“Me encuentro bastante shockeada, no pude dormir”, aseguró al otro lado del teléfono Jazmín Orellana, la fotoperiodista detenida este miércoles en la tradicional marcha de los jubilados en el Congreso.
Como ocurre de forma recurrente hace un año y medio, las fuerzas de seguridad expusieron su violento protocolo y detuvieron este miércoles a Jazmín junto a su colega Camila Rey, quienes cubrían pacíficamente la movilización.
Consultada por la 750, Orellana relató lo ocurrido: “Yo ayer me encontraba haciendo fotoperiodismo con mi hermana. Yo hago las entrevistas y ella las fotos”.
En un momento, dijo, la policía cortó la calle para reprimir y ella quedó “del otro lado del cordón policial”, momento en el que, dijo, “empezó todo”.
“A la policía no le gustó que quedáramos del otro lado, nos empujó para que fuéramos donde estaban los manifestantes”, afirmó.
Sin embargo, lejos de hacerlo de una forma pacífica, lo hicieron con un exceso de violencia y crueldad: “Fue terrible. Aparte, mi compañera mide 1.55. No se resistió en ningún momento”.
“No era necesario que se nos tirara tanta gente encima. A mí me pusieron una rodilla en la cabeza y me pegaron una patada”, relató.
Y añadió: “Fue muy terrible. Tengo un moretón horrible. Pero no me sorprende. Porque esto pasa todo los miércoles. Cada miércoles se llevan a un compañero que lo único que hace es su trabajo”.
La represión como moneda corriente en Argentina
La violencia en Argentina por parte de las fuerzas de seguridad se aceleró en lo que va de 2025. Así lo determinó el nuevo informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) respecto de la represión durante la gestión de Patricia Bullrich y Javier Milei.
Según el relevamiento, que se puede leer de forma completa online, en el primer semestre de 2025 hubo episodios represivos en 21 de las 39 movilizaciones monitoreadas, es decir en 5 de cada 10, un aumento significativo respecto a 2024, donde se reprimió en 17 de 60, o sea 3 de cada 10.
Además, según los datos del relevamiento, entre los heridos se encuentran periodistas (179 casos), defensores de derechos humanos (al menos 20), transeúntes, personal médico y grupos vulnerables como adultos mayores (132 casos) y menores de edad.
