El presidente Javier Milei eliminó con un Decreto de Necesidad y Urgencia la obligación del gobierno nacional de realizar en las escuelas las jornadas educativas “Educar en Igualdad”, a través de la cual todos los establecimientos educativos recibían una vez al año capacitación para prevenir la violencia de género.

Liliana Maltz, docente y escritora, lo contextualizó: "Esto se inscribe en un ataque permanente hacia todos los derechos y fundamentalmente a los de los feminismos, diversidades y a todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral (ESI)". "Viene de la mano del desfinanciamiento de todas las políticas de derechos ligadas a sostener la ESI para que quede una mirada lavada, más ligada a la educación emocional y se elimine todo lo que hace al valor de la diversidad, la perspectiva de género, la defensa de nuestros derechos... dejar solamente alguna cuestión biológica y heteronormatividad normativa y tradicional", denunció la integrante del movimiento federal XMásESI en diálogo con Página/12.

En esa línea, Valeria Sardi, integrante de XMásESI, detalló: "el decreto va en contra del acceso a información científica y fidedigna para las infancias y juventudes. Es una muestra más del retroceso en términos de derechos humanos que estamos viviendo, sobre todo en un contexto de recrudecimiento de la violencia de género y el aumento de los femicidios". El DNU 436/2025 --firmado por Milei, Sandra Pettovello y Guillermo Francos-- quita la responsabilidad del Estado Nacional de asegurar la realización de las jornadas y le transfirió a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires la posibilidad de realizarlas por iniciativa propia. "De esta manera se vulnera un derecho clave, sobre todo en términos de ampliación de derechos e igualdad de género", sintetizó Sardi.

La iniciativa había sido creada en 2015 para ser aplicada en escuelas de los niveles primario, secundario y terciario, en el marco de las políticas de ampliación de derechos e igualdad. Fue sancionada por el Congreso durante el gobierno de Cristina Kirchner "en un contexto de fuerte movilización social por los femicidios y la necesidad de que la escuela no mire para otro lado frente a la violencia de género", puntualizó para este medio Ruth Chackiel, licenciada en educación y escritora de ESI, derechos y educación. Se promulgó como la ley 27.234 de Prevención y erradicación de la violencia de género durante la administración de Mauricio Macri.

"El artículo que se derogó indicaba que el Poder Ejecutivo debía implementar campañas y materiales educativos para acompañar esas jornadas. Es decir, tenía la responsabilidad de generar condiciones para que las escuelas pudieran abordar estos temas con recursos adecuados y desde una perspectiva nacional", explicó Chackiel. Así, agregó que se "garantizaba un piso común de trabajo en torno a la ESI y a la prevención de violencias, más allá de las decisiones particulares de cada escuela o jurisdicción".

Las justificaciones de Milei

Los fundamentos que dieron el Presidente y sus ministros fue el de siempre: “Reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”. Según el texto oficial, tener en manos del Poder Ejecutivo la realización de las jornadas “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” resultaba “innecesario” y contraria al principio de autonomía jurisdiccional en materia educativa.

Sin embargo, este trabajo situado en las escuelas y muchas veces articulado con diferentes actores barriales es reclamado por los centros de estudiantes. Marcela Prada, docente del Liceo 3 de CABA, contó que se están dando talleres de masculinidades y de violencia digital por un pedido de una de las listas. Aparte, en una de las jornadas, un grupo de estudiantes pidió que se trate el consentimiento.

Prada contó que en el colegio trabajaban mucho la temática y que en la semana de la jornada articulan con distintos lenguajes, pero resaltó la importancia de comenzar a hablar el tema de la violencia, incluyendo a los varones. Maltz destacó estos espacios de escucha, ya que ayudan a poner en palabras cosas que se pensaban como parte de "la intimidad".

Paula Bilder, docente de ESI de nivel terciario y universitario, explicó que la ley "propone trabajar contenidos curriculares de la ESI --que ya existía--, pero potencia enormemente lo que se venía haciendo después del primer Ni Una Menos de visibilizar la violencia de género en esta jornada obligatoria en todas las escuelas del país desde nivel inicial en adelante. Obviamente, cada nivel con su gradualidad".

"La ESI se trabaja un montón y en general hay aceptación, pero siempre es con mucho, mucho debate. Es desarticular un montón de violencias y mucho discurso violento que viene desde afuera, desde el gobierno mismo con este nuevo DNU y constantemente con el ataque hacia las mujeres y disidencias", concluyó Prada.

"Las jornadas son sumamente valiosas y hoy diría que son imprescindibles en este contexto donde está naturalizada la violencia, donde aumentan los femicidios, donde se asesinan a mujeres trans y se le resta el carácter de violencia por motivos de odio", describió Maltz.

Violencia de género y confusión

La derogación de parte de esa legislación que promovía los saberes, valores y prácticas contra la violencia de género fue incluida en los últimos tramos de un decreto cuyo encabezado no tenía nada que ver con el tema de fondo. El texto publicado en el Boletín Oficial se refirió en sus primeros ocho párrafos a la legislación sobre seguridad vial y las herramientas de control que las ponían en práctica, cuestionando una supuesta “superposición de funciones” entre el Consejo Federal de Seguridad Vial y el Observatorio de Educación Vial.

La eliminación de las jornadas “Educar Igualdad” aparece disimuladamente entre los últimos párrafos de ese decreto, donde el lector había concentrado su atención sobre la educación vial. Esta maniobra distractiva de introducir una temática en un texto que comienza con otro es la misma que el Poder Ejecutivo utilizó en otras ocasiones. Por ejemplo, en el DNU 340/2025 que en principio refería al Régimen de Excepción para la Marina Mercante, pero que en sus últimos y extensos párrafos declaraba como “esenciales” a distintos servicios, restringiendo el derecho a huelga de sus trabajadores. Por esto, la CGT presentó una medida de amparo para suspender la aplicación de ese decreto y obtuvo el respaldo de la Justicia laboral.

Informe: Natalia Rótolo.