Mauricio Macri brindó ayer por la criminalización de la protesta social. Durante el saludo navideño con los empleados y periodistas acreditados en la Casa Rosada, el Presidente volvió a cargar las tintas sobre los manifestantes que el jueves y el lunes sufrieron una brutal represión por parte de la policía. “El que tira una piedra está dispuesto a matar”, aseguró Macri, quien exigió que la justicia “ejerza su rol” y reclamó que permanezcan detenidos. “No puede ser que alguien que hace un atentado o un intento de homicidio sea liberado a las 24 horas”, insistió, en línea con el dictamen del fiscal Germán Moldes, para quien existe un “festival de liberaciones” por responsabilidad de “malos jueces enrolados en la dañina doctrina del garantismo”. En ningún momento repudió la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, ni las detenciones al voleo. Las afirmaciones del Presidente chocan con el principio de inocencia que fundamenta la espera del proceso judicial en libertad. Además, contradice la advertencia realizada esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calificó el operativo como “inadecuado” y “desproporcionado”. 

Al igual que en años anteriores, Mauricio Macri reunió a los empleados de la Casa de Gobierno, a quienes les dedicó un breve discurso. Posteriormente compartió otro brindis con un puñado de periodistas. Aprovechó las vísperas de la navidad y el año nuevo para reforzar su discurso punitivista y seguir alentando el accionar de las fuerzas policiales. “Estamos todos luchando por lo mismo, una sociedad más junta donde los violentos no tengan lugar. Espero que la justicia ejerza su rol”, dijo delante de los trabajadores. Y en medio de sus consejos de pasar las fiestas en familia y “nutrirse de amor, que es lo más importante”, disparó: “Una piedra puede matar a una persona. El que tira una piedra está dispuesto matar”. 

Consultado por el dictamen de Moldes, que entre otras afirmaciones pedía endurecer la legislación para impedir que los manifestantes que generan incidentes sean excarcelados, Macri expresó su apoyo: “Tenemos que tener la mejor legislación, los mejores jueces, que cuiden a la mayor cantidad de argentinos”, indicó. 

La resolución del fiscal ante la Cámara Federal porteña –uno de los tantos aliados con los que cuenta Cambiemos en Comodoro Py–se produjo al apelar el sobreseimiento de cuatro personas que fueron detenidas durante la marcha por Santiago Maldonado, en septiembre pasado. Sin embargo, Moldes se encargó de aclarar que la situación también era aplicable a los acontecimientos del jueves y el lunes últimos: “No encuentro grandes diferencias entre esas horas infaustas de esta última semana y los hechos del 1º de septiembre aquí analizados, salvo, quizás, que los delincuentes han progresado en organización, táctica y armamento…”, sostiene Moldes, uno de los candidatos favoritos del oficialismo para ocupar la jefatura del Ministerio Público Fiscal. Para fundamentar sus afirmaciones, Moldes se limitó a citar relatos de los efectivos policiales, incapaces de identificar a alguno de los detenidos, sólo acusarlos de generalidades: gente que tira vallas, palazos, botellazos e incendia tachos.

A contramano de la postura de Macri y Moldes, esta semana la CIDH advirtió que “la criminalización de la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y su proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente”. Además, señaló que “el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas”.

Distintos especialistas en materia penal consultados por PáginaI12 ya habían criticado la posición de Moldes, ahora acompañada por el jefe de Estado. “No podemos admitir que se naturalice la prisión para quienes tomen parte de manifestaciones públicas, aun en condiciones lamentables, valiéndose de agresiones en contra de las fuerza de seguridad y perpetrando daño”, manifestó el ex camarista y ex ministro León Arslanian. Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez “todo el régimen de prisiones preventivas debe tener un carácter general y no puede estar vinculado a un delito en especial”.