Desde Santa Fe.

El juicio por delitos de lesa humanidad a dos ex comandantes de Gendarmería, Juan Angel Domínguez y Adolfo Kushidonchi, que dirigieron la cárcel de Coronda durante la dictadura, puso en foco una orden secreta del Ejército de abril de 1977, que prueba cómo operó el terrorismo de estado puertas adentro del penal. Dos testigos que declararon esta semana, Luis Larpín y Guillermo Martini, mencionaron ante los jueces del Tribunal Oral de Santa Fe esa directiva del Segundo Cuerpo -por entonces al mando del dictador Leopoldo Galtieri- que ejecutó lo que llamaron la "Campaña Pensionistas" (en otros lugares del país se la conoce como "Operación Recuperación de Pensionistas") para quebrar y doblegar a los presos políticos, a quienes estigmatizaba entre "resistentes", "indefinidos" y "dúctiles".

En la acusación a Domínguez y Kushidonchi, en el arranque del juicio, el Ministerio Público que está a cargo del fiscal Martín Suárez Faisal sostuvo que la cárcel de Coronda "formó parte de la maquinaria represiva estatal", que "bajo el ropaje de un centro de detención legal" se "caracterizó por dar a los presos políticos un trato semejante al que se les aplicaba en los centros clandestinos de detención y en donde se cometieron las más aberrantes violaciones a los derechos humanos". Los dos gendarmes están imputados por "tormentos agravados" a 39 militantes políticos y dos supuestos "homicidios": Domínguez por el de Luis Alberto Hormaeche, en diciembre de 1977 y Kushidonchi por el Raúl Manuel San Martín, en abril de 1979. El tercer comandante de Gendarmería acusado en la causa, Octavio Zirone, falleció durante la investigación, en junio de 2014.

El único que está en la sala del juicio es Kushidonchi, porque Domínguez logró que el Tribunal lo autorice a seguir el debate por video conferencia desde Salta. El jueves se leyó la acusación y declaró Larpín durante más de dos horas y el viernes lo hicieron Martini y sus compañeros Lidio Acosta y Ernesto Suárez.

 

"En Coronda no hubo errores ni excesos, sino un plan orquestado y planificado", aseguraron los testigos.

 

Larpín dijo que la cárcel era "el último eslabón del circuito represivo" "destinado a gastar, quebrar y aniquilar" a los presos políticos. "En Coronda no hubo errores ni excesos, sino un plan orquestado y planificado" contra lo que la dictadura calificaba como "enemigos internos". Y mencionó la "orden secreta" de Galtieri para que se ejecute en el penal de lo que el Ejército llamó la "Campaña Pensionista": los militantes políticos eran "enemigos", a quienes había que "doblegar y aislar" y "asumir la ofensiva en todos los campos", que en el caso de Coronda estaba a cargo de la "Gendarmería, que era una fuerza militarizada".

La "orden secreta" que mencionó Larpín es la "Campaña Pensionistas" (el Ejército la identifica como documento CLH-317). La firma el segundo comandante del II Cuerpo, general Andrés Anibal Ferrero. Y el 27 de abril de 1977, el subjefe del Area 212, teniente coronel Adolfo Ernesto Alvarez, se la comunicó al director de la cárcel de Coronda, que por entonces era Zirone.

Se trata de un operativo de acción sicológica al que llama "campaña de comunicación social" contra los "delincuentes subversivos" -como define a los presos políticos- para agravar las condiciones de detención y aislamiento y hostigar a sus familiares. El objetivo es "modificar conductas, impedir el indoctrinamiento" (sic), promover las "deserciones", "desmoronar" a los grupos políticos y recuperar al "individuo".

Los "encarcelados" -como también señala a los militantes- son estigmatizados en tres grupos: "resistentes", "indefinidos" y "dúctiles". En el primero, forman los "irrecuperables", los "indóciles", los que "no tienen síntomas de desmoralización, ejercen liderazgos y presentan un fuerte sustento ideológico y de pertenencia" política. En el segundo, los que "presentan dudas" y "requieren mayor observación y ser sometidos a la acción sicológica" para que se definan. Y en el tercero, los que "tienden a colaborar" con los carceleros y "presentan síntomas de desmoralización".

Larpín dijo que "una manera de presionar" de la dictadura era "desgastar la moral de los presos y sus condiciones de vida" y "eso operaba sobre sus familiares. "Lo que querían instalar era que los 'irrecuperables' no tenían nada, no recibían visitas y no iban a salir", pero si "colaboraban con el régimen, cambiaban de grupo. Y eso operaba sobre la situación de los presos y de los familiares, que veían una cuestión cada vez más tremenda", concluyó.