Los problemas de empleo, precarización, brecha salarial y recarga en los cuidados que sufren las mujeres, y hasta el lenguaje con el que se las podría hacer visibles, fueron omitidos del texto del proyecto de reforma laboral. Organizaciones sociales y sindicales pusieron la lupa en las cuestiones de género ausentes para que tomen nota quienes tendrán que dar o quitar el voto la semana que viene. Y para que no olviden que cuando se habla de estos temas lo que está en juego no es solo tener o no trabajo, sino cuán digna o precaria puede llegar a ser la vida de las trabajadoras.

Un proyecto que se presenta como neutral en una sociedad estructuralmente desigual “tiene como consecuencia la reproducción y vigorización de las desigualdades entre varones y mujeres”, dijo el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que lo estudió y elevó una nota a Daniel Lovera, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, del Senado de la Nación. La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) analizó punto por punto la reforma y expresó su rechazo por considerar que “la mayoría de sus 127 artículos afectan normas e institutos que estructuran el derecho laboral, afectando sus pilares y principios”. Puntualmente, destacó que “la normativa no es tratada en clave de género, motivo por el cual, observando las prácticas y pasantías que propone, como asimismo la reducción de derechos fundamentales, es de suponer que la mayor afectación la sufrirán las trabajadoras”. También hizo un llamado de atención al “lenguaje no inclusivo del proyecto al utilizar exclusivamente el género masculino en términos como ‘trabajador’ o ‘hijo’ sin ampliar los mismos para el género femenino (‘trabajadora’, ‘hija’)”. Incluso el proyecto habla de “menores” un término que da cuenta de un paradigma anterior al de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.

La organización Economía Feminista, en un artículo de Mercedes D’alessandro, recordó que las mujeres sufren mayores niveles de desempleo (superan el 10 por ciento) y precarización laboral, ganan en promedio un 27 por ciento menos que sus pares, brecha que se amplía para quienes están precarizadas alcanzando un 40 por ciento. “Si además consideramos que el 60 por ciento de lxs desocupadxs son jóvenes menores de treinta años y, que entre ellxs la mayoría son mujeres (en algunas provincias superan el 25 por ciento de desempleo), el panorama no puede ser más desolador”, dijo D´alessandro. Y remarcó que el proyecto de reforma no reflexiona en torno a esta posición desigual de las mujeres en el mercado de trabajo: “Ellas realizan el 76 por ciento de los trabajos domésticos no remunerados, lo que redunda en que tengan una doble jornada laboral. Una de estas jornadas es no paga, pero tiene grandes costos en términos de las posibilidades para estas mujeres de acceder a empleos de tiempo completo o desarrollarse económicamente. Estas variables no forman parte del imaginario de la economía mainstream o de los ideólogos reformistas, dejando de lado un factor que explica gran parte de los problemas de empleo que enfrenta hoy el 42 por ciento de la fuerza de trabajo del país.”

“Muchas de sus disposiciones se limitan a las personas empleadas en relación de dependencia en el sector privado de manera formal, es decir, con aportes a la seguridad social. Esto implica que aproximadamente la mitad de la población quedaría por fuera de la nueva normativa en la que se modifican ciertas condiciones del empleo, dado el alto índice de informalidad (‘empleo en negro’) que se busca reducir, pero también por los otros regímenes que existen en nuestro país como el trabajo en casas particulares y el trabajo autónomo, incluyendo el que se realiza bajo la modalidad de monotributo”, dice la carta elevada por ELA y firmada por su presidenta, Natalia Gherardi.

El proyecto no contempla condiciones especiales para trabajadoras de casas particulares, personas trans y mujeres jóvenes. “En el título V sobre fomento del empleo juvenil y entrenamiento para el trabajo no hay ninguna consideración de género, cuando los datos demuestran que las mujeres jóvenes tienen mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral”, apunta Gherardi.

La ONG puntualiza que “las empleadas de casas particulares, mujeres que se enfrentan a mayores desigualdades en el mercado laboral, son excluidas de la reforma, no sólo en cuanto a las posibilidades de promover la regularización de su empleo, sino también en relación con los derechos vinculados con las licencias. Así es como en el artículo 2 sobre sujetos comprendidos en la regularización se excluye del alcance de la norma a las empleadas de casas particulares. Al referirse a los empleos del sector privado, claramente excluye el empleo público pero no así al otro régimen especial no comprendido en la Ley de Contrato de Trabajo como es el empleo agrario. Es sabido que el nivel de informalidad en el empleo de casas particulares es sumamente elevado sin que se hayan implementado políticas sostenidas para abordar esta situación”.

En el mismo sentido, D´alessandro dice que el personal de casas particulares “constituye casi el 20 por ciento de las trabajadoras ocupadas y que son quienes sufren los mayores niveles de informalidad y los salarios más bajos de la economía”. A su vez, agrega, “la definición de trabajo que aparece contenida en el texto no solo iguala a trabajadores y empleadores, como si no hubiese relaciones de fuerza de por medio, sino que además deja de lado los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados, que son la clave de la desigualdad de género. Estas variables que no se consideran a la hora de reformular las condiciones de empleo hacen que la desigualdad se siga reproduciendo y ampliando”.