123.000 pesos, una cifra que los sindicalistas califican "al límite de la subsistencia". Hoy está en 934 mil pesos y, para completarlo, se le aplicará un aumento de 5,4 puntos y una serie de sumas fijas.
Ledesma fue diputado por la Tercera sección y es el titular del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (Seoca), cuya jurisdicción abarca los distritos de Morón, Ituzaingó, Hurlingham, La Matanza, Merlo y Moreno.
En el transcurso de la reunión, Ledesma manifestó su descontento ante “las políticas autoritarias que van en contra del movimiento obrero y empobrecen a la clase trabajadora, cada día con mayor dificultad para llegar a fin de mes”.
Recibió el apoyo de la vicegobernadora, matancera como él, como del ministro, que se comprometieron a trabajar en una agenda conjunta para liberar al salario del nuevo cepo que le impone la administración libertaria.
Previendo posibles maniobras por parte del Gobierno, que desde el verano comenzó a instalar el discurso "paritaria cero", con la idea de que los aumentos de sueldo provocan inflación, el acuerdo incorpora un artículo que indica que el pago debe hacerse efectivo aún cuando no esté oficialmente homologado.
Juez y parte
Distintos dirigentes sindicales de toda la provincia confirmaron a Buenos Aires/12 que los super e hipermercados se comprometieron a cumplir con lo pactado y que el conflicto se centra ahora en las cadenas de autoservicios mayoristas.
Justamente, las autoridades de la entidad que los nuclea, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), se reunieron recientemente con el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. En ese encuentro, los empresarios ratificaron su alineamiento con la posición del Gobierno de desconocer la paritaria.
El funcionario en cuestión es en este tema, además, juez y parte. Se trata de un histórico lobbista de la familia Braun, propietaria de la cadena de supermercados La Anónima, de muy fuerte presencia en la región patagónica.
Durante el cuatrienio 2019-2023, el economista confrontó con el entonces director de Aduanas, Guillermo Michel, para lograr la liberación de los containers repletos de artículos importados, que terminaban en las góndolas del negocio familiar de los Braun.
La posición del Gobierno tiene una doble motivación. Por un lado, disciplinar al sector asalariado, para profundizar la transferencia de recursos hacia la franja más rica de la población. Por otro, devolver gentilezas a los supermercadistas, que en abril pasado, luego de la devaluación, en muchos casos se negaron a aceptar listas de precios con aumentos que, los ya golpeados bolsillos de los consumidores, no estarían en condiciones de convalidar.
Mientras todo esto ocurre, las ventas se desploman y las principales empresas del sector intentan achicar sus planteles, para adecuarlos al menor volumen de operaciones, debido a la profunda y prolongada recesión.
La caída sostenida de las ventas viene a confirmar que la apertura de la importación de alimentos, autorizada por el ministro Federico Sturzenegger, ni bajó los precios ni favoreció a los consumidores.
Actualmente, las grandes superficies del mundo del retail ofrecen alimentos importados, venden menos que hace un año y presionan a sus trabajadores para que acepten retiros voluntarios, todo a la vez.
