El 96% de la violencia sexual cometida al interior de las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas entre 2011 y 2023 contra mujeres que las integran, fue ejecutada por agresores que ocupaban cargos jerárquicos y/o superiores de las víctimas, que en promedio eran 16 años mayores que ellas. El 88% de las denunciantes tuvieron consecuencias laborales después de esos hechos, como licencias temporales, reubicaciones y hasta despidos. Los datos surgen del informe “Análisis de casos de violencia sexual en el contexto laboral de las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas”, elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencias contra las Mujeres (UFEM), que se realizó en base a 23 causas judiciales iniciadas entre 2011 y 2023 en 14 jurisdicciones federales.
“Este recorte presenta características particulares de interseccionalidad entre violencia de género, ámbitos laborales y asimetrías de poder dentro de un tipo específico de institución estatal”, especifica el informe. “La asimetría de poder que caracteriza a la estructura de las relaciones laborales sirve con frecuencia de contexto propicio para el despliegue de agresiones sexuales, aspectos que se profundizan en las estructuras fuertemente jerarquizadas.” Según el Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual de la unidad fiscal, “las situaciones de violencia sexual en estos casos suelen ocurrir bajo amenazas de apercibimientos, sanciones, arrestos, difamación, traslados, reasignación a funciones de menor jerarquía, entre otras, generando incertidumbre laboral, malestar, miedo e incluso consecuencias perjudiciales en el estado de salud de las personas que atraviesan este tipo de episodios”.
El reporte identifica 24 víctimas, mujeres cis género y edad promedio de 27 años, y 26 agresores en promedio de 43 años, 16 más que las damnificadas. “En el 70% de los casos, los agresores eran entre 10 y más de 30 años mayores que las víctimas”, subraya. El 54 % de los ataques denunciados ocurrieron en los ámbitos de las Fuerzas Armadas (25% Armada, 25% Ejército y 4% Fuerza Aérea), mientras que el 46% restante se distribuye entre las Fuerzas Federales (21% Policía Federal, 13% Prefectura Naval, 8% Gendarmería y 4% Policía de Seguridad Aeroportuaria). En cuanto a los denunciados, solo el 41% tuvo alguna sanción. En los 23 expedientes, se descubrieron causas en las que se investigan hechos múltiples (12 casos) o una única agresión sexual (11 casos). El 60% de los hechos múltiples fueron prácticas extendidas y recurrentes (de 1 a 7 años), todas en el ámbito laboral. En relación con el estado procesal de las causas, el 78% se encuentra aún en trámite. La UFEM intervino en el 52% de los casos, y su actuación contribuyó a que seis fueran elevados a juicio, de los cuales tres ya cuentan con sentencia.
“La violencia de género y en particular la violencia sexual en las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federal, opera como un continuum estructural donde el sistema jerárquico, masculinizado y de obediencia imperante dentro de estas instituciones reproduce patrones de conductas transversales a todas las fuerzas de seguridad”, concluye el informe. “Si bien en los últimos años las Fuerzas Armadas y Federales incorporaron áreas específicas en sus organigramas y protocolos de actuaciones orientados a prevenir y sancionar la violencia de género, muchas mujeres continúan desempeñando sus funciones en entornos hostiles, donde son amenazadas, intimidadas y acosadas sexualmente.”