En consonancia al accionar del gobierno de Javier Milei y su cruzada contra lo que denomina “ideología woke”, tres diputados del oficialismo y sus aliados llevaron la batalla cultural al corazón del Congreso. Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine y Carlos Zapata (ambos de La Libertad Avanza) presentaron un proyecto para modificar de forma drástica la Ley de Identidad de Género (N° 26.743), norma reconocida internacionalmente como pionera en el reconocimiento de derechos para las personas trans, travestis y no binarias.
La iniciativa propone, entre otras cosas, que toda persona mayor de 18 años pueda acceder a tratamientos médicos, hormonales o quirúrgicos “a su costo exclusivo”, excluyendo expresamente la cobertura del sistema de salud público, el Plan Médico Obligatorio (PMO), obras sociales y cualquier programa financiado con fondos estatales. En otras palabras, quienes deseen adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida ya no podrían contar con respaldo público. El proyecto restringe los cambios registrales a un engorroso proceso de autorización de ambos progenitores con validación de un equipo interdisciplinario —lo que se llama patologización e infantilización de las personas trans: es otra persona quién te “autoriza a ser” —.
Pero los cambios no terminan ahí. El texto propone eliminar el principio de trato digno al declarar que el uso del nombre autopercibido en ámbitos institucionales “será voluntario y no obligatorio”. También incorpora el principio de “neutralidad estatal”, lo que implicaría que el Estado no podría promover campañas educativas, políticas públicas o contenidos pedagógicos que reconozcan la identidad de género autopercibida.
Cabe resaltar que cambios como estos sentarán precedentes de un cambio en cómo el Estado entiende que puede regular la salud de las personas, cómo catalogarlas jurídicamente según criterios médico-científicos vetustos; además de que modificar las prestaciones del PMO, podría abrir otras puertas como la de eliminar también de ahí la cobertura para los tratamientos de fertilización asistida o el tratamiento integral del VIH, ambos contemplados también en el PMO, un mínimo de cobertura en la que el Estado participa y obliga así a cubrirlos a obras sociales y prepagas.
La reacción fue inmediata. La Federación Argentina LGBT expresó su “profunda preocupación y absoluto rechazo” a lo que calificaron como un intento de “desguace de la Ley de Identidad de Género”. En un comunicado publicado en Instagram, advirtieron que el proyecto “representa un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos” y que su implementación dejaría expuestas a miles de personas a mayores situaciones de violencia, exclusión y vulnerabilidad estructural.
La organización también enumeró otras modificaciones alarmantes: la limitación del acceso gratuito a trámites registrales (que solo serían sin costo en casos de “extrema vulnerabilidad socioeconómica”), la eliminación de beneficios y cupos laborales para personas trans, y la derogación de artículos que garantizan la articulación institucional para el reconocimiento identitario.
“La identidad no se negocia, se respeta”
Este nuevo embate legislativo no es un hecho aislado. En febrero de este año, el Ejecutivo ya había intentado avanzar en la misma dirección mediante el DNU 62/25, que prohibía tratamientos para menores trans. Aquella medida fue luego declarada inconstitucional por la Justicia de Entre Ríos y hay amparos en CABA conducidos por la misma FALGBT. En esa ocasión, Milei había reafirmado su postura en el Foro de Davos, marcando el inicio de una ofensiva sistemática contra los marcos legales que protegen a los colectivos históricamente vulnerados.
Gerardo Milman, uno de los autores del proyecto, reforzó ese posicionamiento desde sus redes sociales: “El Estado no debe financiar, promover ni imponer la identidad de género en las personas”, escribió. El texto que impulsa establece que ni el Estado ni sus dependencias, ni siquiera empresas con participación estatal, podrán “promover, financiar, difundir o imponer construcciones ideológicas sobre el género o la sexualidad”.
Una ley pionera bajo amenaza
La Ley de Identidad de Género, sancionada por unanimidad en 2012, fue un hito internacional. Reconoce el derecho de toda persona a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y acceder a los servicios médicos necesarios sin patologización ni intervención judicial. Es también una conquista histórica del movimiento LGBT+, en particular de los activismos travestis y trans, que lucharon durante décadas por el derecho a existir con dignidad.
La no necesidad de pasar por un diagnóstico médico-psicológico, que contemple el principio de progresividad en adolescentes y el del interés ulterior de las infancias o que contemple en su artículo 12 el derecho al trato digno hacen que esta ley no sólo sea pionera, sino que sea la base de inspiración de muchas otras leyes alrededor del mundo. Una ley que nació desde las bases hasta el congreso y en la cual fueron les activistas quienes tuvieron gran poder de decisión como no siempre sucede en los procesos legislativos.
Desmantelar esa ley no solo implica vulnerar derechos humanos básicos, sino también desconocer los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de diversidad, igualdad y no discriminación. Lejos de constituir una reforma técnica o presupuestaria, este nuevo intento representa un paso más en una ofensiva ideológica que busca reconfigurar el sentido común democrático, igualitario y plural que tantos años costó construir.
