Es clave poner en agenda el proyecto de ley que propone aumentar las penas por falsa denuncia, un tema que avanza silenciosamente y puede afectar gravemente el acceso a la justicia de quienes atraviesan situaciones de violencia.
No queremos desconocer la existencia de denuncias falsas, que ya son sancionadas en el Código Penal. Lo que señalamos es que este proyecto no soluciona esa problemática: refuerza prejuicios, desalienta la denuncia y genera más miedo en quienes se animan a hablar. Se trata de un proyecto que propone reformar el Código Penal para aumentar las penas por “falsa denuncia”, “falso testimonio” y “encubrimiento” en causas de: violencia de género, delitos sexuales y niños, niñas y adolescentes
Ya cuenta con dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y está listo para pasar al recinto en el Senado. ¿Por qué nos preocupa? Porque no se basa en evidencia ni datos confiables, porque refuerza prejuicios históricos como: “si no hay pruebas, entonces mintió”, porque puede intimidar a víctimas, testigos, peritos y profesionales, y desalentar la denuncia.
Las denuncias falsas son muy poco frecuentes: Según ONU Mujeres (2024), representan menos del 1% a nivel global. En España, solo el 0,0084% de los casos de violencia de género. En Argentina, no hay estadísticas oficiales, pero los estudios disponibles muestran que menos del 3% de todas las denuncias penales serían falsas, en su mayoría por delitos económicos.
En cambio, lo que abunda es el silencio: una de cada dos mujeres sufrió violencia por parte de su pareja, solo una de cada cuatro mujeres que sufre violencia de pareja denuncia, apenas el 18% de las víctimas de femicidio había hecho una denuncia previa y menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes.
Según la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC en 2017, entre los delitos violentos, el menos denunciado es la ofensa sexual, con una tasa de denuncia del 12,5%. Es decir, el 88% de quienes lo sufrieron no denunciaron. Un estudio de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), titulado Relevamiento de fuentes secundarias de datos sobre violencia sexual (2023) que recopiló fuentes secundarias de todo el país (2016-2021) señala que el 90% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres y el 40% niñas, niños y adolescentes.
Los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de subregistro. El Ministerio de Seguridad de la Nación, en su informe de estadísticas criminales advierte: “Por sus características, los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de subregistro, debido a los procesos de estigmatización que sufren las víctimas. Los cambios en la percepción social sobre la violencia sexual, así como en las respuestas institucionales y en las políticas estatales, impactan en los niveles de denuncia.”
Si este proyecto se aprueba menos personas se animarán a denunciar, menos testigos se atreverán a declarar, más víctimas enfrentarán represalias judiciales por atreverse a hablar y se consolidará un uso regresivo del derecho penal para disuadir la búsqueda de ayuda.
