Jueces, curas y organizaciones sociales se reunieron en el parador "La Mano de Dios" en el barrio porteño de Once y caminaron Plaza Miserere durante el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. En el encuentro organizado por la Pastoral Judicial se habló de consumos problemáticos y del crecimiento brutal de la cantidad de personas en situación de calle y la ausencia casi total de respuestas estatales.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ofició una misa íntima y presidió la reunión, donde pidió no "dejar tirado al que se cayó" y llamó a recomponer el tejido social a través de la fraternidad, "poniéndole el cuerpo". Esta actividad se da tras una larga preocupación de la iglesia por el aumento de la pobreza, la indigencia, el empeoramiento de las condiciones de vida y la "retirada del Estado" en los barrios populares.
Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, consideró: "Desde la justicia llegamos tarde. No puede ser que los pibes y los excluidos accedan a los tribunales solo como acusados. La verdadera reforma judicial empieza acá, cuando el poder se pone al servicio de las madres, los barrios y los olvidados. La auténtica justicia es la justicia social".
La Defensora General de la Ciudad de Buenos Aires, Marcela Millán, advirtió: "El Estado se está retirando de todos lados. Y ante ese panorama, lo único que podemos hacer es salir del escritorio y estar donde nos necesitan. Hay violencia institucional que no se ve, pero lastima todos los días".
Gastón “Tonga” Colombres, vicario episcopal para el Servicio de la Caridad y el Desarrollo Humano, anfitrión del parador, sintetizó: "Esto no lo resuelve nadie solo. La Iglesia, la justicia, las organizaciones y el Estado tenemos que actuar juntos. Que nadie se siga cayendo sin tener con qué levantarse". A principios de esta semana, la Conferencia Episcopal Argentina se pronunció en un co,unicado contra el problema de la drogadependencia y le exigió al Estado no abandonar el tema. Bajo el título "Si el Estado se corre, entra el narcotráfico" fue firmado por los obispos Marcelo Colombo (Mendoza), presidente, Angel Rossi (cardenal de Córdoba), vicepresidente primero, Daniel Fernández (Jujuy), vicepresidente segundo, y de Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal.
En el documento, advirtieron que si el Estado abandona los barrios populares, se crea "una suerte de 'Estado Paralelo'". Desde hace años, Vientos de Libertad, una organización comunitaria con una trayectoria de 21 años que participó de la actividad, denuncia un "narcoestado" en estos barrios. Para esto, los obispos católicos resaltaron el rol de la prevención y la educación y exigieron que el trabajo ya realizado en el territorio --por distintas organizaciones-- sea sostenido por el Estado, particularmente con recursos para potenciarlo y ampliarlo.
También asistieron Angela Ledesma --jueza de la Cámara Federal de Casación Penal--, Paloma Ochoa, Gabriel De Vedia y Karina Yabor, figuras reconocidas en el ámbito judicial por su compromiso sostenido con los derechos sociales y humanos.
