Desde Lima

La permanencia del presidente Pedro Pablo Kuzcynski en Palacio de Gobierno ha ingresado en inevitable cuenta regresiva. “No voy a abdicar”, anunció el presidente, ante las exigencias de la oposición que controla el Congreso para que renuncie por las revelaciones de que recibió pagos de Odebrecht cuando hace una década fue ministro. Se ha negado a dimitir, pero la suerte de PPK, como se le conoce al veterano economista neoliberal de 79 años y gestor de grandes negocios privados que gobierna el Perú desde julio de 2016, parece estar echada. El presidente podría ser destituido la próxima semana. Todo apunta a que PPK pasará la Navidad como ex presidente. Si se confirma su destitución le espera un proceso judicial por sus nexos con Odebrecht cuando era ministro. 

La oposición reaccionó a la negativa del presidente a renunciar presentando en el Congreso una moción para declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Para aprobar la destitución del jefe de Estado se necesitan 87 votos de los 130 del Congreso unicameral. Fueron 93 congresistas los que aprobaron, la noche del viernes, darle paso al pedido de vacancia para que sea debatido y votado el próximo jueves 21. Con la única excepción del oficialismo, que es minoría, y de algunos pocos disidentes de distintos grupos, todas las bancadas parlamentarias respaldaron iniciar el proceso de vacancia.  Todo parece estar dicho.  

Desde el oficialismo se han quejado de que se haya dado trámite al pedido de vacancia presidencial sin antes haber escuchado los descargos de Kuczynski. PPK pidió declarar ante una comisión parlamentaria que investiga las implicancias del caso Lava Jato en Perú –comisión que la mayoría fujimorista utiliza para investigar a sus rivales y encubrir a su partido y a sus aliados–, pero esa comisión, que antes que estalle esta crisis lo había citado y el presidente se había negado a ir, no lo ha querido recibir. En lugar de ello se presentó el pedido de vacancia presidencial. 

El presidente recién podrá ensayar una defensa ante el Congreso el mismo día que se vote el pedido de vacancia. Lo podrá hacer personalmente o a través de un abogado. Para salvar su cargo, Kuczynski tendría que convencer al menos a siete congresistas para que cambien de opinión. Tarea altamente improbable, especialmente después de escuchar los débiles argumentos de defensa del presidente durante un mensaje al país.

En un mensaje televisado, PPK trató de justificar los 4,8 millones de dólares de Odebrecht recibidos, entre 2004 y 2014, por dos empresas a las que está vinculado –782 mil dólares por Westfield Capital, de la cual él es propietario único, el caso que más lo compromete, y poco más de 4 millones de dólares por First Capital, propiedad de su socio Gerardo Sepúlveda y con la cual ha tenido una larga y estrecha relación– diciendo que él no tenía nada que ver con los contratos para las consultorías dadas por esas empresas a la constructora brasileña. Era el dueño único de una empresa, pero no sabía nada de lo que esta empresa hacía, no conocía de sus lucrativos contratos con una constructora mientras él era ministro y tomaba decisiones de gobierno para favorecer a esa constructora, puede resumirse su débil argumento de defensa. 

Ayer Odebrecht intentó lanzarle un salvavidas a un PPK con el agua al cuello, con una carta en la que decía que los contratos que la constructora firmó con las empresas ligadas al presidente “son legales” y que no fueron gestionados directamente por Kuczynski. Pero la carta no aclara nada y ese salvavidas de último momento difícilmente ayude a un agonizante presidente. 

El fujimorismo, dominante en el Congreso con 72 votos de 130, promueve con entusiasmo la vacancia presidencial y maniobra para sacar provecho de esta crisis que golpea al gobierno. Con encendidos discursos contra la corrupción para criticar a PPK, con más pose que sustancia, intentan reciclarse y lavarse la cara de la corrupción histórica y actual que los mancha. Los fujimoristas ven en la crisis del gobierno y una destitución del presidente la oportunidad para avanzar en el objetivo de acumular más poder y bloquear las investigaciones fiscales que comprometen seriamente a su partido y a su jefa Keiko Fujimori con millonarios aportes ocultos de Odebrecht para su campaña electoral y con lavado de dinero. 

Otros sectores políticos, como la izquierda, también respaldan la vacancia presidencial ante la falta de respuestas de PPK a los cargos de corrupción en su contra, pero toman distancias del fujimorismo y advierten de sus intenciones de copar el poder y las instituciones públicas para asegurar su propia impunidad.  

Mientras la atención está en la vacancia presidencial, el fujimorismo amenaza a sus investigadores, ante quienes exhibe la destitución del presidente como una muestra de su poder, y mueve sus fichas en el Congreso para destituir al fiscal de la nación y capturar la fiscalía que ahora los investiga, y para copar el Tribunal Constitucional. 

Si se confirma la destitución de Kuczynski, como todo indica ocurrirá en unos días, debe sucederlo el vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá, que ya hace maletas. Vizcarra debería completar el mandato presidencial, que culmina en julio de 2021, pero no tiene una base política propia y es minoría en un Congreso dominado por una agresiva mayoría fujimorista. Su estabilidad en el cargo es puesta en duda por diversos analistas. En ese escenario se especula con un posible adelanto de elecciones.