“Me trasladan de una cárcel a otra”

Milagro Sala fue trasladada ayer a la tarde desde el penal de mujeres del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, hasta un inmueble que no es su casa en la localidad de El Carmen, a 40 kilómetros de la ciudad. La medida la dispuso el juez Pablo Pullen Llermanos, que una vez más incumplió lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al exigir el traslado de Sala a su “residencia habitual”. El juez desoyó además las indicaciones del tribunal internacional al fijar las mismas restricciones que hace tres meses, por las cuales la dirigente de la Tupac Amaru será custodiada por Gendarmería y la policía de Jujuy, con cámaras de seguridad y requisas a las visitas, que no se aplican a ningún otro imputado con arresto domiciliario. Sala dijo estar “consternada”. “Es como que me trasladan de una cárcel a otra y con más restricciones que en donde estaba”, explicó, y consideró “sorprendente que –perdón por la palabra– se caguen en todo”.

Pullen Llermanos firmó su resolución contra reloj, el último día del plazo fijado por la Corte Interamericana para que el Estado argentino le notificara de qué modo cumplía con la medida provisional por la que ordenó sustituir la prisión preventiva en la cárcel por la domiciliaria en su casa. La Corte Suprema de Justicia, luego de casi un año de silencio sobre la ilegalidad de su prisión preventiva, dictaminó el pasado 6 de diciembre que la justicia jujeña debía cumplir en forma urgente con lo dispuesto por el máximo tribunal regional. Apenas se conoció esa decisión, el equipo de defensores de Sala presentó un escrito informando al juez que el domicilio habitual, que además es el legal, es el que se encuentra en Gordaliza 1711, del barrio Cuyaya, en San Salvador. El magistrado desoyó las resoluciones de ambos tribunales y ordenó el traslado, una vez más, al inmueble de El Carmen, que la Tupac Amaru reservaba para destinar al tratamiento de jóvenes con problemas de adicciones.

Excepto por la tobillera electrónica y la obligación de realizarse controles médicos, Pullen Llermanos repitió en forma prácticamente idéntica las restricciones que fijó cuando decidió transformar el inmueble en las afueras de Jujuy en una cárcel para Sala. El régimen de arresto domiciliario que sólo rige en la provincia del gobernador Morales incluye un cerco perimetral con alambres de púas, fuerzas federales como Gendarmería como custodia, un destacamento de la policía de Jujuy en la ruta para controlar a cada vehículo que pretenda ingresar, una garita desde la que controlar los movimientos de la casa, un sistema de cámaras de seguridad, y limitaciones a las visitas, que además deben ser requisadas.

La nueva resolución de Pullen Llermanos pretendiendo descalificar a la Corte Interamericana pone en evidencia una vez más su notorio desconocimiento del derecho, explicaron desde la defensa de Sala. El juez dice no entender cómo pudo expedirse el tribunal internacional pese a que no se agotaron las instancias judiciales nacionales, ignorando que ese requisito no rige en el caso de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana (CIDH) y de las medidas provisionales de la Corte Interamericana, previstas para resolver con urgencia situaciones de extrema gravedad como las que atraviesa Sala. Supeditar su intervención al agotamiento de la vía interna implicaría diluir su efectividad. Pese a que la propia Corte Suprema dejó en claro que las medidas provisionales no implican revisión de la jurisdicción nacional, Pullen escribió que la Corte Interamericana actuó como “órgano revisor” de la justicia local.

La mayor gravedad de la resolución de ayer, sin embargo, pasa por sus consecuencias concretas para la dirigente que se animó a desafiar a los poderes fácticos de Jujuy. La Corte Interamericana había precisado que debía ser trasladada a su residencia habitual y que cualquier restricción indebida al arresto domiciliario implicaría incumplir su resolución. Pullen Llermanos desoyó esas indicaciones y reiteró disposiciones expresamente ilegales como la presencia de gendarmes y policías, o la orden de requisar a las visitas y entregar un listado con sus nombres, violatorias de la ley 25.520 que prohíbe almacenar información originada en actividades privadas y lícitas de los ciudadanos, léase hacer inteligencia ilegal.

“Estoy consternada porque Pullen Llermanos, Titina Falcone (presidenta del Superior Tribunal) y Gerardo Morales una vez más han violado la resolución que decía que tenían que darme la domiciliaria en el lugar donde he vivido toda la vida. Lamentablemente me volvieron a traer a la cárcel que armó acá Pullen Llermanos, con custodia, con restricciones de visitas”, señaló Sala al portal La García. “Es increíble que sigan violando todas las órdenes de la Corte Interamericana y de la Corte Suprema. Es sorprendente que –perdoname la expresión– se caguen en todo”, agregó. Sala también se manifestó “preocupada porque mis compañeras se quedaron allá: Shakira internada tras una operación, Graciela no está nada bien de salud, Gladis Días también está enferma, y todo eso me deja muy preocupada porque las chicas no están nada bien de salud”.

Ante la pregunta de si Pullen Llermanos puede ser sometido a juicio político por incumplir resoluciones de la Corte Interamericana, el abogado Luis Paz, a poco de notificarse de la resolución, recordó que la justicia jujeña está “cuestionada históricamente y particularmente desde diciembre de 2015” cuando asumió Morales y destacó que la ampliación del Tribunal Superior con diputados radicales “produce un disciplinamiento tal dentro del poder judicial que hace que cualquiera de los jueces pueda ser sujeto a juicio político como prevé la Constitución, pero no en esta provincia”.